En esta región de Cuba, el imperialismo estadounidense tiene la única base militar ubicada en un país con el que no sostiene relaciones diplomáticas y el eslabón más siniestro de su cadena de terror fascista, porque en ella mantiene en secuestro, prisión y tortura a cientos de individuos sólo porque los considera enemigos. 

Situada en el corazón de la Cuenca del Caribe, el también llamado “Mediterráneo americano” es utilizado por los estrategas gringos como un sismógrafo para medir los movimientos telúricos de sus relaciones con Cuba. Desde el descubrimiento de América en 1492, este territorio fue objeto de las disputas entre Inglaterra, Francia y España.

Estados Unidos (EE. UU.) ganó su control sobre la isla cuando el primer presidente cubano, Tomás Estrada, lo arrendó por “el tiempo necesario” a cambio del pago de dos mil dólares en monedas de oro. El gobierno de la Revolución Cubana (1959-1962) rechazó este pago y exigió la devolución del territorio y el cierre de la base militar.

Desde este enclave, el imperialismo estadounidense proyecta su poder sobre el Atlántico, amaga a la Revolución Cubana, al Caribe y a todos los países de América Latina con operativos de intimidación militar y saqueo económico.

Neofascismo colonial 

NSGB es la clave de la estación naval de EE. UU., que ocupa 117.6 kilómetros cuadrados de tierra cubana: 50 en tierra firme y el resto en pantanos y mar. La separa de Cuba una zona colchón de dos kilómetros, sembrada con minas y sofisticada vigilancia electrónica que la convierten en la más hermética y vigilada del mundo, según el historiador Laurent Duteil.

Guantánamo es, de hecho, una colonia y un puesto de avanzada de operativos imperiales. En la década de 1990, el expresidente de EE. UU., William Clinton, le asignó la misión adicional de concentrar a refugiados haitianos y cubanos rescatados en el mar mientras migran hacia la Unión Americana.

La base cobró notoriedad cuando el también expresidente George Walker Bush ordenó la “cruzada contra el terrorismo” y el Congreso de EE. UU. lo autorizó legalmente para que su país se vengara de los ataques del 11 de septiembre de 2001 con operaciones militares en el extranjero sin su supervisión.

Fue así como se creó el centro de detención en la base de Guantánamo en los campos X-Ray, Delta e Iguana. En ellos se confinó a los “combatientes ilegales”, bautizados así para negarles el estatus de prisioneros de guerra establecido por las Convenciones de Ginebra.

El 11 de enero de 2002 aterrizó en el aeropuerto Leeward Point del enclave el primer avión C-17 con 20 prisioneros que poco después totalizaron 780. Se les recluyó en estrechas celdas e interrogó sin defensa bajo tortura física y psicológica activada por contratistas privados y militares. 

Gitmo operó en secreto e ilegalidad, aunque hubo militares de carrera que discreparon con autoridades estadounidenses para evitar las órdenes brutales del Departamento de Defensa del gobierno estadounidense (Pentágono), afirma la directora del Centro de Seguridad Nacional de Fordham, Karen Greenberg.

Según el informe 2023 del relator especial de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) sobre ese centro de detención es “reveladora la profundidad, gravedad y evidente naturaleza de daños físicos y psicológicos que aún hoy sufren muchos detenidos, así como las violaciones a sus derechos humanos”.

El trato cruel, inhumano y degradante infligido a los cautivos, todos hombres y musulmanes, traspasó los muros de esa terrible fortaleza, y la palabra Gitmo recorrió el mundo como sinónimo de la arbitrariedad imperial estadounidense.

En la entrega de premios de periodismo de la Fundación Ford 2009, el empresario, exdirector de Halliburton y exvicepresidente Dick Cheney afirmó que Guantánamo contenía “lo peor de lo peor”. Al adelantarse a las críticas, dijo que la única alternativa del gobierno era matar a los sospechosos de terrorismo.

Después de multitudinarias protestas, en junio de 2006 la Corte Suprema de EE. UU. declaró ilegales esas prácticas, pero la Casa Blanca no acató el dictamen y alegó que la base militar de Guantánamo no rendía cuentas a tribunales civiles, recuerda Benjamín R. Farley, del grupo jurídico Reprieve.

Así como hace 23 años EE. UU. violó el derecho internacional en esa región de Cuba, hoy lo hace con los migrantes ilegales detenidos en su territorio. Los retuvo sin imputarles cargos, sin derecho a juicio y en detención indefinida. Por eso Guantánamo es el símbolo de la injusticia y el abuso.

Esta saña aplicada a cautivos contra los que no hay pruebas sustantivas de inteligencia militar y judicial de que actuaron como terroristas costó a los contribuyentes de EE. UU. más de cuatro mil 450 millones de dólares (mdd) entre 2010 y 2015.

“Ahora cuesta 44 millones de dólares mantener a los restantes 15 cautivos, contra 13 millones anuales que pagaba en 2019, cuando retenía a 40 personas. Y al final, ese costo no se traduce en eficiencia”, denunció Mike Lehnert. 

Aliados cooperativos

Ver a decenas de hombres capturados descender de aviones en tierra extranjera y en condiciones de inmovilidad, recuerda las cacerías humanas que los estrategas de Bush urdieron en los años 90. “Cazar, someter y ocultar a objetivos terroristas, lejos del escrutinio público”, fue la consigna.

Cuando el Congreso de EE. UU. autorizó a Bush esas cacerías, la Agencia Central de Inteligencia (CIA) negoció con agencias homólogas de Europa, Asia y África su cooperación; a cambio ofreció ayuda económica y del olvido de sus excesos políticos, corruptelas, deudas y apoyo militar estratégico.

Así se pactaron los operativos de captura de rivales políticos antioligárquicos y antiimperialistas en el extranjero, que se denominaron “entregas extraordinarias” de terroristas. Dichos gobiernos fueron cómplices de detenciones forzosas, juicios extrajudiciales, torturas y violaciones contra personas a las que aislaron en prisiones secretas (black sites) sin dar explicaciones.

En 2009 el Parlamento Europeo reveló que el silencio en torno a estos “hoyos negros” planteó la necesidad de realizar “cambios necesarios en las reglas del juego internacionales” y en la “rendición extraordinaria” de los prisioneros políticos. 

Entre 2002 y 2008 el modelo funcionó, según el Informe 2014 del Senado de EE. UU., que a solicitud de Reprieve fue desclasificado (en parte). Se ocultó qué países respaldaron ese operativo ilícito e inmoral. Sí revela que Washington usó 17 buques militares y civiles en mares del Reino Unido, donde retuvo a 26 mil personas, de las que se abusó en interrogatorios. 

Antes del 6 de septiembre, los flamantes eurodiputados autorizaron, con 356 votos a favor y 76 abstenciones, al menos mil 245 viajes de naves estadounidenses sobre Europa en los que la CIA transportó sospechosos de terrorismo, operación que George Bush admitió después de las denuncias de activistas de derechos humanos y el senador suizo Dick Marty.

En 2012, la Corte Europea de Derechos Humanos estableció “más allá de duda razonable” el secuestro, rendición obligada y tortura de Khalid el-Masri en Macedonia, para trasladarlo a Afganistán. En 2014, el expresidente de Polonia (1995-2005) aceptó que en su país alojó un centro clandestino de la CIA con la condición de que las actividades “fueran de acuerdo con la ley”.

Informaciones de periodistas, organizaciones no gubernamentales (ONG) y plataformas como WikiLeaks mostraron que 54 gobiernos aceptaron la instalación de 100 centros de reclusión secretos de la CIA; entre ellos estuvieron los de Arabia Saudita, Azerbaiyán, Djibuti, Bosnia, Chipre, Etiopía, Egipto, Gambia, Israel, Kenia, Kosovo, Lituania, Mauritania, Macedonia, Marruecos, Pakistán, Polonia, Qatar, Rumania, Somalia, Tailandia, Reino Unido, Uzbekistán, Yemen y Sambia, así como en la base afgana de Bagram y la prisión iraquí de Abu Ghraib.

Hoy resulta por demás paradójico que muchos de estos países cómplices y que se creían aliados de EE. UU. estén siendo amenazados con la imposición de altos aranceles y que deben invertir al menos el dos por ciento de su Producto Interno Bruto (PIB) en armamento que les venderá el Complejo Industrial Militar de EE. UU. 

Economía carcelaria global

La conversión de la base naval de Guantánamo en prisión de sospechosos de terrorismo y recientemente en centro de detención migratoria es definida por los especialistas Andrew Kornfeld y Esul Burton como “economía carcelaria globalizada”. En la era de Bush se recurrió a ella para frenar el tráfico de políticos extranjeros y ahora Donald Trump la utiliza para evitar el tráfico de migrantes y para encarcelarlos.

El plan de Trump de usarla como recinto carcelario de migrantes tiene como propósito reforzar su imagen de xenófobo y poderoso. En su primera presidencia impidió su cierre y explicó que su clausura o la liberación de los detenidos daría la impresión de un EE. UU. débil ante el terrorismo. 

Por esa idea, el pasado cinco de febrero, a las 7:20, llegó a Guantánamo el avión C.17 procedente de El Paso, Texas, como el primer vuelo con migrantes, según confirmó el Comando de Transporte de EE. UU. Descendieron 10 pasajeros, señalados por el Departamento de Seguridad Interior como “sospechosos de pertenecer al grupo criminal Tren de Aragua”.

Detrás de esa acción está la primera legislación que Trump promovió en este su segundo mandato: la durísima Ley Laken Riley, que respaldan algunos demócratas y que tiene como objetivo confinar en Guantánamo a “los peores” inmigrantes indocumentados en “un lugar difícil de abandonar”.

Además, instruyó a la Secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, para que la base opere como Centro de Reclusión de Migrantes. En marzo, ella viajó a El Salvador y visitó el Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot) donde se fotografió portando armas de alto poder con decenas de migrantes venezolanos que previamente fueron despojados del patrimonio que habían logrado en EE. UU. 

En alusión a ese recorrido y la ostentación del lujoso Rolex Cosmograph Daytona que Noem portaba, Joseph  Bernstein tituló en The New York Times: “¿Qué te pones cuando visitas una de las prisiones más tristemente célebres del mundo?”.

Noem, que gobernó Dakota del Sur (2007-2011) y evita hablar del robo de tierras a indígenas y del descontento de dos tercios de su población al final de su gestión, optó por dialogar con Nayib Bukele, el autodenominado “dictador mas genial del mundo” y que mantiene a su país en estado de emergencia desde 2022.

Después de pactar con EE. UU. para convertir su país en depósito de migrantes secuestrados, Bukele es visto no como aliado de Trump, sino como ejemplo de las fuerzas fascistas y cripto-carcelarias, dice la analista Lya Cuéllar.

Bukele, como Trump, se respalda en la oligarquía de El Salvador e intenta acallar las denuncias de tortura, confinamiento indefinido y trabajo esclavo. Los medios de prensa de su país le aplauden el trato infame que se da a los detenidos en un país en que marzo de 2022 fue declarado el mes más violento del siglo, informa Spencer Ackerman. 

Bukele aceptó ingresar a los migrantes venezolanos bajo la fórmula de “entrega extraordinaria”, ideada por los estrategas de George Walker Bush en su “cruzada contra el terrorismo” en los años 90. 

Hoy en Guantánamo residen cuatro mil 800 personas, entre civiles, militares y sus familias, bajo la administración de la Fuerza de Tarea Conjunta de EE. UU. Después de 23 años ha vuelto a recibir personas escoltadas por guardias armados, esposadas y forzadas a caminar con la cabeza y la mirada baja. Ésta es la imagen visual del imperialismo yanqui.

El ¡no! de Cuba

El 25 de febrero marcharon en la ciudad de Guantánamo más de 50 mil personas para pronunciarse en favor de la paz, en defensa de la soberanía cubana y en contra de la decisión de Donald Trump de trasladar a decenas de miles de deportados a esa base naval estadounidense que ilegalmente está instalada en ella.

Este enclave gringo, además de violentar la soberanía de la mayor isla de las Antillas y de agudizar al extremo el sexagenario y genocida bloqueo económico contra once millones de personas, incumple las leyes internaciones. 

Por ello, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Cuba (Minrex) advirtió que el envío de migrantes a ese base no sólo acrecienta el riesgo de inseguridad en esa región, sino que amenaza la paz y la estabilidad social de la población cubana que se halla en los alrededores. 

El Minrex recordó que Guantánamo “no pertenece a EE. UU.” sino que es porción de Cuba bajo ocupación militar ilegal y contra la voluntad de los cubanos y que para el mundo es un espejo de la “inmoralidad imperial” estadounidense.