Al rendir protesta el 1º de diciembre de 2018, el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) ofreció combatir la pobreza “como nunca se ha hecho en la historia” y prometió solemnemente que “no se condenará a quienes nacen pobres a morir pobres” porque “todos los seres humanos tienen derecho a vivir y ser felices".  Expresiones que remarca en sus conferencias matutinas diarias y profusamente divulgadas no solo por los medios de comunicación tradicionales sino también por las redes sociales.

Es evidente que el sistema de comunicación política de la Cuarta Transformación (4T) construye un México ideal y feliz para una población severamente lacerada por 36 años de neoliberalismo y urgida de vías reales de movilidad social para salir de la pobreza y del acoso de una implacable realidad representada por el desempleo masivo y la violencia delictiva.

En ese lapso, la estructura económica neoliberal no ha sido tocada y la brecha en la distribución del ingreso en el país tiende a profundizarse en vez de disminuir, según la organización internacional Oxfam, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Celap), el Centro de Análisis Multidisciplinario (CAM) de la UNAM, el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) y el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

Otros indicadores que refuerzan la perseverancia de la política económica de México sobre la ruta del neoliberalismo, es la evidente disposición del nuevo aparato estatal de mantener su buena relación con las corporaciones trasnacionales y nacionales; de no alterar en lo posible el sistema de explotación de la mano de obra barata mexicana al servicio de la industria maquiladora; permitir la extracción de los recursos naturales nacionales y distraerse de la urgente necesidad de formular un plan de desarrollo industrial y agrario para recuperar el mercado interno y la soberanía alimentaria y energética, ambas comprometidas con Estados Unidos (EE. UU.), de cuyo mercado se importan en dólares el 60 por ciento de los alimentos y el 90 por ciento de las gasolinas, el gas y otros productos petrolíferos. 

El último año en que hubo mediciones confiables sobre la pobreza fue 2016, cuando el gobierno de Enrique Peña Nieto, según analistas especializados, ordenó matizar las estadísticas con el objetivo de ocultar el crecimiento de la marginación, el fracaso de su política social y evitar impactos negativos para el Partido Revolucionario Institucional (PRI) en las elecciones de presidenciales de 2018.

En 2016 se detectado la existencia de 53.4 millones de pobres y que la tendencia de la pobreza iría creciendo. El 30 de agosto de 2017, el comunicado 09 de la Coneval reportó que “el número de personas en situación de pobreza en 2016 (53.4 millones) fue menor al reportado en 2014 (55.3 millones), aunque mayor que en 2012 (53.3 millones) y que en 2010 (52.8 millones)”.

Gobernanza y control electoral 

José Luis Espinosa Piña, presidente de la Comisión Mexicana de Derechos Humanos (CMDH), dijo a este semanario que efectivamente Peña Nieto reventó la medición de la pobreza en la parte final de su administración, pero precisó que el gobierno de la 4T ha recortado desde ahora el presupuesto destinado a la realización de estadísticas oficiales que sirven tanto para medir índices de pobreza como para rendir cuentas de la administración pública. Por ello, además, “no vamos a tener información de primera fuente para poder hacer la planeación nacional que es muy importante.

“El gobierno de Peña Nieto manipuló los datos, y esto fue porque salía mal parado el manejo de los programas sociales de Rosario Robles (Exsecretaria de Desarrollo Social) y se exhibía como pésima la utilización de los recursos para el combate a la pobreza. Con Rosario Robles se utilizaron los programas sociales con fines electorales y ahora no tenemos información fidedigna. Tenemos un desastre, manchas como la estafa maestra y triangulaciones, lo que perjudicó mucho a los programas asistenciales del gobierno”, explicó el presidente de la CMDH.

Cuando se adujo a Espinosa Piña que el presidente López Obrador advirtió que para efectos de mayor transparencia, la entrega de apoyos sociales se hará directamente a los beneficiarios mediante el uso de tarjetas bancarias –emitidas por Banco Azteca, de Ricardo Salinas Pliego, miembro del consejo asesor presidencial- comentó: “Lo que va a suceder es que estos recursos que tenían como objetivo sacar a la población de la pobreza tendrán un fin electoral para mantener a la gente ahí, rehén de las dádivas y programas sociales; muy conveniente para un gobierno populista que quiere mantener bases electorales. Les va a dar, va a financiar, pero no va a promover su movilidad social.

“Es una perversión de todo programa social serio en cualquier parte del mundo.

Un programa con un claro sentido social promueve la movilidad, que las personas no sigan estancadas; promueve, además, que el financiamiento sea temporal mientras se solucionan las cosas, con apoyos adicionales para que la gente estudie o se autoemplee o genere una microempresa, como se hizo en la India y en otros países. Pues no, aquí es meramente asistencial, dádiva sin repercusión a cambio, y esa es la peor de las perversidades porque mantiene una muy conveniente base de simpatizantes, sin rendir cuentas a la sociedad, ni a ningún instituto que lo verifique ni a los partidos en las cámaras ni a nadie”, enfatizó el activista social. 

Senda de AMLO parecida a la neoliberal

El despegue económico de México que el régimen neoliberal prometió hace 36 años sigue pendiente, pues el promedio del crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) ha sido del dos por ciento anual, cifra muy debajo del mínimo cuatro por ciento que los expertos en economía estiman que es necesario sacar al país del atolladero. Por ello no se generan los dos millones de empleos anuales que se requieren para cubrir la demanda de los puestos formales y, en el mejor de los casos, bien pagados.

Por esta razón, asimismo, los ingresos vigentes no logran acotar la pérdida del poder adquisitivo del 77 por ciento que sufrieron en las tres décadas pasadas, según los especialistas del CAM de la UNAM. El trabajo se ha precarizado a pasos agigantados y en este marco ha empezado a tomar impulso una nueva etapa de lucha laboral por la defensa de sus legítimos derechos, como se ha observado recientemente en Matamoros, uno de los bastiones de las maquiladoras corporativas, así como en algunas movilizaciones en la Ciudad de México (CMDX).

Los datos de la Coneval arrojan que de las 53.4 millones de personas que vivían en pobreza en 2016, por hoy, 11.4 millones se ubicaban en pobreza extrema y 43.9 millones en pobreza moderada. Entre las varias categorías de la pobreza, destaca la de ingresos, debida a que los salarios laborales son inferiores a los montos monetarios requeridos para alcanzar la línea de bienestar. Por ello número de pobres en ingresos equivalen al 53.2 por ciento del total de pobres del país.

En el país hay 20 millones de trabajadores formales –es decir tienen servicios sanitarios y de seguridad social- pero otros 32 millones de trabajadores laboran en la informalidad y carecen, por lo mismo, de ingresos estables y de garantías laborales; y al menos otros cinco millones trabajan en empresas terciarias (outsourcing) que les escamotean sus derechos, esto “gracias” a la reforma laboral (2012). De acuerdo con el Inegi la Población Económicamente Activa (PEA) se integra con 52 millones de personas en México.

El pasado 17 de diciembre se anunció en el marco del inicio de la 4T un aumento a la cuota del salario mínimo (SM), que subió de 88.36 a 102.68 pesos diarios a partir del 1º de enero de este año para beneficio de seis millones de trabajadores; aunque en el caso de segmento ínfimo tuvo un incremento doble y recibe desde entonces 176.72 pesos en la zona libre de la frontera norte que abarca un municipio de Nuevo León; cinco de Baja California; ocho de Coahuila; ocho de Chihuahua y 10 de Tamaulipas (entidad en donde trabajadores de las maquiladoras de Matamoros estallaron huelgas porque los empresarios se negaron a cubrir el incremento).

Los beneficiarios del aumento de 14.32 pesos diarios al SM a nivel nacional fueron dos millones 76 mil 894, quienes en conjunto representan el 5.7 por ciento del total de asalariados y el 3.8 por ciento de la PEA, según datos la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos (Conasami). En porcentajes, los aumentos fueron del 16.2 por ciento a  nivel nacional y de 100 por ciento en el caso de la zona libre, área en la que a pesar de este incremento no alcanzó acortar significativamente el 77 por ciento de su pérdida en el poder adquisitivo, y como lo han remarcado expertos del CAM: “(…) los incrementos al salario mínimo general diario, tanto los de los gobiernos priistas, como panistas, como los de Morena, no pueden ser ‘salario digno’ como se ufanan, porque en realidad son migajas. Como denunciamos en El salario mínimo: un crimen contra el pueblo mexicano y en el Reporte especial 131, el gobierno de AMLO no es franco del todo al maquillar nuestras cifras sobre el poder adquisitivo del salario. Nada cambia por decreto”.

Un “México feliz”

Desde el inicio del sexenio, las conferencias mañaneras de AMLO se divulgan profusamente en los medios de comunicación tradicionales y en redes sociales, incluso, en vivo, donde se desmenuza y remachaca el contenido de los apoyos que brindará el gobierno de la 4T. Todos los días el Presidente informa y exalta los inminentes beneficios de todo tipo que los mexicanos recibirán en breve. El más reciente de los programas dados a conocer son los créditos a la palabra o Tandas para el Bienestar, en cuya asignación el gobierno no pedirá firmas ni garantías.

En una reunión masiva celebrada en San Luis Potosí, el 29 de enero, el presidente detalló que este sistema crediticio “para todos los que lo soliciten” con el fin de montar un negocio, operará de la siguiente manera: “Se sacan seis mil pesos, pasan tres meses, al cuarto mes, empieza a pagarse 500 pesos mensuales. Se termina de pagar los seis mil pesos y en automático reciben 10 mil, terminan de pagar los 10 mil, reciben 15 mil, terminan de pagar los 15 mil y reciben 20 mil”. Luego de explicar este sistema de préstamos regalados y ascendentes, dijo: “esto es para un millón de beneficiarios”.

En el marco de su guerra contra los huachicoleros, AMLO se sacó de la manga otro programa asistencialista emergente cuando prometió que entregará ocho mil pesos a cada una de las familias de escasos recursos que habiten en las 91 comunidades aledañas a los ductos de Petróleos Mexicanos (Pemex), con el fin de que no se involucren en el robo de combustible. Con este nuevo programa,  según ha dicho el propio mandatario, ya suman 21 mil 712 los paquetes de apoyo social en marcha, entre los que resaltan los dos mil 550 pesos cada dos meses (equivalentes a mil 275 pesos al mes) para ocho millones de adultos mayores de 68 años en el que por cierto, el dadivoso gobierno de la 4T hizo truco porque elevó de 65 a 68 años un programa peñista anterior, con lo que redujo la cantidad de beneficiarios, aunque ciertamente aumentó al doble la pensión.

Otro de los programas asistencialistas consiste en el otorgamiento de becas a los estudiantes de bajos recursos, cuyo padrón está en proceso de elaboración sin que se hayan revelado los criterios socioeconómicos para determinar a sus beneficiarios. La beca más alta sería de dos mil 400 pesos, para el caso de los estudiantes de nivel superior. También figura el programa Jóvenes construyendo el futuro, con que el que otorgan tres mil 600 pesos a dos millones 300 mil jóvenes que no estudian ni trabajan (ninis) y tienen entre 18 y 29 años.

AMLO ha reiterado con insistencia que todo el dinero que recupere en su lucha contra la corrupción y en la reducción de gastos suntuarios en el gobierno de la 4T estará destinado a los programas sociales. En San Luis Potosí volvió a insistir en este proyecto de lucha contra la pobreza con las siguientes expresiones: “¿A dónde va a ir aparar ese dinero? ¡Al pueblo, todo lo que ahorremos¡ ¿Cómo se va a invertir ese dinero? ¡Reforzando los programas sociales!”.

Obviamente el Presidente de la República no ha explicado cómo va rescatar tanto dinero de la lucha contra la corrupción, tampoco cómo le va a hacer para recuperar el crecimiento de la economía del país. Es posible, desde luego, porque los mensajes políticos del gobierno de la 4T han logrado convertirse en verdades incontrovertibles y absolutas para un amplio sector social predispuesto a creer lo que dice el gran triunfador del 1º de julio pasado, y que desconoce la profunda magnitud de los grandes problemas nacionales.

Lo mismo, de otro modo

Pero los estudiosos de la economía, la sociología y la política han advertido con claridad que el excandidato presidencial en tres ocasiones (2006, 2012, 2018) y ahora Presidente de México está iniciando su periodo sexenal por la misma ruta económica y con las mismas políticas asistenciales utilizadas por cuatro de sus antecesores en la Presidencia de la República, para administrar la pobreza, inmovilizar a los pobres y de paso cosechar la compra de votos.

AMLO está utilizando las mismas modalidades de política social que entre  1994 y 2018 aplicaron los gobiernos del PRI y del Partido Acción Nacional (PAN) a través de los marbetes como el Programa Nacional de Solidaridad (Pronasol), de Carlos Salinas de Gortari, u Oportunidades de Enrique Peña Nieto; el Contigo de Vicente Fox y el Prospera de Felipe Calderón, que se enfocaron a la administración de la pobreza y a la cosecha de votos en las elecciones, olvidándose por completo de impulsar el crecimiento económico, fomentar la política industrial, resarcir del abandono al agro nacional y aplicar una reforma fiscal progresiva para gravar a quienes más ganan y más tienen.

El asistencialismo practicado por estos presidentes sirvió, asimismo, para que el sistema de libre mercado continuara apropiándose y destruyendo los recursos naturales del territorio nacional; aumentara la dependencia de la economía mexicana con respecto de la de Estados Unidos y, sobre todo, crecieran el desempleo, la pobreza y la marginación social de la mayoría de los mexicanos. Para analistas, los pasos de AMLO y el gobierno de la 4T se orientan hacia la misma tendencia de sus antecesores, y hace prácticamente lo mismo, aunque de otro modo y más barato.

El 23 de octubre pasado, la organización Acción Ciudadana Frente a la Pobreza divulgó el informe El Fracaso, reporte especial sobre los resultados del gobierno de México frente al hambre y la pobreza, que indica: “Este gobierno que está por terminar (el de Enrique Peña Nieto) no cumplió su compromiso. El fracaso se explica sobre todo por decisiones y políticas que no mejoran los ingresos ni el ejercicio de derechos básicos de millones de personas. México no es un país pobre. Esta situación no es normal. Estas políticas no deben mantenerse”. 

Para los investigadores y las organizaciones nacionales e internacionales especializadas en el análisis socioeconómico, la única estrategia para abatir realmente la pobreza es el crecimiento económico y la recuperación de los ingresos de las personas, los cuales evidencian una amplia desigualdad en el país; dos objetivos que brillan por su ausencia en el programa de gobierno de López Obrador.

Este aspecto relevante fue destacado el 15 de enero de este año por Alicia Bárcena, secretaria ejecutiva de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), cuando dio a conocer el estudio Panorama Social de América Latina 2018, que establece, por su grado de desigualdad y bajos niveles de ingreso, asociado a otros problemas como el bajo crecimiento económico, será hasta después del año 2035 cuando México quizás pueda reducir a la mitad la pobreza que padece su población mayoritaria.

El 4 de diciembre, la OCDE reportó que México se ubica en el último lugar en ingresos salariales entre los 37 países que integran esta asociación y también entre los últimos en el rubro de calidad en el empleo. Obviamente, lo insertó asimismo entre los países con menos desarrollo y con más pobreza debida a los bajos ingresos. Estos datos, sin embargo, son el principal atractivo del país para las maquiladoras de las empresas trasnacionales que explotan la mano de obra barata mexicana en la zona Norte del territorio nacional. 

Julio Berdegué, representante regional de la Agencia para la Alimentación y la Agricultura de la Organización de las Naciones Unidas (FAO), dijo, el 21 de noviembre pasado, que a México costarían entre 19 y 29 años reducir la enorme brecha que hay sus pocos ricos y sus muchos pobres. “En la región aún existen territorios que son verdaderas trampas de pobreza, incluso en países de ingreso altos. Persisten enormes brechas entre las posibilidades de desarrollo de los territorios urbanos y rurales: disminuir a la mitad la brecha que hoy existe entre el acceso a infraestructura básica y servicios educacionales de los jóvenes rurales, en comparación a los urbanos, tomaría entre 22 y 40 años en el Perú, entre 19 y 29 años en México y entre 17 y 41 años en Chile”, explicó.

Sin política fiscal progresiva 

A pesar de la ampliación de la brecha entre ricos y pobres los gobiernos del PRI y del PAN -y ahora el de la 4T que encabeza López Obrador- se negaron rotundamente a impulsar una reforma fiscal progresiva que permita una mejor distribución de la riqueza nacional, gravando el ingreso y la posesión de bienes en manos de un reducido sector de mexicanos, cuya acumulación solo ha sido posible por la gran mayoría de los 52 millones de trabajadores.

En el marco del Foro Económico de Davos, Suiza, la organización Oxfam reportó, el pasado 29 de enero, que el uno por ciento de los mexicanos ricos -aproximadamente un millón 300 mil personas- acumulan 40 de cada 100 pesos generados por el país, en tanto que el 50 por ciento más pobre solo accede a 3.5 pesos. El 14 de septiembre de 2017, la OCDE informó que México se ubicaba en el último lugar de las naciones en donde los impuestos no constituyen una vía para reducir la desigualdad. “Existen diferencias considerables entre los países, y la redistribución más exitosa se realiza en Irlanda con el 41 por ciento y la más débil en México 0.3 por ciento”. De paso lo situó como el país con los menores ingresos por persona de los 37 miembros de la organización de países, con el 17.4 por ciento, en tanto el de mayor fue Dinamarca con el 46.6 por ciento.

En su informe ¿Bienestar público o beneficio privado?, estudio sobre la situación global de la pobreza, la organización Oxfam sostuvo: “Nuestro sistema económico no funciona igual para todo el mundo. Cientos de millones de personas viven en la pobreza extrema mientras las élites más ricas obtienen enormes ganancias. A pesar de que el número de milmillonarios se ha duplicado desde el inicio de la crisis económica y sus fortunas crecen a un ritmo de 2,500 millones de dólares al día, las élites económicas y las grandes empresas tributan a los tipos más bajos de las últimas décadas.

“Esto tiene un costo humano enorme que se traduce en la falta de personal docente en las escuelas y de medicamentos en los centros de salud. La privación de este tipo de servicios penaliza a las personas pobres y favorece a las élites. Las mujeres son las principales perjudicadas ya que, a través de la innumerable cantidad de horas que dedican al trabajo de cuidados no remunerado, son quienes en último término se encargan de suplir las carencias de los servicios públicos”. 

En su discurso de asunción a la Presidencia de México, AMLO aseveró: “Gobernaremos para todos, pero daremos preferencia a los desposeídos: por el bien de todos, primero los pobres". A partir de ese momento, lanzó su cruzada contra la corrupción en el gobierno, redujo presupuestos, sueldos de funcionarios de alto nivel, incluido el suyo -el cual fijó en 105 mil pesos mensuales-; ordenó el despido de cientos o miles de burócratas de todo nivel a tabula rasa, a quienes consideró aviadores y ha propuesto vender todos los aviones y vehículos automotores que estima de lujo, pero en ningún momento ha dicho que vaya a gravar con más impuestos a los mexicanos que más tienen y más ganan.

Agro, pobre y abandonado

Los campesinos están urgiendo acciones de fondo. En 36 años de neoliberalismo se le ha abandonado, por lo que tampoco hay una soberanía alimentaria que produzca lo que el país necesita para comer, como ocurría hasta principios de los años 90. Como consecuencia de la baja productividad agropecuaria, México es cada vez más dependiente de la economía de los EE.UU.: compra en dólares el 90 por ciento de la gasolina que se consume en el territorio nacional –dato ofrecido por el propio AMLO cuando dio a conocer el plan nacional de libros a bajo precios- y el 60 por ciento de los alimentos.

“¿Qué puede detonar la actividad económica en el país? Al final de las cuentas éste es el tema. Los apoyos para la gente están muy bien, lo necesita, pero esto no nos está llevando a detonar la actividad económica. Países como Malasia, por ejemplo, que era tan pobre, de repente encuentra el elemento para detonar un crecimiento económico. Esto es a lo que nosotros no le hemos encontrado la hebra. Nosotros decimos: aprovechemos esto que se nos está planteando, los apoyos para los compañeros, pero ¿cómo detonamos su actividad económica?

“La economía basada en la maquila, como se ha visto bastante bien y desde hace mucho tiempo, no representa una opción. Vienen a México porque les conviene, porque pagan lo menos posible, no vienen para acá porque sean muy buenas gentes. Este ha sido el problema de toda la vida con las maquiladoras. Y precisamente este es el tema: ¿cómo cambiamos de ser un país maquilador que pueda mejorar las condiciones sociales de vida, a través de la actividad económica remunerativa?”, declaró a este semanario Alejandro Cruz, dirigente del Movimiento Agrario Indígena Zapatista (MAIZ).

Cruz llamó también la atención sobre la necesidad de reactivar efectivamente la producción agropecuaria. “Estamos importando ya el 60 por ciento de los alimentos que consumimos en México y esta dependencia sigue creciendo. Hace falta el trabajo colectivo, que también se olvidó. Solamente en los tiempos de Lázaro Cárdenas se le dio impulso, pero duró poco. Las políticas aplicadas en tiempos recientes han fomentado sobre todo el individualismo, que ese es otro de los problemas que tenemos. Encontrar una forma de impulsar el trabajo colectivo, es lo que podría darnos por donde seguir el caminito.

“Otro aspecto importante es el de la capacitación; hay muchas personas que fueron algún tiempo a la escuela, pero la dejaron para dedicarse a trabajar en el campo y jamás han leído un libro en su vida; aprendieron a leer pero nunca lo practicaron. Entonces, necesitamos capacitar a la gente para que no solamente cultive maíz, sino otro tipo de productos y que se le ayude. Creo que es uno de los problemas con el nuevo Presidente: él dice, hay que darle impulso al campo, pero esto tiene que ver también con créditos accesibles y darle un marco jurídico porque ahí está la legislación sobre la minería y las leyes energéticas que priorizan estas actividades en lugar de las tierras para cultivo, esto también tendría que cambiar en nuestro país”, insistió el dirigente de MAIZ.