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Las acusaciones contra la Guardia Nacional (GN) por presuntos asesinatos y violaciones a los derechos humanos que transcurren sin castigo no comenzaron con la liberación del gendarme que el miércoles 27 de abril mató a Ángel Yael Ignacio Rangel, estudiante de agronomía de la Universidad de Guanajuato. En realidad, es el sello de la corporación.
La GN ha acumulado en sus 36 meses de existencia un total de 11 expedientes por homicidio y 992 quejas por violaciones a derechos humanos, según los informes anuales de la corporación y los reportes del Sistema Nacional de Alerta de Violación a los Derechos Humanos (SNAVIDH).
Entre las quejas presentadas ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) de junio de 2019 a abril de 2022, sobresalen 200 que denuncian detención arbitraria; 117 reportan trato cruel, inhumano o degradante; 75, intimidación; 27 son por tortura, siete por desaparición forzada y 10 por homicidio.
Puertas adentro del organismo, la insubordinación se ha expandido con celeridad. De acuerdo a su informe de 2020, la GN aplicó ese año 600 sanciones disciplinarias por diversas infracciones entre las que pueden contarse alteraciones del orden y omisión de hechos en los reportes de servicio. Para 2021, los castigos por infracciones aumentaron más de 12 veces, pues fueron 7 mil 586 correctivos y sanciones disciplinarias.
La atmósfera de relajación no se circunscribe a la gendarmería ni a mandos de gradación media. El propio comandante en jefe de la GN, Luis Rodríguez Bucio, ha incurrido en serias violaciones a la ley, como poner al servicio de eventos de Morena los aviones de la corporación y acudir él mismo a los eventos proselitistas del partido oficialista.
En contraste, cuando se trata de enfrentar al crimen, la GN ha exhibido problemas de coordinación logística, falta de pericia e incluso sus miembros han sido videograbados mientras huyen de grupos criminales en Veracruz, Chihuahua y Michoacán.
El asesinato más reciente de la GN fue contra Ángel Yael Ignacio Rangel, de 19 años, estudiante de agronomía en el campus Copal de la Universidad de Guanajuato, que el miércoles pasado salía de un convivio en un jardín de fiestas, subió con sus amigos a una camioneta; posteriormente, elementos de la GN presuntamente marcaron el alto al vehículo, y el tirador disparó. Ahí perdió la vida.
Las obras de infraestructura más emblemáticas de la administración federal han estado plagadas de denuncias que afectan directamente los derechos humanos en materia: laboral, humanitaria, económica, presupuestal y ambiental.
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Escrito por Redacción