Cuando el expresidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) juró que no endeudaría al país, millones de mexicanos le creyeron. Pero en seis años, la deuda aumentó en 3.2 billones de pesos (bdp), cifra inimaginable para la mayoría de los trabajadores de este país. La deuda actual, de 17 bdp, es casi el doble del presupuesto federal para este año, que asciende en números redondos a 9.3 bdp. 

Según datos de la Secretaría de Hacienda (SHCP), en 2012, al concluir el sexenio de Felipe Calderón, la deuda era de 11.5 bdp; al finalizar la administración de Enrique Peña Nieto, se había elevado hasta los 14.2 bdp. En 2018, Andrés Manuel López Obrador (AMLO) calificó la deuda pública mexicana como una ofensa y esta denuncia le sirvió de “bandera política”, prometiendo en varias ocasiones que no endeudaría al país como en los tiempos “neoliberales”.

No obstante, durante el primer y lo que ha transcurrido del segundo piso de la “Cuarta Transformación” (4T) la deuda aumentó 3.2 bdp; y en mayo de 2025, el total era ya de 17 billones 674 mil mdp.

“No va a crecer la deuda pública, no vamos a endeudar el país”, aseguró AMLO en 2018 durante una entrevista concedida a Milenio Televisión. Incluso fue más allá, al reiterar que lograría esta meta con una “fórmula sencilla: acabar con la corrupción y con los privilegios en el gobierno, que no haya lujos en el gobierno”. Sin embargo, no sólo no se acabó con la corrupción, sino que aumentaron los privilegios para políticos morenistas y cercanos a su partido y se desmantelaron los servicios de salud y educación, entre otros.

En diciembre de 2018, durante la ceremonia de toma de protesta enla Cámara de Diputados y ante los reflectores, AMLO reiteró que no endeudaría el país, “ya no va a aumentar la deuda pública, ése es nuestro compromiso”, subrayó en aquella ocasión.

La tendencia al endeudamiento público ha continuado en la presente administración federal. De diciembre de 2024 a mayo de 2025, la deuda aumentó en 250 mil mdp más; esta cifra equivale aproximadamente a cuatro veces el presupuesto para la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) correspondiente a este año, que ejerce un presupuesto de 58 mil 85 mdp.

En abril de este año, el Fondo Monetario Internacional (FMI) pronosticó que, en el sexenio actual, la deuda general alcanzaría el 60.7 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB). A pesar de lo cual, Claudia Sheinbaum rechazó que en su gobierno hubiera aumentado la deuda y descalificó las estimaciones del FMI y aseguró que en su mandato “se acabó la corrupción” y que la “4T gobierna para el pueblo”; además, insistió, “se acabaron los privilegios y el recurso del pueblo se le regresa al pueblo de México”. Esta visión, sin embargo, no coincide con la realidad de millones de familias mexicanas.

Presumen mayor captación presupuestal

El pasado 30 de junio, la SHCP emitió un comunicado en el que presumió el aumento en la recaudación fiscal que, según sus datos, creció en 3.7 por ciento comparado con el año anterior. Su objetivo es claro; disminuir la percepción negativa generalizada acerca de la política presupuestaria. En el caso de la recaudación fiscal, logró captar 83 mil mdp mas de lo previsto, un incremento de 8.9 por ciento comparado con el mismo periodo del año anterior, el “mayor crecimiento para los primeros cinco meses del año desde 2016”, según refiere el texto.

El mismo comunicado revela un aumento en la recaudación por impuestos de 12.5 por ciento en el caso del Impuesto al Valor Agregado (IVA) y 8.2 por ciento en el Impuesto Sobre la Renta (ISR). A la fecha, por cada compra de cualquier producto o bien, el gobierno cobra 16 por ciento del valor total. En el caso de la zona fronteriza del norte, el impuesto es del ocho por ciento; mientras que por ISR, impuesto aplicado a los ingresos, el porcentaje oscila entre 1.92 y 3.4 por ciento. En el caso del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS), la recaudación disminuyó en 1.1 por ciento.

El costo por la elevada deuda golpea directamente a los mexicanos. En mayo pasado, el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) difundió que el Gobierno Federal ya no invirtió 33.5 por ciento en infraestructura física y que “pasó de 147.6 mil mdp en el primer trimestre de 2024, a 101.8 mil mdp en el mismo periodo de 2025”; en esta cifra excluyó el sector de hidrocarburos. En un comparativo, el presupuesto del estado de Puebla aprobado para este año fue de 126.2 mil mdp, es decir, el gobierno de Claudia Sheinbaum dejó de invertir en infraestructura pública una cifra equivalente al presupuesto anual de aquella entidad.

A principios de este año, en su análisis anual Intereses récord y deuda histórica: el saldo del sexenio, México Evalúa reporta que “el sexenio anterior cerró con el mayor pago de intereses y servicio de la deuda pública en los últimos 29 años. Al cierre de 2024, el costo financiero de la deuda pública subió a 3.4 por ciento del PIB, algo no visto desde 1996. Frente a lo que pagó Enrique Peña Nieto en su último año de gobierno (2018), aumentó 38.5 por ciento, equivalente a 319.9 mil mdp”.

A finales de junio, en un comunicado de la SHCP, el Gobierno Federal intentó restar importancia a los elevados intereses generados por la deuda, asegurando que mantiene el financiamiento de “programas sociales prioritarios y proyectos de infraestructura clave para elevar el potencial de crecimiento y la competitividad del país.

Jorge Cano, coordinador del programa Gasto de México Evalúa, señaló que el gobierno actual sigue la misma política del anterior: destinar miles de mdp a megaobras como la refinería Dos Bocas, el Tren Maya, el Aeropuerto Felipe Ángeles, entre otros, y que “el uso de endeudamiento no fue responsable”, destacó. 

Deuda pública duplica ingresos de Estado

Liliana Alvarado, especialista en política fiscal, señala que “en México, el saldo de la deuda duplica el tamaño de los ingresos presupuestarios. En promedio, durante los últimos 10 años, dicho saldo ha sido 2.2 veces mayor que los ingresos públicos anuales y para 2024 fue 2.3 veces mayor”, aseguró.

Anualmente, la deuda supera los ingresos presupuestarios y cada vez es más alta, razón por la que “la capacidad de pago se ha venido deteriorando en los últimos años. En 2018, el endeudamiento representó 10.1 por ciento de dichos ingresos y alcanzó su punto máximo en 2024, con 25.9 por ciento”, sostiene Liliana Alvarado en un análisis publicado el 15 de julio en El Economista.

La meta del Gobierno Federal de este año consiste en disminuir el endeudamiento en 3.9 por ciento del PIB; ello se sustenta en reducir el gasto público e incrementar los ingresos en 0.2 por ciento del PIB y así superar lo captado en 2024. Pero, ¿qué tan factible es que se cumpla este escenario? Cuestiona la experta.

“Por la vía de los ingresos, hay hechos que podrían afectar los pronósticos de recaudación. El crecimiento económico es uno de ellos. Resulta poco factible que para 2025 se cumpla con la meta de crecimiento económico que la SHCP fijó en un rango de 1.5 a 2.3 por ciento, sobre todo considerando que organismos internacionales como la OCDE han calculado un crecimiento negativo de la economía de 1.3 por ciento y el mismo Banco de México (BM) estima un débil crecimiento para este año de tan solo 0.1 por ciento”. En el caso del gasto, reiteró, han surgido costos imprevistos que han repercutido en la deuda.

Aunque el endeudamiento “no es malo en sí mismo para las finanzas públicas, pues representa una fuente de financiamiento, si no es usado con responsabilidad, cumpliendo con las metas o límites que se establecen por ley, así como si no se le da un uso responsable, pudiera no generar el efecto esperado y representar sólo una carga financiera”, asegura Liliana Alvarado.

Incluso para evitar este mal uso, el endeudamiento se encuentra legislado en el Artículo 73° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en el que se asienta que el Ejecutivo está obligado a “pagar la deuda nacional”. Y en el caso de los préstamos o como los denomina “empréstitos”, ninguno “podrá celebrarse sino para la ejecución de obras que directamente produzcan un incremento en los ingresos públicos, salvo los que se realicen con propósitos de regulación monetaria, las operaciones de conversión y los que se contraten durante alguna emergencia declarada por el Presidente de República en los términos del Artículo 29”.

Sin embargo, con AMLO, la deuda se contrajo para solventar los compromisos financieros adquiridos con sus megaobras. Por ejemplo, la refinería Dos Bocas, con un presupuesto tasado en dólares, tuvo un costo que superó los 20 mil millones de dólares (mdd), aun cuando originalmente se proyectó destinarle ocho mil mdd. Para el Tren Maya, originalmente se invertirían 150 mil mdp, pero el costo se incrementó hasta los 500 mil mdp; mientras que para el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA), según la SHCP, para 2024 se habían destinado 116 mil mdp, cuando originalmente (en 2019) AMLO anunció recursos por 74 mil 535 mdp.

En otras palabras, el gobierno de la 4T utilizó este presupuesto para solventar sus gastos sin que éstos hayan reflejado algún incremento en los ingresos públicos. A la fecha, el gobierno de Claudia Sheinbaum destina más recursos públicos de los que ingresan por esas obras, incluida la aerolínea Mexicana de Aviación, también un capricho del sexenio pasado.

“El financiamiento requerido por el Gobierno no está siendo utilizado de manera responsable de acuerdo con la Constitución. Al comparar el déficit público al cierre de 2024 respecto al gasto de inversión física (en infraestructura) que realizó el Estado, se tiene que de cada 100 pesos de endeudamiento 53 se destinaron a la inversión física, mientras que los restantes 47 pesos a otros tipos de gasto como pueden ser el pago de intereses de la deuda o financiar programas sociales”, reiteró el análisis de México Evalúa.

Aunque en términos fiscales, esos 53 pesos fueron utilizados en inversión física, en realidad, se destinaron a megaobras que no están generando una retribución monetaria en ingresos para las finanzas públicas.

Así, el sexenio de AMLO “no sólo estará marcado por ser uno de los que incurrió en mayores déficits o niveles de endeudamiento, sino por el mal uso que hizo del mismo, de acuerdo con el anterior principio económico. Durante todo su sexenio, el gasto en inversión física fue inferior al déficit público en el que incurrió, y a medida que crecía más el endeudamiento, destinó menor proporción al gasto de inversión”, concluye el informe de México Evalúa.

Además, no sólo se endeudó históricamente sino que, al no gastar de manera proporcional en la construcción de infraestructura y ampliar las capacidades productivas del país, sólo generó mayor deuda con tasas de interés tan altas que ahora debe pagar la administración de Sheinbaum. Esto sucedió por haber frenado el gasto en sectores prioritarios y con ello arriesgar la garantía de bienes y servicios públicos.

La deuda de cada mexicano

El reporte de México Evalúa refiere que “el sexenio pasado cerró con el mayor monto de deuda pública desde que se tiene registro por parte de la SHCP. En términos monetarios, suma 17.6 bdp, equivalente a 51.4 por ciento de la economía. Esto indica que el tamaño de la deuda que ha adquirido el gobierno representa un poco más de la mitad del ingreso total que generó la economía durante el año 2024”. 

Traducido en deuda individual, al concluir el gobierno de Peña Nieto, cada mexicano debía 112 mil 141 pesos por concepto de deuda pública; al cierre del sexenio de AMLO, cada mexicano debía 131 mil 738 pesos; y en año y medio de la gestión de Sheinbaum, esta deuda alcanza ya los 19 mil 596 pesos, es decir, cada mexicano debe 17.5 por ciento más.

La organización civil México Evalúa advierte que “se incrementó la deuda pública a niveles históricos. Peor aún, es mucho mayor el crecimiento de la deuda que el crecimiento poblacional y que el de los ingresos que genera la economía mexicana”.