El Paquete Contra la Inflación y la Carestía (PACIC) fue conformado por el gobierno morenista para contener el aumento de precios en productos básicos y proteger a los consumidores mexicanos. Sin embargo, su implementación evidencia múltiples limitaciones, como la exclusión de pequeñas y medianas empresas (Pymes) y el comercio informal; además, su ejecución favorece principalmente a las grandes firmas. A pesar de las renovaciones y ajustes, los datos muestran que la inflación en los productos del PACIC se incrementan, lo que deja a muchas familias sin alivio económico real. 

Hace dos meses, el gobierno de Claudia Sheinbaum anunció la renovación del PACIC como estrategia para mantener los precios de 24 productos de la canasta básica en un máximo de 910 pesos; sin embargo, su precio se ha elevado y las familias mexicanas –especialmente las más pobres– no ven ningún alivio en su bolsillo.

A pesar de la promesa gubernamental, datos de la Asociación Nacional de Pequeños Comerciantes (ANPEC) muestran que, en la mayoría de las entidades mexicanas, los 24 productos de referencia rebasan ampliamente los mil 100 pesos, por lo que el supuesto tope de 910 pesos quedó como una cifra simbólica que pocas veces se respeta en el comercio minorista informal, es decir, en mercados y tianguis nacionales comunes.

El PACIC fue originalmente presentado como una medida gubernamental para proteger la economía familiar; pero ahora, especialistas y organizaciones de la sociedad civil revelan que realmente beneficia a empresas que concentran parte sustancial de la producción y comercialización de alimentos básicos.

Entre las empresas firmantes se encuentran grandes cadenas como Walmart, Chedraui, La Comer, Merza, Calimax-Aprecio, HEB, Smart, Casa Ley, SuperKompras y Super AKI. El acuerdo también incluye a gigantes de la agroindustria como GrupoMar, Minsa, Lala, Bimbo, Sukarne, Kimberly Clark, Pilgrims, Schetinno, Pinsa, Maseca, Verde Valle, Ragasa, Alpura, San Juan, Bachoco, La Moderna, Sigma, Opormex y Grupo Porres.

En el caso de Minsa, el convenio luce como un negocio redondo, porque pertenece a la familia de Altagracia Gómez Sierra, actual coordinadora del Consejo Empresarial de Claudia Sheinbaum. Esta conexión podría percibirse como ventaja potencial para la compañía.

Diseño ambicioso, ejecución fallida

Tal estrategia para frenar el incremento de precios no es nueva, inició en 2022 con Andrés Manuel López Obrador (AMLO) al frente del Gobierno. En ese momento, la inflación en México registró su mayor nivel en 21 años, ya que el Índice Nacional de Precios al Consumidor rozaba el 8.7 por ciento. El indicador anotó 19 meses consecutivos fuera del rango objetivo del tres por ciento establecido por el Banco de México (Banxico).

Según datos del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) y del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) en ese año, los hogares con ingresos más bajos –tres mil pesos mensuales– se enfrentaron a un incremento de 11.16 por ciento en el gasto necesario para adquirir los productos de la canasta básica, por lo que debieron destinar aproximadamente 50 por ciento de sus ingresos para comprar alimentos y bebidas.

En tanto, las familias con ingreso medio ocuparon cuatro de cada 10 pesos de su gasto en este tipo de bienes, mientras que las familias con ingresos altos destinaron 28 por ciento a este rubro. Ante esa presión inflacionaria, la administración obradorista presentó el PACIC en mayo de 2022, y después un programa complementario denominado Acuerdo de Apertura Contra la Inflación y la Carestía (APECIC) para contener el incremento de precios.

La nueva medida fue ampliamente criticada por especialistas, pues afirmaron que se trataba de un plan inviable que omitía a otros sectores, como las micro, pequeñas y medianas empresas (Mipymes), el contexto económico internacional y la participación de Banxico, cuyo mandato radica en controlar la inflación. Víctor Gómez Ayala, economista especializado en análisis de finanzas públicas advirtió, en un reporte, que “la gran omisión” de tal convenio consistía en la ausencia de colaboración con Banxico.

Las Mipymes están presentes casi en cada esquina del país y son parte de la cotidianidad de los mexicanos. Por ejemplo, recauderías, carnicerías, panaderías, expendios de materias primas para la elaboración de alimentos, tortillerías, tiendas de abarrotes, etc., todos estos negocios quedaron fuera del radar gubernamental.

En la misma línea, Carlos Brown, otro especialista en finanzas públicas, señaló que uno de los principales aspectos negativos del convenio se desprende de “la ausencia de medidas que incluyeran a las Mipymes, que son una enorme mayoría en este país y que han visto sus costos de producción crecer sin ventajas”.

Coincidió Juan Ignacio Gil, entonces presidente del Centro de Estudios Económicos del Sector Privado (CEESP). “Debe aclararse que este programa no pretende ni podrá controlar la inflación (…) es muy probable que su impacto solamente se dé en la economía formal y que en los tianguis se venda a otros precios sin ningún control”, alertó.

A pesar de estas omisiones en el programa, el Gobierno Federal decidió desarrollar la estrategia, y tal como lo anticiparon los expertos en aquel momento, el PACIC resultó no tener ningún efecto sobre los precios; al contrario, el costo de algunos productos aumentó, afectó a los pequeños comercios, y por lo tanto a las familias mexicanas más pobres, y otorgó beneficios económicos y de percepción pública a las grandes empresas, tanto a las minoristas –conocidas como retailers– como a las productoras de mercancías agropecuarias.

Claudia Sheinbaum también decidió actuar contra las estimaciones de los expertos sobre el paquete: el pasado 12 de mayo se reunió nuevamente con empresarios y productores para firmar el acuerdo. Esta renovación se produjo en los primeros dos meses del año en curso, cuando el país experimentó una desaceleración inflacionaria, por lo que el Estado aseguró a la población que el PACIC comenzaba a cumplir su objetivo; sin embargo, los datos muestran lo contrario.

Durante mayo de 2025, los productos agrupados dentro del paquete registraron un incremento general de 2.63 por ciento, es decir, alcanzaron su nivel máximo en los últimos 10 meses e hilaron tres periodos consecutivos al alza, en gran medida por incrementos en el precio de pollo, jitomate y papa.

En el caso del pollo, las fluctuaciones provocaron que, entre la tercera semana de abril y la tercera semana de mayo de este año, la pechuga se encareciera hasta 15 pesos en una sola quincena, con precios de hasta 150 pesos por kilogramo, de acuerdo con datos de la Unión Nacional de Avicultores (UNA). 

En comparativa semestral, el precio del jitomate pasó de un promedio máximo de 35 pesos por kilogramo en enero de este año, a 40 pesos en mayo; mientras que la papa pasó de un promedio de 24.5 a costar hasta 35 pesos en algunos mercados, según información del Sistema de Integración e Información de Mercados (SNIIM) y de la Secretaría de Desarrollo Económico de la CDMX.

La implementación reiterada de este programa para combatir la inflación también requirió nuevas herramientas que evalúan su desempeño. En este contexto, el Inegi comenzó a utilizar nuevas métricas en el Índice Nacional de Precios al Consumidor enfocadas a los productos del PACIC. Los datos del índice se alejaron de las previsiones gubernamentales, porque los 25 productos comprendidos en el paquete se incrementaron en 3.62 por ciento en mayo.

Tianguis y misceláneas fuera del radar

La ANPEC mencionó que únicamente una minoría, no mayor al 30 por ciento de la población, puede sobrellevar los estragos de la inflación; pero enfatizó que “el otro 70 por ciento los carga con dolor y dificultad”, por lo que planteó varios argumentos contra el PACIC, como el motivo de su implementación en canales modernos si se dirige principalmente a la clase popular, la exclusión de los pequeños comercios o el motivo por el que se eligieron los productos que lo componen, así como la relación entre precio y calidad.

En este contexto, la agrupación de pequeños comerciantes presentó un sondeo de opinión realizado del 12 al 14 de mayo entre sus afiliados y clientes que evidenció contundentemente el fracaso del programa.

De acuerdo con la información obtenida por la ANPEC, domina el desconocimiento general sobre el PACIC, porque el 63 por ciento de los encuestados no conoce el programa, 33 por ciento ha escuchado sobre él, pero no sabe cómo funciona, y únicamente el cuatro por ciento lo conoce y entiende su funcionamiento.

La falta de acceso y difusión del programa también resultó crítica, pues el 69 por ciento de las personas consultadas no conoce los productos, marcas ni presentaciones del paquete, 25 por ciento no sabe dónde están disponibles estos artículos y únicamente seis por ciento afirmó haberlos comprado.

En cuanto a la percepción de ahorro, los resultados revelaron que 78 por ciento de las personas no observan diferencia o no saben si el PACIC les ha ayudado; 18 por ciento afirma pagar lo mismo o más por los productos que engloba y solamente el cuatro por ciento reportó haber notado un ahorro.

Al respecto, Cuauhtémoc Rivera, presidente de la ANPEC, aclaró, desde el gremio al que representa: “Reafirmamos nuestro llamado a las autoridades correspondientes a convocar una mesa de evaluación y prospectiva del PACIC en la que participen todos los actores potencialmente involucrados e interesados, productores, comerciantes modernos y tradicionales, consumidores, académicos, comunicadores, funcionarios públicos (…) todo aquel que pueda aportar valor para construir una propuesta efectiva, una política de Estado que fortalezca realmente el poder adquisitivo de la gente”.

El gobierno insiste, pero el modelo flaquea

Ante todos estos factores, los expertos cuestionan la viabilidad del paquete, y vislumbran los riesgos de la tan prolongada implementación, tanto para el conjunto de la economía como para los consumidores, productores y empresas firmantes.

Entrevistada por buzos, Ana Lilia Moreno, coordinadora del Programa de Competencia y Regulación de México Evalúa, sostuvo que la viabilidad del PACIC depende del producto analizado, por ejemplo, en el caso de las tarifas eléctricas –contempladas desde el inicio en el paquete–, se han otorgado subsidios que permiten controlar tales costos.

Sin embargo, señaló, en otros sectores, como el de los granos, “es diferente porque hay un mercado mucho más amplio y con diversidad de productores”; mientras que donde no hay una sola empresa que controle todo –como la Comisión Federal de Electricidad (CFE)– la viabilidad dependerá de la “cantidad enorme de actores, de circunstancias que enfrentan los oferentes y los consumidores”.

Destacó que este instrumento para topar los precios ya se había implementado prolongadamente y siempre habrá situaciones externas generadoras de incrementos generalizados sobre productos –como el actual conflicto en Medio Oriente–, por lo que alertó que el problema derivado del apego a los controles de precios es que, en el largo plazo, las empresas ya no tendrán utilidades suficientes para innovar, crecer e incluso podrían verse obligadas a cerrar o a despedir personal.

Los factores externos que presionan a los niveles inflacionarios incluyen interrupciones en las cadenas globales de suministro debido a conflictos geopolíticos, pandemias o desastres naturales, que provocan escasez y encarecimiento de productos; mientras que las políticas económicas y comerciales de otros países, como aranceles o sanciones, también pueden impactar en la inflación local y afectar la disponibilidad y precio de insumos y productos sobre los mercados nacionales.

“Esto, en una masa crítica que se va formando a largo plazo, se traduce en poco crecimiento económico y en una crisis, también en baja calidad de los productos y servicios (…) se empieza a deteriorar la economía”.

Por su parte, José Treviño, economista con amplia experiencia en el sector retail, comentó a este semanario que el PACIC “es un buen esfuerzo para controlar la inflación, pero es insuficiente, porque contempla productos muy específicos y limitados de la canasta básica.

En cuanto a la participación de las grandes empresas de retail y los gigantes agroindustriales, Moreno explicó que, si bien “ocupan un espacio muy pequeño en el total de empresas constituidas en México”, poseen un “volumen muy grande de producción o distribución, pueden soportar el tope de precios y darle al consumidor un producto de calidad y durante un tiempo razonable”.

No obstante, explicó que las pequeñas empresas –que son mayoría– no pueden llegar fácilmente a un acuerdo de precios, “por eso los consumidores que van al tianguis o que van a una tienda de abarrotes” notan una amplia diferencia. “Las cadenas te ofrecen el huevo por docena en 35 pesos y en la miscelánea los encuentras a 50”, agregó. 

Treviño, informó que las empresas firmantes se ven beneficiadas del acuerdo principalmente por mantener la confianza del consumidor, ya que, cuando la inflación se eleva, las preferencias de consumo cambian. “Las familias dejan de consumir marcas caras, compran productos más baratos, aunque no tengan la misma calidad (…) eso afecta a las empresas porque experimentan márgenes de ganancia menores”, subrayó.

También señaló que, como son productos muy específicos y de marcas particulares, las empresas realmente no observan un impacto negativo sustancial en sus ganancias. A pesar de este beneficio, advirtió que sería complicado mantener el acuerdo permanentemente, pues “tendría que venir algún tipo de estímulo fiscal”; y destacó que, al tratarse de un convenio de buena voluntad, las compañías podrían romperlo e incrementar los precios.

Coincidió Ana Lilia Moreno: “Hay un acuerdo voluntario, las empresas ya han demostrado voluntad política para hacer esto; pero si en un momento dado ya no existen estos pactos, y si estamos en una situación de mucha presión, habrá una subida de precios”.

Hacia el futuro, Moreno consideró necesarias “soluciones más creativas para hacer a gran escala y que los productores y comercializadores se beneficien” y optar por “subsidios focalizados para las personas que no puedan pagar un aumento importante de la canasta básica por falta de poder adquisitivo”.

Recomendó estudiar a fondo las cadenas de suministro, por lo que reiteró que, para ello, “necesitamos a una Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) como un actor muy relevante”. También consideró fundamental incorporar el tema del crimen organizado, pues este factor ha impactado negativamente en la producción de bienes básicos, como cárnicos, limón, aguacate, por mencionar algunos.

“Es un tema muy oculto, casi no se habla de esto; y el crimen organizado ha capturado sectores muy específicos con el cobro de piso (…) entonces, la captura implica que nos suban los precios”. Hasta el momento, las autoridades no han presentado ningún tipo de plan concreto para atender esta situación.

Para lo que resta de 2025, los efectos del PACIC siguen en duda. Aunque el gobierno afirma que ayuda a controlar los precios, si no se hacen cambios importantes, como los sugeridos por los expertos –incluir a pequeños comercios, cámaras e instituciones–, sus efectos podrían permanecer limitados.