La depresión tropical Eta y el frente frío número 11 provocaron, a principios de noviembre, inundaciones, derrumbes y hundimientos que, a su vez, causaron la muerte de 27 personas en localidades de Chiapas, Tabasco y Veracruz, además de miles de damnificados que perdieron sus casas, cosechas, carreteras y puentes.

A casi un mes del paso de ambos flagelos naturales en Chiapas, la tragedia aún se vive con intensidad porque en esa entidad se registraron 22 decesos y en una sola comunidad, como fue el caso de Mukem, de San Juan Chamula, 10 personas fueron arrastradas por un río y de una misma familia solo sobrevivió una madre para enterarse de que había perdido a sus hijos y esposo.

De acuerdo con las creencias de esta población originaria, los caudales de agua –cuyo nombre en maya es Xhulum Chon, que español significa “serpiente con cuerno”– se presentan cada cierto tiempo para causar deslizamientos de tierra o deslaves.

A la fecha, los damnificados de esta localidad, al igual que las de otros 54 municipios, no han recibido apoyos suficientes tanto para sobrevivir a la intemperie como para remover de entre el lodo, los árboles y los escombros, sus limitados bienes patrimoniales. Hace unos días hicieron un nuevo llamado a los Gobierno Federal y estatal para que no los abandonen a su suerte.

Una situación similar enfrenta la comunidad Matzam, de Tenajapa, donde los habitantes están esperando que las autoridades les indiquen de qué forma reconstruirán sus hogares y sus vidas tras la tragedia que, a inicios de este mes, “les pegó” con el Covid-19.

En esta localidad aún se escuchan los estruendos de la tierra, y las viviendas poco a poco se resquebrajan. En un primer momento, se rumoró que un volcán hacía erupción; pero dicha versión fue desmentida tanto por los habitantes como por la Secretaría de Protección Civil (SPC) del estado.

En realidad, se trata de deslizamientos de tierra provocados por la deforestación de cerros y montañas y la abundancia de agua en tiempos de ciclones y frentes fríos. El mismo problema de los deslaves se padece entre los pobladores de Ixhuatán, Ocosingo, Simojovel y Huitiupán.

La vulcanóloga Silvia Ramos Hernández, directora del Instituto de Investigación en Gestión de Riesgos y Cambio Climático de la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas (Unicach), explicó que en caso de que estuviera naciendo un volcán en esa región, habría exhalación de gases y otros fenómenos poco comunes, como el aumento de la temperatura en las aguas de los ríos.

El Centro Nacional de Prevención de Desastres (Cenapred) informó que, de acuerdo con el Mapa Nacional de Susceptibilidad a la Inestabilidad de Laderas, los municipios citados tienen media, alta y muy alta propensión a sufrir deslizamientos de tierra debido a la geología, topografía y propiedades mecánicas del subsuelo.

Expertos de la SPC advirtieron, en Ixhuatán, la posible sucesión de deslaves en la ladera de una montaña y, en un primer momento, evacuaron a más de 400 familias. Apenas el 16 de noviembre, las lluvias fuertes aparecieron en este municipio causando más estragos en la cabecera municipal.

Personal de la SPC de Chiapas y del Centro Nacional de Prevención de Desastres (Cenapred) detectaron, desde un helicóptero, un deslizamiento de ladera sobre el río La Sierra en las inmediaciones de la comunidad Nueva Esperanza, en el mismo municipio. El área afectada medía 850 metros de longitud, 450 metros de ancho y una profundidad de 20 metros.

En la comunidad Matzam, de Tenejapa, se realizó la evacuación preventiva de al menos 70 viviendas que tenían daños estructurales mayores y estaban al punto del derrumbe.

Pese a que las autoridades vociferan que están brindando ayuda a los damnificados, lo cierto es que ésta llega a cuentagotas y la única tangible es la de las organizaciones civiles y muchos de los pobladores están migrando hacia otras comunidades para refugiarse con sus familiares para superar la tragedia.

“La necesidad es mucha y la ayuda poca”, denuncian muchos ciudadanos en las redes sociales ante la indiferencia y la casi nula acción del gobierno estatal. “Pareciera que solamente están enfocados en Tabasco; pero no es así, también allá están saliendo adelante solos”, denuncia Marta, una indígena afectada.

El gobierno de Chiapas, a través de la SPC, agradeció el apoyo que han brindado organismos internacionales, empresas y sociedad civil, a través de donativos de insumos alimenticios, ropa y agua purificada, en beneficio de la población que hoy padece las afectaciones generadas por Eta y el frente 11.

El Comité de Ayuda Humanitaria y Emergencias Nacionales (Cadena) A.C., donó cinco mil paquetes de despensas y ayuda humanitaria con productos para limpieza e higiene personal, los cuales fueron distribuidos inmediatamente por el personal de la Secretaría de Marina (Semar) en 22 localidades del municipio de Huitihupán, que permanecen incomunicadas.

La Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR)-México entregó tres mil colchonetas y 700 despensas que se dispersaron en 19 localidades de Chilón, cuyos habitantes sufrieron una inundación pluvial. Los pobladores de Tonalá, por su parte, donarán alimentos y ropa con un peso total de cuatro toneladas y la empresa Electrón distribuirá agua purificada.

Recuento integral de daños

En Chiapas, Tabasco y Veracruz se contaron 117 mil 601 viviendas dañadas, de las cuales 58 mil sufrieron daños mayores y de éstas 19 mil 486 corresponden a Chiapas; 34 mil 312, a Tabasco y cinco mil 79 a Veracruz, de acuerdo con la Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC). En Chiapas, cuatro mil viviendas se encuentran inhabitables y más de 250 colapsaron.

 En cuanto a los damnificados, Chiapas suma poco más de 16 mil; Tabasco, 141 mil y Veracruz, más de 20 mil. En las tres entidades del Sureste hubo 87 desbordamientos de ríos y arroyos.

La CNPC informó también la afectación de más de 220 tramos carreteros, de los cuales 180 están en Chiapas; 33 en Tabasco y 15 en Veracruz; y de 20 puentes, de los cuales 14 se ubican en Chiapas; cuatro en Tabasco y dos en Veracruz. Quedaron dañadas también 11 redes de agua potable/alcantarillado; 11 mil 366 metros lineales de tubería inservible y cinco redes de cableado de alta tensión inutilizado.

La mayoría de las 12 regiones de Chiapas –Norte, Maya, Istmo– Costa, Selva Lacandona, Soconusco Bajo, Valles Zoque, De Los Bosques, Altos Tzotzil-Tzeltal, Mezcalapa, Sierra Mariscal, Tulijá y Frailesca– resultaron afectadas y, de acuerdo con el Registro de Daños ante Emergencias y Desastres (Repdaed) fueron 53 los municipios dañados: Ocozocoautla, Jiquipilas, Cintalapa, Copainalá, Francisco León, Tecpatán, San Cristóbal de Las Casas, Ocotepec, Coapilla, Mezcalapa, Chamula, Mitontic, Aldama, Chanal y Larráinzar.

Santiago El Pinar, Oxchuc, Pantelhó, La Concordia, Pantepec, Pueblo Nuevo, Rayón, San Andrés Duraznal, Jitotol, El Bosque, Tapilula, Rincón Chamula San Pedro, Huitiupán, Bochil, Ixhuatán, Ostuacán, Ixtapangajoya, Juárez, Chapultenango, Pichucalco, Sunuapa, Solosuchiapa, Amatán, Ixtacomitán, Arriaga, Amatenango de la Frontera, Bella Vista, El Porvenir, Siltepec, La Grandeza, Ocosingo, Salto de Agua, Catazajá, Palenque, Sabanilla, Tila, Tumbalá, Yajalón y Chilón.

La dependencia activó 13 refugios, dos en Juárez, dos en Ocosingo, dos en  Ixhuatán y uno en Ixtapangajoya, San Cristóbal de las Casas, Tumbalá, Pantepec, Solosuchiapa, Larráinzar y Santiago El Pinar.

De los 22 fallecimientos, cuatro ocurrieron en El Bosque; cuatro en La Grandeza; 10 en Chamula; dos en Pantepec; uno en Mitontic y otro en Oxchuc. Se rescató con vida a cuatro personas, tres originarias de La Grandeza y una de Chamula.

El pasado nueve de noviembre, el gobierno de Chiapas recibió la declaratoria de emergencia en ocho municipios (Ocosingo, Ostuacán, Pichucalco, Salto de Agua, Tila, Tumbalá, Yajalón y Tecpatán) para que los damnificados reciban recursos del Fondo para la Atención de Emergencias (Fonden) –que desaparecerá hasta mediados de 2021– para atender sus necesidades alimenticias, abrigo y salud.

“Estamos todos juntos, haciendo la tarea para ayudar a todas las personas que han sido damnificadas por este frente frío número 11 y también por las lluvias provocadas por Eta. Quiero decir a toda la gente que está pasando por este momento difícil, por estos fenómenos naturales, que no están solos; vamos a seguir ayudando”, destacó el gobernador de Chiapas, Rutilio Escandón Cadenas; en tanto que el presidente Andrés Manuel López Obrador sobrevoló las zonas afectadas tanto en Chiapas como en Tabasco y se limitó a declarar que el pueblo sería apoyado; pero en muchas comunidades no se han visto “ni las luces” de las autoridades, tanto estatales como federales.

La deforestación, una de las causas del desastre

Para el analista chiapaneco Héctor Estrada, “los recientes desastres provocados por el frente frío número 11 y la tormenta tropical Eta en Chiapas y Tabasco, han cobrado la factura de causas que no son precisamente naturales. La deforestación de laderas y regiones montañosas para convertirlas en tierras de cultivo o vender la madera, han degradado las zonas de absorción pluvial con consecuencias alarmantes”.

“Chiapas es uno de los estados del país que más bosques y selvas ha perdido durante las últimas décadas, con un promedio de 45 mil a 70 mil hectáreas cada año. Así, extensas zonas que antes eran arboladas hoy se han convertido en laderas donde el agua de lluvia escurre sin contención natural hasta las partes bajas, elevando el riesgo de deslaves, desgajamientos, desbordamiento de ríos e inevitables inundaciones”.

“Más allá de la cantidad de lluvia, en gran medida los desastres de estos últimos días tienen sus causas en la inconsciencia humana. Y es que no son casos aislados”, externó.

En los últimos 10 años, la Campaña de Bosques y Selvas, de la organización Greenpeace, ha advertido al gobierno de México sobre la acelerada degradación de las laderas de alta absorción en entidades como Chiapas, donde la deforestación para la conversión a tierras de cultivo o venta de madera ha sido desproporcionada.

Actualmente se estima que el 80 por ciento de la madera comercializada en Chiapas es ilegal; es decir, proviene de aserraderos clandestinos que talan árboles sin ninguna regulación. Según cifras de organizaciones no gubernamentales (ONG), anualmente se comercializan 400 mil metros cúbicos de madera, de los cuales 70 por ciento proviene de zonas montañosas de alta absorción.

En México, 13.5 millones de personas habitan en zonas deforestadas de alto riesgo, “por lo que no deberá sorprender que, de no hacer nada al respecto, tragedias como las vividas hace unos días se vuelvan cada vez más comunes con el paso de los años. Con esfuerzos muy tardíos y poco efectivos por parte de las autoridades federales para la recuperación de laderas, a fin de disminuir riesgos, la degradación ambiental provocada por la actividad humana seguirá teniendo consecuencias”, concluyó.