El Centro Nacional de Control de Energía (Cenace) se declaró en emergencia operativa el pasado 16 de febrero luego de los grandes apagones que el día anterior habían afectado por lo menos a cinco millones de personas en los estados de Zacatecas, Tamaulipas, Durango, Nuevo León, Coahuila y Chihuahua y la decena de cortes de energía de diversa magnitud registrados en abril de 2019.

La dependencia del 80 por ciento del gas que se compra a corporativos texanos para producir electricidad hizo crisis el 15 de febrero, cuando estas firmas suspendieron el envío de combustible a México por presuntas causas climáticas. Pero a este problema de suministro se suma otro: un aumento en el precio del gas, que pasó de 180 a 200 dólares por un millón de BTU, cifra equivalente a, por lo menos, 20 mil millones de pesos (mdp) más para las finanzas de la Comisión Federal de Electricidad (CFE).

El 18 de febrero, el Presidente anunció que para subsanar la falta de gas en la generación de energía eléctrica, una semana antes se había ordenado la reactivación de las plantas de la CFE que utilizan carbón y combustóleo, energéticos altamente contaminantes.

Apenas dos días después, el 20 de febrero, la Secretaría del Medio Ambiente y Ordenamiento Territorial (SMAOT) de Salamanca, Guanajuato, declaró estado de contingencia ambiental debido al incremento de emisiones de dióxido de azufre (SO₂) y partículas suspendidas que derivó de la reactivación de la planta de la CFE que opera en ese municipio.

La SMAOT precisó que ese día el aumento en las emisiones de SO₂ fue siete veces mayor en las colonias San Gonzalo, Franco San Juan Chihuahua, Bellavista y en la cabecera municipal, y que el 19 de febrero –el día anterior– las colonias más afectadas habían sido Jardines del Sol, Tamaulipas Obrera, Ampliación la Obrera, Álamos y San Juan de la Presa.

Pese a estos hechos –y a advertencias previas de que el uso de carbón y combustóleo es obsoleto y nocivo para la salud de las personas–, la bancada del Movimiento Regeneración Nacional (Morena) en la Cámara de Diputados aprobó, en comisiones y por vía rápida, la iniciativa presidencial que modifica la Ley de Energía Eléctrica, con la que pretende dar prioridad a la CFE en la producción y distribución de ésta, minimizar la generación de energías limpias (eólica, solar, etc.) y con la que México incumplirá acuerdos en esta materia ante Estados Unidos (EE. UU.) y Canadá.

Previamente, mientras se realizaba un “parlamento abierto”, iniciado el 11 de febrero para escuchar la opinión de especialistas, la fracción parlamentaria de Morena en San Lázaro puso a sesionar a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Púbica de la Cámara de Diputados para revisar la iniciativa de AMLO, que fue aprobada con 31 votos a favor (de Morena), 11 de la oposición, dos abstenciones, y luego fue turnada a la Comisión de Energía. Ésta aprobó el dictamen el 19 de febrero y la iniciativa fue discutida y aprobada en pleno el martes 23 de febrero.

Aprueban diputados morenistas reforma de energía eléctrica de AMLO

Los diputados de Morena y sus aliados del Partido del Trabajo (PT), Verde Ecologista (PVEM) y Encuentro Social (ES) aprobaron la madrugada del miércoles 24 de febrero, prácticamente sin modificar ninguna coma, la iniciativa de energía eléctrica enviada por el presidente Andrés Manuel López Obrador.

Luego de 16 horas continuas de discusión en el pleno de la Cámara de Diputados, dicha iniciativa fue avalada con 289 votos a favor, 152 en contra y una abstención. El dictamen fue turnado al Senado de la República para su discusión y votación en un plazo máximo de 30 días.

La Ley de la Industria Eléctrica, según el Presidente busca fortalecer a la Comisión Federal de Electricidad (CFE), en otras palabras, prioriza que la producción de energía eléctrica sea responsabilidad de la CFE, y para ello, utilizará carbón y combustóleo. Esta situación fue denunciada por los propios diputados de oposición y especialistas.

El Partido Acción Nacional y sus aliados del Revolucionario institucional (PRI), Movimiento Ciudadano y de la Revolución Democrática (PRD) se opusieron a esta reforma, reiteraron su preocupación por la salida de la inversión privada en energías limpias, así como por la contaminación ambiental que dejaría la producción de energías con materiales fósiles.

Fragilidad del sistema eléctrico

Entrevistado por buzos, David Shields, analista del sector energético, explica: “Hay una cierta fragilidad de todo el sistema eléctrico, lo estamos viendo en este momento, que un frío intenso cancela la opción del gas (enviado desde Texas, EE. UU.), y esto cierra plantas. En cuanto a las hidroeléctricas de CFE, la mayoría son viejas, las que usan combustóleo ya tienen 40 años y éste es otro factor de fragilidad.

“Lo que necesita el sistema eléctrico en México en general es mucha inversión en todo, y CFE y Pemex no tienen el dinero para hacer esas inversiones. El caso del gas nos remite al hecho de que Pemex dejó de producir gas; prácticamente el 90 por ciento del gas usado en México es importado. Esto nos habla de una gran vulnerabilidad.

“Se ha perdido la oportunidad de producir gas en México, aunque tiene un gran potencial de producción. Lo hay en yacimientos convencionales y en no convencionales; hay diferentes ubicaciones en Coahuila, Tamaulipas, sobre todo en el norte de Veracruz y también más al sur, en Tabasco, y en el mar.

“La razón por la cual no se ha desarrollado es que EE. UU. tiene gas muy abundante y muy barato; entonces es una oportunidad para México comprar ese gas. Pero el problema es que ese gas, en un caso crítico, no existe. México tendría que mirar hacia sus propias reservas, pero para eso se necesita de inversión privada”, explicó Shields, quien encabeza el proyecto Energía a Debate.

Además de estas limitaciones, comentó el experto, la decisión presidencial de reactivar las antiguas plantas con carbón y combustóleo rompe con el marco definido en la reforma energética de 2013, que establece la sustitución de los combustibles fósiles por las energías limpias como la que generan el viento y el sol, en cuya producción se han especializado los corporativos trasnacionales que han recibido autorizaciones desde 2013.

Durante el parlamento abierto que se realizó en la Cámara de Diputados, donde participaron especialistas para opinar sobre la reforma energética presidencial, se advirtió sobre las consecuencias legales de tirar los acuerdos con el exterior.

Roger González, titular de la Comisión de Energía del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), recomendó mantener el marco jurídico del sector eléctrico tal y como está ahora; porque si se modifica como lo propone la reforma presidencial, México entrará en conflicto con los acuerdos internacionales firmados en el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá (T-MEC).

Sin embargo, ningún argumento de orden sanitario, técnico y jurídico logra persuadir a los responsables del Estado mexicano en materia energética. En unos casos, porque están obstinados en que la CFE y Pemex recuperen la soberanía energética que tuvieron el siglo pasado y en otros porque hay de por medio intereses económicos personales.

En el primer caso se halla el Presidente, quien el 17 de febrero anunció que Petróleos Mexicanos (Pemex) había comenzado a vender combustóleo a la CFE para reactivar la generación de electricidad, con base en ese combustible en plantas como las instaladas en el estado de Guerrero.

En el segundo se ubica el senador morenista con licencia Armando Guadiana, quien el 19 de febrero declaró que la solución a la dependencia de gas hacia las compañías gaseras de Texas consiste en el uso del carbón para generar electricidad. Guadiana sostuvo esto no como experto en tecnologías energéticas, sino como empresario productor de carbón y el principal proveedor de esta materia prima a la CFE.

La crisis ya está aquí

La CFE atribuyó el gran apagón del 15 de febrero a un desbalance eléctrico ocurrido a las 7:48 horas por la carencia de gas natural en las centrales de ciclo combinado que generan energía eléctrica.

Casi dos años antes, el 22 abril de 2019, ya se habían registrado apagones masivos en Yucatán, Campeche y Baja California, que el titular de la CFE Manuel Bartlett atribuyó al “abandono de administraciones anteriores”.

“Baja California y la Península (Campeche y Yucatán) son dos temas que tenemos que atender con mucho interés, los dos tienen problemas, así nos los dejaron y ya el Presidente nos ordenó que tenemos que construir una central grande en la península para reforzar la generación de gas y llevar el gas necesario para esa zonaˮ, advirtió Bartlett en esa ocasión.

Además de responsabilizar a las administraciones anteriores, el director de la CFE justificó otro apagón masivo con el argumento de que éste fue propiciado por el incendio de 30 hectáreas de pastizales cercanos a las instalaciones eléctricas en Padilla, Tamaulipas. Este corte, ocurrido el 28 de diciembre de 2020, afectó a más de 10 millones de personas de 12 entidades federativas.

Para explicar las causas del incendio, la CFE presentó un documento de Protección Civil cuya validez legal fue desacreditada por la coordinación general de esta dependencia del gobierno de Tamaulipas, porque exhibiendo el folio, logotipos y firmas de esta oficina, muy diferentes a las que aparecían en el oficio de la CFE, cuyo texto era apócrifo; la dependencia estatal afirmó, además, que no había habido ningún reporte de incendio en ese lugar.

El 16 de febrero, el Clúster de Energía de Coahuila, A.C. divulgó un comunicado en el que señaló que la política energética del gobierno actual lleva un rumbo equivocado y no se encamina a asegurar la soberanía energética del país. Mientras esta política se mantenga, explicó, se registrarán problemas en el suministro de energía eléctrica y su costo público se incrementará.

“Afectará directamente el bienestar de los hogares y la competitividad de las empresas. Y estas consecuencias, graves para el país, que afectan a todos los mexicanos, y aun más a los más pobres, Presidente: estas consecuencias son de su exclusiva responsabilidad. Basta ya de culpar al pasado.  Asuma su responsabilidad”, decía el texto.

La misma organización civil afirmó que, contrario a lo que sostiene el Presidente, el país contaba con un plan, elaborado por gobiernos anteriores, que garantizaba el suministro de gas, pero que su administración suspendió sin considerar las consecuencias. El comunicado del Clúster dice:

“1.- Sí había un plan para la extracción de gas. El Plan Quinquenal 2015-2019 de licitaciones preveía la licitación de 128 bloques de exploración y extracción de hidrocarburos, incluidas áreas de yacimientos no convencionales ricos en gas natural, localizados en Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas. Este gobierno suspendió las licitaciones y canceló las asociaciones de Pemex con empresas privadas, lo que ha comprometido seriamente la producción futura de gas.

“2.- Como parte de la Reforma Energética, en la Ronda Cero se asignaron a Pemex los bloques con la mayor certidumbre en cuanto a la extracción de hidrocarburos, entre los que se encuentran importantes yacimientos de gas natural, cuyo aprovechamiento ha sido anulado por la actual administración.

“3.- Para el caso de Coahuila, Pemex suscribió en 2018 un contrato de servicios por cinco años con una empresa privada para la exploración y extracción de gas natural en el campo Olmos, municipio de Hidalgo. El gobierno del Presidente López Obrador suspendió la ejecución de este contrato, lo que impidió la operación de pozos que en este momento estarían produciendo 117 millones de pies cúbicos diarios de gas natural, en solo uno de los cuatro campos asignados a Pemex en la región norte del estado.

“4.- Ni la refinería de Dos Bocas, ni la rehabilitación de las existentes, suplen la producción de gas. La función principal de estos complejos es la producción de gasolinas”.

El Presidente niega la crisis

El 15 de febrero de 2021, AMLO declaró que no habría apagones en el país, porque ya se había atendido el problema. Esto mismo expresó con respecto a los apagones de 2019. En su mañanera del 26 de julio de ese año, informó:

“Empezaron a hablar de que nos íbamos a quedar sin luz, y que por eso había que permitir el que participaran los particulares. Entonces no queremos que ahora se le dé crédito a una campaña de esta naturaleza”. Y añadió: “porque lo primero que he hecho es reunirme con los técnicos y de manera directa preguntarles: ¿Tenemos capacidad de generación de energía eléctrica?, ¿Hay riesgos de quedarnos sin energía eléctrica?, ¿Puede haber apagones?, ya la respuesta es no, tenemos energía eléctrica suficiente”.

Después de la suspensión del suministro eléctrico del 15 de febrero de este año, tanto la CFE como el Cenace anunciaron medidas emergentes para estabilizar el servicio, entre ellas cortes de energía rotativos en varias zonas del país, además de que se pidió a la población y a las industrias que suspendieran el uso de energía no prioritario en las horas pico. En los años 70, esta campaña se denominó “afloja un foco”.

Esos apagones afectaron zonas de los estados de México, Guerrero, Michoacán, Veracruz, Morelos, Puebla y Tlaxcala y el Cenace informó en Twitter: “ante el aumento de la demanda en el pico vespertino y nocturno, es decir, a partir de las 18.17 horas (00.17 GMT) de este lunes y para conservar el balance carga-generación se llevan a cabo cortes de carga rotativos”.

Reportó que fue porque los proveedores de gas natural instalados en Texas detuvieron el envío del energético debido al congelamiento de sus ductos, dejando sin combustible a las plantas de ciclo combinado de la CFE, que dependen de ese insumo para operar.

Los apagones no solo tuvieron repercusiones en el ámbito doméstico, sino también en los sectores comercial e industrial; en esta rama productiva, las más afectadas fueron las empresas manufactureras de la zona norte del país.

El 17 de febrero, la Secretaria de Economía, Tatiana Clouthier, reportó en su cuenta de Twitter haber contactado con funcionarios del gobierno del presidente Joe Biden para solicitar la reanudación del abastecimiento de gas natural a México, con lo que reconoció implícitamente las graves consecuencias que los apagones están provocando a la industria mexicana. “Sabemos los momentos que viven también allá, mas de no actuar en conjunto, los resultados podrían ser más complicados”, explicó.

El 15 de febrero, cuando sobrevino el apagón masivo en el norte del país, el gobierno de Texas había convocado a las empresas productoras de gas asentadas en su territorio a que limitaran, hasta el 21 de febrero, la exportación del combustible para garantizar el consumo doméstico ante la oleada de intensos fríos que asolaba a esa entidad estadounidense.

De acuerdo con datos de la Confederación de Cámaras Industriales (Concamin), el 80 por ciento de la electricidad generada en el país depende del gas estadounidense, y solo el 20 por ciento es local.

Francisco Cervantes, presidente de la Concamin, advirtió el 18 de febrero, en su red social, que ese 80 por ciento de dependencia externa en materia de gas obliga al gobierno a encontrar una forma de suministrar al país el combustible porque, de lo contrario, el impacto a las industrias y a la vida cotidiana será dramático.