El Presidente Andrés Manuel López Obrador ha intervenido desde el Poder Ejecutivo en el proceso judicial de la jueza Angélica Sánchez Hernández, lo que ha representado una violación a la ley, aseguran algunos personajes de la política, como la diputada local de Movimiento Ciudadano (MC), Ruth Callejas Roldán, quien afirma que la jueza es una “presa política” a quien le ha caído todo el poder del Estado.

“Desde que este gobierno llegó, la persecución política de quienes no estamos de acuerdo con el gobierno ha sido muy marcada, por cuestiones políticas, lamentablemente la jueza está presa por ejercer su autoridad, su autonomía y sobre todo por obedecer un mandato a un juez federal”, señaló.

También, la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidad para los Derechos Humanos (OACNUDH) solicitó al gobierno de Veracruz observar la audiencia donde se le dictaría una posible sentencia, con el fin de garantizar que el proceso no violara los derechos humanos de Sánchez Hernández, sin embargo, el gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García, acusó a la OACNUDH de intromisión.

Ante esto, el organismo denunció que no se le permitió asistir y pidió que “con respeto a la independencia judicial y bajo la premisa del principio de publicidad”, se le permitiera observar el proceso. Pero esto no sucedió, por el contrario, López Obrador salió a defender la postura del gobernador veracruzano asegurando que la mayoría de los integrantes del Poder Judicial son “deshonestos”.

“Lamentablemente muchos jueces… y también magistrados, ministros, no actúan con rectitud y con honestidad. En el caso de jueces esto tiene que ver con el fuero común y con el fuero federal, se autorizan libertades a presuntos delincuentes y se hacen de manera completamente atípica”, expresó.

Los jueces del estado denunciaron que la magistrada Lisbeth Aurelia Jiménez Aguirre, presidenta del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Veracruz y del Consejo de la Judicatura les ordenó consultarle la resolución que deben tomar ante la emisión de los amparos de jueces federales.

La propia Angélica “N”, señaló en su momento que sus compañeros viven una de las etapas más negras en la historia jurídica: “reciben línea para poder dictar sus resoluciones, en muchos casos, sin que existan elementos legales; de no proceder como se les ordena, son perseguidos”.

La Jueza aseveró que la presidenta del Tribunal de Justicia supuestamente la amenazó y sin argumentos le ordenó modificar una resolución de un caso, pese a que se tenía que dar el cumplimiento a un amparo federal.

Incluso Barras y Colegios de Abogados han alertado sobre la falta de independencia y autonomía del Poder Judicial.

Pero mientras las denuncias siguen, López Obrador se ha encargado de defender “a capa y espada” a Cuitláhuac García advirtiendo que continuarán presentando denuncias contra los jueces.

“Y no le hace si por defensa del gremio o complicidad del gremio los exoneran, pero ya nosotros cumplimos, no somos cómplices, no estamos encubriendo el tipo de cosas porque además son daños mayores a la gente, a los ciudadanos, incluso a quienes trabajan para garantizar la paz y la tranquilidad”, expresó.

El pasado lunes 5 de junio la juzgadora fue capturada en represalia por dejar en libertad a una persona acusada de trabajar para el Cártel Jalisco Nueva Generación. Por falta de pruebas fue liberada. Luego, con ayuda del Gobierno Federal, el viernes 16 de junio fue detenida por segunda ocasión en un hotel de la Ciudad de México, ahora por elementos de la Guardia Nacional tras ser acusada de tráfico de influencias y contra la fe pública.

La jueza fue enviada a la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México. y posteriormente al penal de Pacho Viejo en Coatepec, Veracruz, donde el 21 de junio fue vinculada a proceso y se le impuso la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa.

Cabe destacar que la audiencia se llevó a cabo con irregularidades: al inicio de la sesión, el juez no permitió que la acusada fuera representada por sus abogados, informó el Instituto de la Defensoría Pública y declaró la audiencia como privada, esto es, no permitió la presencia de medios de comunicación ni del Alto Comisionado de Naciones Unidas que solicitó observar el proceso, lo que el abogado de la jueza, Ricardo Aguilar, descalificó por completo; mencionó que no se respetó el amparo con el que su clienta contaba y además se les negó el acceso a los medios de comunicación, al personal público, y al Alto comisionado de la ONU, que querían estar presentes “para dar fe del respeto a los derechos humanos de la licenciada”.

Actualmente, la jueza permanece en estado de prisión preventiva oficiosa y busca impugnar la medida mediante un juicio de amparo.