La mala relación o absoluta desavenencia entre verdad y política es un viejo lugar común.
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La lucha del pueblo mexicano por la democracia puede rastrearse por lo menos desde la Revolución interrumpida de 1910, de la que salió con las manos casi vacías, pues la corriente reformista encabezada por Venustiano Carranza estableció su proyecto de nación. De ahí en adelante, las clases poderosas condujeron el destino del país. No fue sino hasta 1968 cuando, en medio de una “bonanza económica”, los estudiantes reclamaron una apertura a la democracia que solo pudo concretarse con la reforma política en 1977, que logró detener el descontento social. Las elecciones del año 2000 alcanzaron el punto más alto de la demanda democrática y el partido hegemónico dejó el poder. Sin embargo, pronto se reveló que el Partido Acción Nacional (PAN) solo mantendría el mismo sistema socioeconómico autoritario.
El tipo de democracia que se desarrolló a partir de 1917 puede denominarse de mercado, porque oferta discursos políticos para que el electorado escoja una opción, como ocurre en el mercado, donde los únicos que ofertan son los dueños del capital.
En los primeros años del siglo XXI no ha cambiado la situación política y económica de los mexicanos. Se consolidó el neoliberalismo, es decir, la economía de libre mercado, y sus principales consecuencias económicas: mayor desigualdad económica, pobreza, flexibilidad laboral, etc. En política, la existencia de diversos partidos no ha traído mayor representación; al contrario, ha devenido en fragmentación y los partidos hegemónicos siguen siendo la parte dominante.
Mientras que en 2018 algunos analistas la llamaron “revuelta electoral”, ahora no ha sido más que la continuación de la democracia mercantil con otro discurso. Si antes unos pocos nos dominaban en nombre de una parte considerable de la clase poderosa, hoy en nombre del pueblo nos domina toda la burguesía.
Las formas políticas de Andrés Manuel López Obrador (AMLO) son el ejemplo típico de cómo las clases poderosas pueden cambiar de ropaje para conservar el poder y de cómo toman banderas prestadas para mantenerse a la cabeza de la sociedad sin renunciar a sus intereses.
En pocos meses se han desmantelado alrededor de 18 programas sociales y se han creado algunos otros sin un estudio previo para evitar problemas en su ejecución. Por ejemplo, el programa de Becas Benito Juárez se puso en marcha sin que antes se levantara un censo adecuado para beneficiarios; por ello hoy enfrenta problemas.
AMLO ha realizado una campaña contra las organizaciones civiles (sociales, políticas, ONG, etc.) acusándolas indiscriminadamente de corruptas y de pedir “moches” a sus agremiados, de lo que no ha presentado pruebas. Además, amenaza con estrangular financieramente a los gobiernos estatales y municipales que no considera fiables.
Éstos son solo algunos ejemplos de las cuestionables acciones de la “Cuarta Transformación” (4T) en el tiempo muy breve que lleva de gestión. ¿Puede decirse que la democracia se ha desarrollado? ¿Que los ciudadanos han sido considerados realmente en la toma de decisiones y en la ejecución de estas acciones?
La democracia tiene que ver con las decisiones en lo común. Las acciones del Estado y el gobierno se realizan con base en la gestión y el acuerdo de la sociedad, porque es a ésta a la que afectan o benefician. La democracia no se limita a la existencia de elecciones, y a asistir a las urnas cada determinado tiempo; no se limita escoger a un candidato y dejar que éste tome las decisiones a su voluntad una vez electo.
Por el contrario, exige la participación permanente de la sociedad en la revisión de los resultados. Si anteriormente gobernaba una clase política que no se interesaba por la inclusión de la sociedad civil en la gestión de lo común, hoy no nos encontramos en una situación diferente. Se decide de manera autoritaria; se utilizan los recursos públicos para ganar los votos de las futuras elecciones y se genera democracia de mercado.
Mientras tanto, la población en general y los grupos de la sociedad civil organizada en particular reclaman respeto a las pocas prácticas democráticas hasta ahora logradas para que los mexicanos conscientes permanezcan en la lucha contra la miseria política y económica que el sistema mantiene vigente.
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El 91%, equivalente a 59 mil 363.7 millones de pesos, corresponde a los recursos transferidos por la Federación a gobiernos estatales, municipales y organismos públicos.
En México, la población sin acceso a servicios de salud se duplicó entre 2018 y 2024 al pasar del 16 por ciento al 34 por ciento, lo que representa un retroceso en derechos sociales.
La propuesta será enviada al Congreso de la Unión para su análisis y eventual discusión legislativa.
La entrada en vigor será paulatina: en 2027 la jornada será de 46 horas; en 2028, de 44; en 2029, de 42, y en 2030 quedará en 40 horas.
En Puebla, más de 3 millones de personas no cuentan con acceso a servicios de salud, equivalente al 47.3 por ciento de la población estatal.
Mientras senadores y senadoras accedieron a desayunos y comidas de hasta 750 pesos por persona, el personal de limpieza, jardinería y mantenimiento recibió un menú básico de 80 pesos, según contratos y partidas del gasto legislativo.
Varios de ellos trabajaron con Ricardo Monreal durante su gestión en la alcaldía Cuauhtémoc o en el Senado de la República.
El personal consular de protección desempeña sus funciones sin respaldo institucional y con desgaste profesional y emocional.
Los recortes afectan a personal con hasta 20 años de antigüedad y se suman a los más de cinco mil ceses registrados tras la llegada de jueces electos en 2025.
En alguna parte Marx escribió –citando a Hegel– que la historia se repite como si dijéramos dos veces.
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Escrito por Diego Martínez
Sociólogo por la UNAM.