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¿Igualdad ante la ley en medio de la desigualdad económica?
Hoy, la burguesía nos hace creer que existe igualdad, y lo inscribe en la ley, mas en el fondo la exclusión perdura, ya no legal, sino económica, pues ejercer los derechos requiere cierto nivel de ingreso y educación política.
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El capitalismo estableció la igualdad formal ante la ley, “ciudadanía para todos”, derrumbando los privilegios reinantes en la sociedad estamental, con derechos diferentes para cada sector social, como hacía también en la democrática Grecia, donde el derecho efectivo a decidir sobre la cosa pública tenía un marcado carácter de clase: lo ejercían solo los atenienses varones libres. Dice A. Dekonski (Historia de la antigüedad, Grecia): “... la población del Ática contaba con 21,000 ciudadanos atenienses, 10 mil metecos [emigrantes residentes en Atenas], 400,000 esclavos (...)”. Y agrega: “Y las mujeres, que formaban casi la mitad de la población libre, así como los metecos, no tenían, desde el punto de vista político, casi ningún derecho”. En Roma fueron también excluidos los esclavos, y en la Edad Media, los siervos de la gleba.

Enfrentado al régimen feudal, el capitalismo combatió la inicua exclusión (que también afectaba a la burguesía), enarbolando la bandera de la igualdad ante la ley. Campeón en aquellas lides fue Juan Jacobo Rousseau, ciertamente con obvias limitaciones. La Revolución Francesa proclamó la igualdad; pero, ya en el poder, la clase triunfante dio la espalda a la historia y se hizo conservadora; no gustaba ya de prédicas igualitarias, pero supo guardar las formas.

Hasta hoy, hace creer al pueblo que existe igualdad, y lo inscribe en la ley, mas en el fondo la exclusión perdura, sofisticada, ya no legal, sino económica, pues ejercer los derechos requiere cierto nivel de ingreso y de educación política, que la mayoría no tiene; determinadas condiciones materiales. Así enseña la fábula de La Zorra y la Cigüeña; he aquí un fragmento: “Cierta vez, una Zorra invitó insistentemente a su amiga Cigüeña, a cenar en su casa mencionándole platillos deliciosos e inolvidables. La Cigüeña, maravillada por tales manjares, aceptó. Al día siguiente, fue muy alegre y con mucho apetito. Cuando llegó y se sentó en la mesa, observó que la Zorra, servía una riquísima sopa en un plato muy plano. La Cigüeña, muy hambrienta, comenzó a picar y a picar la sopa, pero gracias a su largo pico, no podía comer nada y para colmo, se le escapaba la deliciosa sopa. Por otro lado, la Zorra comió con mucha alegría su sopa, incluso lamió con su hocico el plato hasta dejarlo muy limpio. La Cigüeña indignada por tal desconsideración, dijo estar llena, y se marchó...” (Texto de Fábulas para niños).

Veamos algunos derechos constitucionales, de esos que, dicen, todos tenemos: “Artículo 1º. (...) Todas las autoridades (...) tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad (...) Queda prohibida toda discriminación (...)”. El Artículo 4º desarrolla: “Toda persona tiene derecho a la alimentación nutritiva, suficiente y de calidad. El Estado lo garantizará. (...) Toda Persona tiene derecho a la protección de la salud. La Ley [...] establecerá la concurrencia de la Federación y las entidades federativas (...) para la atención integral y gratuita de las personas que no cuenten con seguridad social. (...) Toda persona tiene derecho a un medio ambiente sano (...) El Estado garantizará el respeto a este derecho (...) (también) derecho al acceso, disposición y saneamiento de agua para consumo personal y doméstico en forma suficiente, salubre, aceptable y asequible. El Estado garantizará este derecho (...) Toda familia tiene derecho a disfrutar de vivienda digna y decorosa. La Ley establecerá los instrumentos y apoyos necesarios (...) Los niños y las niñas tienen derecho a la satisfacción de sus necesidades de alimentación, salud, educación y sano esparcimiento (...) Toda persona tiene derecho al acceso a la cultura (...) a la cultura física y a la práctica del deporte. Corresponde al Estado su promoción, fomento y estímulo...” (Constitución Política, Texto vigente al 18 de diciembre de 2020).

Más aún. Toda persona tiene derecho a una vivienda digna, pero en la realidad, 9.2 millones de familias no la tienen, y en 28.7 por ciento de las casas hay hacinamiento (Inegi). Tenemos el derecho a la salud, pero los hospitales públicos carecen de equipo y medicamentos básicos, que frecuentemente el usuario debe comprar. Según el Artículo 3º. “Toda persona tiene derecho a la educación. El Estado (...) impartirá y garantizará la educación inicial, preescolar, primaria, secundaria, media superior y superior”; pero el analfabetismo afecta a 4.4 millones (Inegi). Más disfrute de papel: Artículo 123º. “Toda persona tiene derecho al trabajo digno y socialmente útil; al efecto, se promoverá la creación de empleos...”; lo real: el 60 por ciento de los ocupados sobrevive en la informalidad; súmense a ello los desempleados, subempleados y emigrados a Estados Unidos.

El derecho a votar y ser votado excluye a los pobres. ¿Quién puede dejar su trabajo para andar de candidato, o sufragar costosísimas campañas? Además, el “ejercicio democrático” se constriñe a la emisión del voto e impide al pueblo participar realmente en las decisiones públicas; la orden es: vota y vete para tu casa, y no molestes. Iguales todos ante la ley, pero las mujeres son discriminadas. “La desigualdad de ingresos en México se profundiza en el análisis por género (...) El promedio a escala nacional de ingresos diarios de una mujer es de 155 pesos; mientras que, cada día, un hombre ingresa 244 pesos” (El Economista, 23 de febrero de 2020, Inegi). Millones de ellas dependen económicamente de los varones y son víctimas de violencia.

Mucha igualdad retórica, y en los hechos una abismal desigualdad. Los seis mexicanos más acaudalados poseen 108 mil 100 millones de dólares (Forbes), y poseen más riqueza que la mitad de la población (Oxfam). Según Coneval, 57.3 por ciento de la población carece de acceso a seguridad social, y 52.4 por ciento vive en pobreza, 17 por ciento en pobreza extrema (hasta antes de la pandemia). Publica El Economista, 23 de febrero de 2020: “México pertenece al 25 por ciento de los países con mayores niveles de desigualdad (...) mientras el estrato poblacional con menores ingresos percibe 101 pesos por día, el más alto ingresa en promedio 1,853 pesos, 18 veces más”. Además, (citando a Oxfam) “120 mil personas, que representan el 1% de la población más acaudalada, concentran alrededor del 43% de la riqueza (...) si el país fuera un pastel con 10 rebanadas, una sola persona se comería cuatro rebanadas y las seis restantes serían repartidas entre noventa y nueve personas”. ¿Cómo pueden tener igual influencia política los potentados y los pobres? Frente a esta contradicción, el Estado, el actual incluido, evade su responsabilidad, pues forma parte de la élite privilegiada y está a su servicio.

En fin, es también la nuestra una democracia de clase, que excluye de facto a la mayoría, aunque de iure la incluya, e impide la democracia verdadera (practicada por el pueblo en bien del pueblo). Es preciso hacer realidad la igualdad política y ante la ley, reduciendo para ello la desigualdad económica. Asimismo, el goce pleno de los derechos exige la organización del pueblo, que lo convierta en una fuerza política capaz de imponer respeto, exigir y ejercer derechos y hacer cumplir la ley, sin tener que depender de la voluntad de los gobernantes en turno.


Escrito por Abel Pérez Zamorano

Doctor en Economía por la London School of Economics. Profesor-investigador de la Universidad Autónoma Chapingo.


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