Martín Aguilar Sánchez, quien concluiría su periodo de cuatro años al frente de la rectoría de la Universidad Veracruzana (UV) el 31 de agosto próximo, ha enfrentado críticas debido a que logró prolongar su mandato utilizando una prórroga, es decir, una extensión inmediata de su mandato, a pesar de que la Ley Universitaria establece el límite de 65 años de edad para aspirantes a la rectoría, requisito que ya sobrepasó. Diversos actores consideraron su postulación como jurídicamente cuestionable y socialmente inapropiada.

La sesión del pasado viernes seis de junio representa un punto de inflexión para el desarrollo de la UV. Consejeros estudiantiles, académicos e investigadores expusieron presuntas presiones internas, amenazas e intentos por condicionar el voto de los representantes. Colectivos de docentes entregaron pronunciamientos exigiendo apego a la Ley Orgánica y la emisión inmediata de la convocatoria, pues argumentaron que la permanencia del actual rector bajo la figura de prórroga representa una violación a las prácticas institucionales establecidas desde la conquista de la autonomía universitaria.

El pasado nueve de junio, cientos de integrantes de la comunidad universitaria protestaron en la sede de la rectoría, en Xalapa, y después marcharon hacia Palacio de Gobierno coreando consignas como “¡Fuera, Martín!”. Pero aun con eso, la Junta de Gobierno aprobó la solicitud de prórroga sin emitir siquiera la convocatoria oficial para la sucesión rectoral, que debía publicarse a más tardar el 30 de junio de este año.

La justificación del rector

El Artículo 37° de la Ley Orgánica de la UV señala que para ser rector se requiere:

I. Ser mexicano por nacimiento.

II. Ser mayor de treinta y menor de sesenta y cinco años de edad, al momento de su designación.

III. Tener cuando menos cinco años de servicio docente, de investigación o de difusión de la cultura y extensión de los servicios, preferentemente en la Universidad Veracruzana.

IV. Haberse distinguido en su especialidad.

V. Poseer título de licenciatura, preferentemente haber realizado estudios de posgrado y publicado obra en el área de su especialidad.

La Junta de Gobierno debería publicar la convocatoria de consulta dos meses antes de la conclusión del periodo del rector en funciones. Pero en un mensaje videograbado a la comunidad universitaria, el rector expuso que la petición de prorrogar su mandato era legal y legítima, ya que está previsto en tres leyes universitarias.

“Tuve que cumplir ciertos requisitos, entre ellos entregar un plan de trabajo y en ningún momento se ha ocultado esta situación; toda ha sido transparente. Mi solicitud no busca violentar la ley, sino que está basada en el principio de legalidad que estoy obligado a cumplir; a la honestidad y el espíritu de servicio de una institución que me ha acogido con generosidad desde que yo era estudiante de la licenciatura en Sociología”, detalló.

Sin haber publicado convocatoria alguna, el 23 de junio la Junta de Gobierno emitió un comunicado e informó la aprobación de la prórroga para el periodo comprendido del 1° de septiembre de 2025 al 31 de agosto de 2029.

“Como parte del procedimiento, se realizó una consulta a la comunidad universitaria en las distintas regiones, así como el análisis de los resultados de la gestión 2021-2025 y del plan de trabajo 2025-2029”, precisó e indicó que el proceso cumplió con las disposiciones normativas de la institución y que su objetivo consistió en continuar al proyecto de trabajo presentado.

En el comunicado oficial, la Junta hizo además un llamado a los integrantes de la comunidad universitaria a conducirse con responsabilidad institucional y a participar en el fortalecimiento de la UV.

Los tres aspirantes

Semanas atrás, públicamente, Rafael Vela Martínez, Marisol Luna Leal y Jorge Manzo Denes expresaron su deseo de inscribirse en la convocatoria para la rectoría. Previo a la decisión de la Junta, los tres aspirantes habían publicado un desplegado en el que alertaban sobre lo que consideraron una serie de violaciones graves a la normatividad interna de la UV.

Los firmantes argumentaron que la figura de prórroga solicitada no está contemplada en los procedimientos legales de la Universidad y acusaron a la Junta de Gobierno de crear un mecanismo “artificioso” para permitirla.

Además, los académicos denunciaron que esta medida soslaya requisitos fundamentales, como el límite de edad para aspirar al cargo (menos de 65 años), umbral que el rector Aguilar ya ha rebasado. “La inacción ante este requisito atenta contra la certeza jurídica y la legalidad del proceso”, alertaron.

El desplegado también criticó la falta de equidad en el procedimiento, pues la prórroga impediría que otros aspirantes compitan en igualdad de condiciones, eliminando la consulta abierta y plural de proyectos para la Universidad. “Se sustituye un proceso democrático por una decisión cupular”, denunciaron.

Incluso los firmantes llamaron a la asamblea general y al consejo nacional de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES), así como a toda la comunidad universitaria nacional, a pronunciarse en defensa de la legalidad, la democracia interna y la autonomía universitaria. Respaldaron, además, la opinión de 17 exintegrantes de la Junta de Gobierno de la UV que habían solicitado ceñirse al marco normativo vigente.

Entrevistado por buzos, Rafael Vela Martínez advirtió que la consulta del rector carecía de validez estadística y científica porque no representa un censo ni cumple con los parámetros mínimos de confiabilidad.

“¿Qué más consulta se requiere cuando ya la comunidad universitaria se ha manifestado en su totalidad?”, cuestionó.

Marisol Luna denunció la manipulación y falta de transparencia en el proceso realizado por Martín Aguilar para su reelección. “Se está torciendo la ley para asumir atribuciones que no se tienen para inventarse, de último minuto, un procedimiento amañado que rompe con los principios democráticos de transparencia, de equidad y la costumbre enraizada en los casi 30 años de autonomía universitaria”, denunció y agregó que actualmente la universidad se encuentra ausente y desconectada de un importante polo de desarrollo, como representa el Corredor Interoceánico.

Además, destacó que durante los cuatro años que lleva Martín Aguilar como rector, no se notaron programas educativos de niveltécnico superior universitario, educación continua, posgrados o alguna vinculación con los operadores de este gran esfuerzo institucional. “Necesitamos una Universidad que sepa invertir el presupuesto, que le sea designado de manera inteligente y eficiente. Sin déficit, ojalá lo escuchara la Secretaria de Administración y Finanzas. Una universidad cuyo mismo programa rectoral no ha podido cumplir, que maquilla su déficit”, señaló.

El papel de los exrectores

Previo también a la decisión de la Junta, a través de dos cartas públicas dirigidas al Consejo Universitario General, a la Honorable Junta de Gobierno, a la comunidad universitaria y a la sociedad, exrectores de la UV manifestaron su preocupación por el proceso de designación del próximo titular a la rectoría para el periodo 2025-2029.

Los exrectores pidieron el respeto a la legalidad y a la autonomía universitaria; que no se aceptara la petición de prórroga del rector; que la Junta de Gobierno se abstuviera de interpretar la normatividad institucional, porque ésa no es su atribución legal; que no se excluyera a la comunidad universitaria ni a quienes legítimamente aspiraban a ser candidatos; y que la Junta de Gobierno reafirmara con hechos su independencia de la administración actual.

En el pronunciamiento, los exrectores Víctor Arredondo Álvarez, Raúl Arias Lovillo y Sara Ladrón de Guevara –que encabezaron a la máxima casa de estudios de Veracruz–, advirtieron sobre la necesidad de que el proceso se condujera con estricto apego al marco legal vigente, sin interpretaciones fuera de lo estipulado por la Ley Orgánica, la Ley de Autonomía y el Reglamento Interno de la Junta de Gobierno.

“El respeto a la autonomía universitaria es crucial en todo momento; aún más en el actual”, sostuvieron, y advirtieron sobre cualquier desviación, omisión o interpretación indebida que arriesgara no solamente la legitimidad del proceso, sino la confianza pública en la institución.

Los firmantes recordaron que la normativa establece precisamente los pasos, plazos y mecanismos para la sucesión rectoral; y subrayaron que no se trata de simples lineamientos administrativos, sino de mandatos legales cuyo cumplimiento debía ser puntual y transparente.

Pugnas por la sucesión

Aunque la UV goza de autonomía, la sucesión de la rectoría tuvo evidente tinte político. El dirigente estatal del Partido Acción Nacional (PAN), Federico Salomón Molina, expuso, durante una conferencia de prensa, que la UV no debe ser una institución al servicio de ningún régimen ni un espacio de adoctrinamiento para difundir ideologías y propagar los valores de una facción política.

“Solicitamos a las autoridades universitarias apegarse estrictamente a la normatividad y realizar el proceso sin dejarse coaccionar por persona, partido o movimiento alguno. Que la gente elija; en la UV, tienen un procedimiento y se debe aplicar la norma; tenemos que ir a ejercer la democracia; es responsabilidad de la comunidad estudiantil; es lo mejor de todo”, manifestó.

El Coordinador de la Comisión Ejecutiva Estatal del Partido del Trabajo (PT), Vicente Aguilar Aguilar, criticó la reciente reelección del rector de la UV, cuando consideró que la propuesta del PT sobre un proceso democrático abierto al voto del alumnado y los académicos había sido ignorada. “Se impuso una norma a modo, acallando las voces disidentes. Nuestra máxima casa de estudios no puede convertirse en botín político”, alertó. Y aunque la gobernadora Rocío Nahle también abordó este tema y subrayó que la autonomía y la legalidad deben respetarse en todo sentido, su llamado no tuvo eco al interior de la casa de estudios.

¿Dónde está la UV?

La UV ofrece actualmente 85 programas de licenciatura en áreas de Artes, Biológico-Agropecuarias, Salud, Económico-Administrativas, Humanidades y Técnicas, distribuidos en sus cinco regiones (Xalapa, Veracruz, Orizaba-Córdoba, Poza Rica-Tuxpan, Coatzacoalcos-Minatitlán).

Adicionalmente, la UV imparte carreras técnicas: Técnicos Superiores Universitarios y una robusta oferta de posgrados (maestrías, doctorados y especialidades). En total, sumando licenciaturas y posgrados, la UV administra alrededor de 350 programas educativos en todas las áreas del conocimiento.

De acuerdo con la plataforma internacional UniRank/4ICU, centrada en métricas web, la UV ocupa el 6° lugar nacional, sólo por debajo de Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Tec de Monterrey, Instituto Politécnico Nacional (IPN), Universidad de Guadalajara (UdeG) y Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL). Este puesto lo había mantenido en 2021, 2022 y 2023, y se consolidó entre las primeras instituciones nacionales. Asimismo, la UV apareció en el lugar 28 de Latinoamérica en 2023, según la misma clasificación.

Hace unas semanas, 45 mil 198 aspirantes presentaron el examen de ingreso a la UV, distribuidos en 23 sedes ubicadas en las cinco regiones universitarias. La institución afirmó que el número de aspirantes seleccionados aumentó mil 800 lugares con relación al año pasado.

“No solicitamos más recursos, sino que analizamos cómo empujar nosotros mismos, con nuestros recursos, esos espacios y en eso llevamos aproximadamente casi tres mil 600 lugares –más– de esas metas que nos pusimos”, destacó el propio rector.

Incluso abundó en que los mil 800 lugares de este periodo están relacionados directamente con una estrategia de virtualidad y programas híbridos realizada con la Universidad Rosario Castellanos de la Ciudad de México.

Sin embargo, durante la pasada sesión del Consejo Universitario de la UV, un grupo de estudiantes de posgrado expresó su inconformidad ante la falta de gestión de las autoridades universitarias para asegurarles becas. En ese mismo espacio autoridades universitarias se comprometieron a otorgar becas equivalentes al 50 por ciento del monto requerido.

Pero como este acuerdo no se cumplió, el 16 de junio, los alumnos iniciaron la toma pacífica de las instalaciones y mantuvieron bloqueado el acceso al edificio correspondiente a la Dirección General de Posgrado. Las autoridades llegaron al sitio, hubo diálogo, pero los estudiantes amagaron con permanecer en el lugar hasta que fueran atendidas sus demandas. Después de unas horas, los quejosos liberaron las instalaciones en espera de que las autoridades respondan a sus peticiones para acceder a las becas mencionadas. El 24 de junio se manifestaron nuevamente por el adeudo de 120 mil pesos en becas a cada estudiante del doctorado en Neurociencias.

El pasado ocho de mayo, padres de familia denunciaron que, en los últimos meses, la directora del Área Académica de Artes de la UV, Beatriz Sánchez Zurita, ha desmantelado el Centro de Iniciación Musical Infantil (CIMI).

“Normalmente nos podríamos dirigir a verla o al rector, pero parece que ambos están coludidos para terminar con esta magnífica institución. Quedan en el aire muchas preguntas: ¿cuántos meses más debemos esperar para tener un director que tome las riendas del CIMI y que se encargue de la educación musical de nuestros hijos?, ¿qué pasa con el dinero que se están ahorrando al no pagar director durante más de un año? ¿usarán este pretexto para cerrar esta institución?”, cuestionó uno de los padres de familia, Ricardo Azueta. Así empieza el nuevo periodo de cuatro años para Martín Aguilar Sánchez al frente de la UV.