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Las acusaciones contra la Guardia Nacional (GN) por presuntos asesinatos y violaciones a los derechos humanos que transcurren sin castigo no comenzaron con la liberación del gendarme que el miércoles 27 de abril mató a Ángel Yael Ignacio Rangel, estudiante de agronomía de la Universidad de Guanajuato. En realidad, es el sello de la corporación.
La GN ha acumulado en sus 36 meses de existencia un total de 11 expedientes por homicidio y 992 quejas por violaciones a derechos humanos, según los informes anuales de la corporación y los reportes del Sistema Nacional de Alerta de Violación a los Derechos Humanos (SNAVIDH).
Entre las quejas presentadas ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) de junio de 2019 a abril de 2022, sobresalen 200 que denuncian detención arbitraria; 117 reportan trato cruel, inhumano o degradante; 75, intimidación; 27 son por tortura, siete por desaparición forzada y 10 por homicidio.
Puertas adentro del organismo, la insubordinación se ha expandido con celeridad. De acuerdo a su informe de 2020, la GN aplicó ese año 600 sanciones disciplinarias por diversas infracciones entre las que pueden contarse alteraciones del orden y omisión de hechos en los reportes de servicio. Para 2021, los castigos por infracciones aumentaron más de 12 veces, pues fueron 7 mil 586 correctivos y sanciones disciplinarias.
La atmósfera de relajación no se circunscribe a la gendarmería ni a mandos de gradación media. El propio comandante en jefe de la GN, Luis Rodríguez Bucio, ha incurrido en serias violaciones a la ley, como poner al servicio de eventos de Morena los aviones de la corporación y acudir él mismo a los eventos proselitistas del partido oficialista.
En contraste, cuando se trata de enfrentar al crimen, la GN ha exhibido problemas de coordinación logística, falta de pericia e incluso sus miembros han sido videograbados mientras huyen de grupos criminales en Veracruz, Chihuahua y Michoacán.
El asesinato más reciente de la GN fue contra Ángel Yael Ignacio Rangel, de 19 años, estudiante de agronomía en el campus Copal de la Universidad de Guanajuato, que el miércoles pasado salía de un convivio en un jardín de fiestas, subió con sus amigos a una camioneta; posteriormente, elementos de la GN presuntamente marcaron el alto al vehículo, y el tirador disparó. Ahí perdió la vida.
Los hermanos Rodrigo, Guadalupe y Esperanza Chávez Contreras –director del Invi; diputada local y dirigente de ACMU, respectivamente– conformaron un “verdadero cártel inmobiliario” en la CDMX, con el que se han enriquecido y están promoviendo a Morena.
Analistas advierten que la campaña de AMLO y lo que se avecina ya se encuentra en marcha; y que sólo debemos esperar una elección de Estado, es decir, la imposición de un Presidente de la República desde el Poder Ejecutivo.
“La jefa de Gobierno incurre en un delito electoral, porque está usando recursos públicos para publicitar su imagen”, indicó Rangel Lorenzana.
Tras haberle recortado el presupuesto al INE, la administración morenista ahora pretende usar los fideicomisos del Poder Judicial con un doble propósito: debilitarlo políticamente y usar ese dinero en el financiamiento de los programas electoreros.
“En México muchos creen ser clase media pero no es así. El 61 por ciento de la población se identifica como tal pero solo el 12 por ciento lo es".
Las mujeres más pobres del país, como las tarahumaras, que también se ganan el sustento con el sudor de su frente, deben ser advertidas que ellas no tienen posibilidad de aspirar a una megabeca del Conacyt, pues no son hijas de altos funcionarios.
Hablar de Miguel Barbosa es hablar de un hombre enfermo de poder, que apenas se subió al ladrillo gubernamental hace unos seis meses y ya se perfila como el gobernador más represor de todo el país.
El problema es que el drenaje colapsó y a pesar de que se ha solicitado de manera constante se envíe un vactor para desazolvar.
El gobierno de la 4T ha entregado a los pobres como carne de cañón al crimen organizado, los ha llevado “a lo más profundo del pantano”. Pero más temprano que tarde, los morenistas pagarán las consecuencias.
Sólo los trabajadores formales con un ingreso de 30 mil pesos o más pueden pagar una vivienda; por lo que los ingresos de los trabajadores siguen siendo insuficientes para costear todo lo que implica tener una vivienda.
MCCI reveló que 490 millones de pesos del extinto INSABI se destinaron a la empresa Romedic, propiedad de Jorge Amílcar Olán Aparicio, amigo de Andy López Beltrán.
El PEF 2023 será un gasto en beneficio de la minoría (hoy, en el gobierno) y de un puñado de empresarios que se benefician; el pueblo seguirá recibiendo unas cuantas migajas y mucha demagogia.
El rezago educativo de nivel básico va de los 20 a 30 años porque sus centros escolares carecen de infraestructura adecuada y los maestros no cuentan con salarios suficientes. Además, el PEF 2024 está muy por debajo de las necesidades del sector.
Todo indica que la política fiscal de AMLO será la misma: enfocada a comprar conciencias y votos para que Morena gane las elecciones en 2024; y, como los gobiernos anteriores, ignore los problemas del país.
Jesús Zambrano calificó de insuficiente el protocolo que presentó el INE para blindar el proceso electoral, debido a los escenarios de violencia que se registran en todo México.
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Escrito por Redacción