El nuevo paquete fiscal aprobado por los diputados confirma la ruta del gobierno: más recaudación, pero sin tocar los viejos privilegios del uno por ciento más rico de nuestro país. En la recién aprobada Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS), Morena y sus aliados autorizaron aumentos a productos populares como refrescos, sueros y bebidas con edulcorantes, cigarros y videojuegos violentos.

La Ley Federal de Derechos también fue modificada, ahora entrar a los museos y zonas arqueológicas del Instituto Nacional de Antropología e Historia costará hasta el doble (como en Teotihuacán o Chichén Itzá), y se incrementaron los cobros migratorios para turistas. El argumento oficial consiste en implementar “impuestos saludables” y “ajustes por inflación”; pero en realidad se trata de una recaudación por la vía fácil: cobrar más al consumo y a los servicios públicos.

Pero lo más importante de todo esto radica en lo que no se tocó. No volvió a haber ninguna modificación al Impuesto Sobre la Renta (ISR) para grandes patrimonios, ni impuestos a las grandes herencias, ni gravámenes al gigantesco capital financiero. Tampoco se cerraron los mecanismos de evasión y elusión fiscal utilizados por las grandes corporaciones para reducir su carga tributaria efectiva.

Según el Informe de Finanzas Públicas 2024, elaborado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la estructura tributaria mexicana descansa casi completamente en los impuestos al consumo. El Impuesto al Valor Agregado (IVA) y el IEPS representan cerca del 55 por ciento de toda la recaudación, lo que significa que los hogares de ingresos medios y bajos mantienen al Estado mexicano.

En contraste, los grandes contribuyentes, empresas con ingresos superiores a mil millones de pesos (mdp) anuales, pagan cada vez menos. De acuerdo con el Servicio de Administración Tributaria (SAT), más del 50 por ciento de éstos no cubrió su ISR completo en 2023 gracias a deducciones, consolidaciones y diferimientos permitidos por la ley, es decir, el pago de impuestos se esfuma en trucos contables que los ricos conocen muy bien.

Eso explica por qué México destaca entre los países con menor recaudación de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos: apenas 16 por ciento del Producto Interno Bruto, muy lejos del promedio regional de 34 por ciento. Y eso no se debe a que “la gente no pague”, sino a que el sistema está diseñado para proteger a los más ricos. Este solapamiento se evidencia al comparar la tasa legal del ISR que la ley mexicana fija en 30 por ciento para las empresas.

Para ponerlo en perspectiva, por ejemplo, un trabajador con salario mínimo –unos siete mil 500 mensuales– no tiene escapatoria: su patrón le retiene el impuesto y termina aportando cerca del 10 por ciento de su ingreso, sin posibilidad de deducir nada. Un pequeño comerciante que factura, digamos unos 170 mil mensuales, puede descontar gastos de operación y paga alrededor de 10 o 12 por ciento.

En cambio, una gran corporación con utilidades de más de 160 mdp al mes, usa todo tipo de deducciones, pérdidas fiscales e intereses entre filiales para reducir su carga hasta seis por ciento o menos. En lugar de los 48 mdp que debería pagar por ley, entrega apenas nueve o 10 mdp.

En este sentido, según el Comité de Oxford para el Alivio del Hambre México, este tipo de desigualdad fiscal explica que, de cada 100 pesos de ISR recaudados por el SAT, sólo tres provienen del uno por ciento más rico. El resto lo aportan asalariados, pequeños negocios y medianas empresas. Así opera la estructura tributaria mexicana: el trabajador paga lo que debe “sí o sí”, el pequeño comerciante paga lo que puede y el gran corporativo paga lo que quiere.

Es por esto que a México le urge una reforma fiscal progresiva que haga pagar más a los más ricos. No se trata de castigar la riqueza, sino de ponerla al servicio del país. Sin esa transformación, el Estado seguirá dependiendo del IVA, del IEPS y de los impuestos al consumo popular, mientras los grandes capitales continúan protegidos por un sistema diseñado a su medida.

En otras palabras, no puede haber justicia social posible si el uno por ciento más rico paga tasas simbólicas mientras el resto del país sostiene al Estado con el consumo diario. ¿Podría Morena romper con esa lógica y emprender una reforma fiscal progresiva verdadera? Todo indica que no. Porque Morena ya no actúa como un partido del pueblo, sino como un partido del sistema que administra los privilegios del uno por ciento más rico.