Seguramente recordarán como Andrés Manuel López Obrador, antes de llegar a la presidencia, criticaba todos los días la situación del país, decía tener la solución a los problemas que nos aquejaban y no dejaba pasar desgracia alguna para reprochar al presidente en turno su mala gestión, exhortándolos por ello a renunciar. Hoy que ya es presidente, esas soluciones para construir un México mejor que pregonaba, se muestran como promesas sin fundamento o mentiras evidentes que sólo sirvieron para obtener el voto de los mexicanos para llegar al poder. Debido a que el presidente nunca tuvo un proyecto ni ideas claras de cómo gobernar, hoy el país es un desastre y estamos peor que antes: hay más pobreza, más desempleo, inflación, aumento de la delincuencia, feminicidios todos los días, miles de desplazados por la violencia, no hay servicios de salud, ni medicinas, ni vacunas para los niños, etc.; y el gobierno no hace nada para remediarlo.

Para tapar su incompetencia, el presidente y su partido han echado mano de todo el poder del estado para imponer sus decisiones, distraer la atención de los asuntos relevantes, perseguir opositores y a quienes critican su mal gobierno. Uno de estos mecanismos es la facultad establecida en los artículos 89 y 92 de la Constitución, que le permiten al presidente de la República, para el buen despacho de los asuntos, expedir decretos o acuerdos para ordenar o establecer acciones o medidas necesarias, relacionadas con algún tema de importancia nacional. Tales disposiciones normativas no pueden ser contrarias a la Constitución, pues son reglas de menor jerarquía, y tampoco pueden modificar o alterar el contenido de una ley, por lo que no se puede por ello, usurpar las funciones del Congreso de la Unión.

Como dijimos, el presidente ha usado estos acuerdos o decretos para imponer sus decisiones, extralimitándose muchas veces en los alcances que estos instrumentos de gobierno pueden tener. Ejemplo de ello, es el Acuerdo del Ejecutivo emitido el 11 de mayo de 2020, donde el presidente dispuso que las fuerzas armadas realicen acciones de seguridad pública hasta marzo de 2024 (el cual fue impugnado ante la Suprema Corte) con el que, contrario a lo prometido en campaña, López Obrador respaldo que 80 mil militares estén en las calles realizando labores de policía, la cifra más alta desde que el entonces presidente Felipe Calderón comisionó a las fuerzas armadas para ello; medida que no ha servido para mucho, pues la violencia y la delincuencia en México crecen día con día.    

Otro ejemplo es el Acuerdo emitido el 22 de noviembre de 2021 por el que el presidente determinó que las obras y proyectos del Gobierno de México serían considerados de interés público y seguridad nacional, con el cual ordenó a las secretarías simplificar trámites administrativos y permisos (como la Manifestación de Impacto Ambiental) para su realización, evitar entregar información relacionada con tales obras y dificultar que los amparos promovidos por la sociedad civil, sirvieran para suspender su construcción, como ocurrió con el Aeropuerto de Santa Lucia y, en estos días, con el Tren Maya, donde el gobierno está devastando la selva.

Ahora, por el fracaso que está resultando el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, donde sólo hay seis vuelos diarios, el Subsecretario de Transportes dijo en una entrevista hace unos días, que se expedirá un decreto para limitar las operaciones del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México en un 20% pues está saturado. Aunque afirmó  que tal decreto no es para obligar a las aerolíneas a volar desde el Felipe Ángeles, es evidente que tal decreto buscará precisamente eso ya que, a pesar de las presiones gubernamentales, las aerolíneas no ven rentable volar desde tal terminal aérea. Al presidente le urge tal cosa, de lo contrario, el aeropuerto que con tanto orgullo inauguró prematuramente en marzo pasado, se podría convertir en evidencia del fracaso de su gobierno.

La facultad del presidente de emitir decretos o acuerdos no es nueva en el sistema mexicano y es necesaria para hacer más eficientes los procesos al gobernar. Pero, en este sexenio, ante el fracaso de su gestión, el presidente pretende lograr a punta de decretos lo que no ha podido hacer por falta de interés, conocimiento y, sobre todo, por carecer de un proyecto serio y científico de país, donde se privilegie el bienestar de los mexicanos, por encima del interés por el poder.