El robo de gas licuado de petróleo (LP) en Veracruz ya no es clandestino porque se ha convertido en una arista más de la visible economía informal en vastas regiones del estado.
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Tras el desalojo carretero y persecución en San Antonio Limón Totalco, donde fueron asesinados los hermanos Alberto y Jorge Cortina, el pasado 19 de junio, el gobierno de Veracruz anunció la desaparición de la Fuerza Civil y dejó únicamente un mando operativo único bajo la dirección de la Subsecretaría de Operaciones de la Secretaría de Seguridad Pública.
A través de un comunicado, la Secretaría de Gobierno indicó que el cambio estructural se llevará a cabo sin interferir en las investigaciones en curso por parte de las fiscalías correspondientes. Asimismo, subrayó que serán respetados durante el proceso, los derechos de los elementos policiales y las garantías laborales de los administrativos.
El proceso de desmantelamiento de la Fuerza Civil será monitoreado de cerca por diversas instancias gubernamentales para asegurar una transición ordenada y justa para todos los involucrados. Las investigaciones sobre el incidente del 19 de junio continuarán, con la promesa de que no habrá impunidad y que se buscará justicia para las víctimas y sus familias.
Además de la disolución de la Fuerza Civil, las organizaciones de Derechos Humanos y colectivos ciudadanos exigieron que se realice una “investigación exhaustiva” sobre los hechos de San Antonio Limón Totalco y han exigido justicia para los hermanos Cortina.
El robo de gas licuado de petróleo (LP) en Veracruz ya no es clandestino porque se ha convertido en una arista más de la visible economía informal en vastas regiones del estado.
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Escrito por Carolina Ruvalcaba
Periodista con casi 20 años de experiencia en el medio.