Mientras los capitalinos padecen problemas como la inseguridad pública y la falta de empleos, vivienda, agua potable y otros servicios urbanos básicos, la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México (CDMX) Claudia Sheinbaum anda con la mira puesta en la elección presidencial de 2024; y con cualquier pretexto viaja a otras entidades de la República para promoverse.

La desbordada atención que la señora Sheinbaum brinda a su precampaña política para obtener la candidatura de Morena a la todavía lejana elección presidencial de 2024, contrasta con la poca atención que concede a los problemas socioeconómicos y urbanos de los habitantes de la CDMX.

El Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) informa que tres de cada 10 habitantes de la capital de la República se hallan en pobreza, (casi tres millones de personas) y el 4.3 por ciento vive en pobreza extrema (alrededor de 396 mil personas). La CDMX ocupa el vigésimo lugar nacional en pobreza.

El informe, publicado en diciembre de 2021, detalla que las desigualdades y carencias se producen más en ciertas alcaldías que en otras. En Milpa Alta, por ejemplo, el 54.7 por ciento de la población es pobre; le sigue Xochimilco, con el 48; e Iztapalapa, con el 43.9 por ciento. Las tres alcaldías son gobernadas respectivamente por los morenistas Judith Venegas Tapia, José Carlos Acosta Ruiz y Clara Brugada.

Los problemas sin atender

El cronista Alberto Barranco Chavarría refirió a La Silla Rota que el mayor problema de la capital de la República es la inseguridad pública; y que le siguen el desempleo, la creciente población y el ambulantaje o economía subterránea, que a mucha gente da posibilidad de sobrevivencia.

“No es que ésta tenga ganas de estar en la calle, no tiene otra opción que andar ahí porque sin la calle no sobrevive. Ése es el gran problema”, agregó el escritor, quien además comentó que para combatir realmente la delincuencia se necesita crear más empleos.

Estudios de opinión del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) concluyen que el 70 por ciento de los capitalinos se siente inseguro en el transporte público; y que 76 por ciento reconoció no sentirse seguro cuando retira dinero de un cajero automático.

Las alcaldías Xochimilco, Gustavo A. Madero e Iztapalapa, gobernadas por Morena, están consideradas como las más inseguras; según especialistas, ello se debe a que carecen de coordinación institucional y sus alcaldes están centrados en la campaña de Sheinbaum.

Pero este problema no solo es soslayado por estos funcionarios sino que, además, el mismo el Presidente ha intentado minimizarlo por apoyar a su “corcholata” preferida, como ocurrió recientemente, cuando afirmó que las ejecuciones en la capital habían disminuido; y declaró que la CDMX es una de las más seguras del mundo, por arriba de ciudades como Los Ángeles, Filadelfia, Nueva Orleans y Nueva York.

Esta versión, sin embargo, fue desmentida por el último informe del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP); ya que destaca que en los primeros tres meses de 2022, la CDMX registró una tasa de 1.8 homicidios por cada 100 mil habitantes, cuyo número en personas fue de 163 y supera con mucho a las 92 víctimas reportadas en Nueva York.

Las cifras del SNSP también revelan que, de enero a mayo de 2022, se contabilizaron 542 homicidios en la CDMX, un promedio de 108 homicidios por mes y tres por día.

Despojos

Otro grave problema que afecta a los capitalinos son los despojos inmobiliarios que ocupan el segundo lugar en impacto económico. En los últimos tres años, la Fiscalía General de Justicia capitalina (FGJCDMX) abrió 17 mil 866 carpetas de investigación, pero a mil 902 se les dio “carpetazo” debido a la posible colusión de las autoridades judiciales y funcionarios públicos con las personas que se dedican al negocio de despojo inmobiliario, el cual es altamente rentable incluso políticamente.

En ese periodo (2019-2021), el gobierno de Sheinbaum acumuló más de 11 mil 113 denuncias que no fueron favorables a los afectados, pese a su discurso de que “no hay impunidad” y de que se han “devuelto cientos de patrimonios a familias”.

El supuesto “esquema” de la FGJCDMX para la recuperación de inmuebles representa un calvario para las víctimas, porque los litigios tardan un promedio entre tres y ocho años; y son altamente costosos.

Las víctimas de despojo del edificio Belisario Domínguez 43, en el Centro Histórico, afirman que el gobierno capitalino siempre se negó a atenderlos y denunciaron que los invasores, entre ellos un expolicía, estaban protegidos por la excandidata de Morena a la alcaldía Cuauhtémoc, Dolores Padierna, y su esposo René Bejarano, ambos muy cercanos a la Jefa de Gobierno.

“(A Sheinbaum) solo le importa andarse placeando por distintos estados buscando simpatía entre los mexicanos; quiere ser presidenta; pero si no puede resolver los problemas de la Ciudad de México, mucho menos (resolverá) los del país”, denunció la líder social y dirigente de la organización Movimiento Antorchista en la CDMX, Gloria Brito Nájera.

La falta vivienda, de agua y luz eléctrica son algunas de las demandas más urgentes en las colonias más pobres y marginadas de la capital de la República, cuyos habitantes, desde hace tres años, han intentado acercarse a las autoridades para plantearlas, sin lograr siquiera ser escuchados.

Los antorchistas capitalinos han solicitado, entre otros asuntos, la devolución de las viviendas de 200 familias del predio Tempiluli, en Tláhuac que, hace tres años, fueron despojados de sus hogares y éstos fueron destruidos, pese al compromiso de Claudia Sheinbaum de que serían reubicados. Algo que hasta ahora no ha pasado. También exigen que se les devuelvan sus lotes a 280 familias de los Campos de Jalalpa, en Álvaro Obregón, de los cuales fueron despojados por el propio gobierno de la CDMX.

Proselitismo ilegal

El cinco de julio de 2021, el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) presentó a Claudia Sheinbaum –junto a otros aspirantes– como su posible sucesora en la Presidencia; desde entonces, la funcionaria inició sus giras de campaña política en varias entidades.

“Desde hace mucho, México está preparado para tener una presidenta”, anunció Sheinbaum en noviembre de 2021, cuando acudió a la toma de protesta de la gobernadora Indira Vizcaíno, en Colima. Poco antes de esa fecha, había realizado una gira por Guanajuato, Baja California y Campeche. En esta entidad acompañó a AMLO, quien intentaba reposicionarla públicamente después de la caída de un tramo de la Línea 12 del Metro y del mal desempeño de los servicios de saliud de la CDMX frente a la crisis de generada por la pandemia del Covid-19.

Sus constantes abandonos a la administración de la capital de la República han violado las leyes electorales y la transparencia en el uso de los recursos públicos; pues sus viajes se han realizado con cargo al erario de la CDMX, al igual que la pinta de bardas en ésta y otras ciudades de Quintana Roo, Michoacán y el Estado de México para alentar su precampaña presidencial con la consigna #EsClaudia.

La funcionaria morenista Sheinbaum ha negado haber ordenado esas pintas; sin embargo, María Marván Laborde, exconsejera electoral del Instituto Federal Electoral (IFE, hoy INE) y primera presidenta del organismo electoral, denunció el uso de recursos públicos para financiar la campaña de propaganda y la violación de la legislación electoral.

“Ella está en una gira en gran medida auspiciada con los recursos del gobierno, cosa que en México está prohibido; no es tema de si ella tiene las cualidades o no para ser presidenta, o si México puede tener una mujer presidenta (…) el tema aquí que nos debiera preocupar es que la señora está en campaña cuando claramente está prohibido”.

Tarjetas y bardas proselitistas

Claudia Sheinbaum ha volcado su tiempo y energía en la promoción de su precandidatura presidencial por el partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena) y dejado en manos del Secretario de Gobierno, Martí Batres, la responsabilidad de atender los problemas y demandas de nueve millones de capitalinos.

Entre las acciones de promoción política que la Jefa de Gobierno ha utilizado hasta ahora, se hallan la controvertida Tarjeta de Claudia y las pintas en bardas de la capital y otros estados. Sobre la primera, la diputada local panista América Rangel Lorenzana reveló que incurrió en un delito electoral al usar recursos públicos para publicitar su imagen, ya que el Artículo 134° de la Constitución establece que cualquier acto de comunicación debe tener carácter institucional y fines exclusivamente informativos o de orientación social.

“En ningún caso esta propaganda incluirá nombres, imágenes, voces o símbolos que impliquen promoción personalizada de cualquier servidor público”, informa el texto legal, por lo que la llamada Tarjeta Claudia violenta la legislación electoral de la Carta Magna y la reglamentaria.

“Por el momento, ella no puede ser candidata, porque si cualquiera de los que están aquí aspirara a ser diputada, concejal, Jefe de Gobierno, hiciéramos lo mismo que ella, seguramente ya les hubieran borrado sus bardas, ya los hubieran denunciado y estarían exhibidos en la palestra pública con todo un reflector”, denunció el diputado del Partido Acción Nacional (PAN), Ricardo Rubio, cuando se refirió a las bardas que promueven a la mandataria en varios puntos de la capital de la República.

Los problemas en la capital son muchos, y varios muy graves, como la inseguridad galopante, que la jefa de Gobierno se niega a ver; pero las actividades prioritarias de ésta son viajar a otras entidades del país, exhibirse y reivindicarse como la “corcholata” favorita del Presidente de la República.