La ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Norma Piña Hernández, y algunos consejeros de la Judicatura, junto a sus colaboradores más cercanos, fueron encerrados por trabajadores del Poder Judicial de la Federación (PJF) en el edificio del Consejo de la Judicatura Federal (CJF).

El aislamiento de la ministra presidenta y su círculo más cercano ocurrió la noche del miércoles 23 de octubre tras la orden del pleno del Consejo de la Judicatura (CJF) para regresar a las actividades normales, con cuatro votos a favor y tres en contra. Además, la resolución incluyó sanciones administrativas para los trabajadores que se opongan y no regresen a laborar, conforme a la Ley Orgánica del PJF.

Los consejeros que votaron en contra fueron la ministra presidenta Norma Piña, la consejera Lilia Mónica López Benítez y el consejero José Alfonso Montalvo Martínez. Ellos permanecieron aislados junto a Sergio Javier Molina Martínez y Celia Maya, quienes votaron a favor.

También votaron a favor de sancionar a los paristas el consejero Bernardo Bátiz y la consejera Eva Verónica de Gyvés, ambos cercanos a la Cuarta Transformación (4T).

Aproximadamente a las 00:00 horas de este jueves 24 de octubre, los consejeros recibieron la liberación tras la eliminación de los candados en los accesos al edificio del CJF.

Ayer, el CJF ordenó reanudar actividades a partir de este jueves en todos los tribunales y juzgados del país, debido a la vigencia de la circular 22/2024 emitida el 16 de octubre, que ordena la reanudación de actividades en todos los juzgados. Por ello, los titulares deben cumplir con las disposiciones en materia administrativa, incluyendo el control de asistencia, para garantizar el óptimo funcionamiento de la justicia. Asimismo, las áreas administrativas deben aplicar la normativa vigente al personal que no asista a laborar.

Trabajadores se oponen a levantar el paro

Patricia Aguayo Bernal, secretaria del Décimo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo en San Lázaro, informó a los trabajadores sobre la circular 23 emitida por el Consejo de la Judicatura Federal, la cual establece ciertos lineamientos que obligan a regresar a laborar, a pesar de que los trabajadores han llevado a cabo actividades de manera pacífica durante la suspensión de labores, sin garantías sobre sus peticiones.

Ayer, los afectados se instalaron frente al número 2417 de la avenida Insurgentes Sur, en la colonia Tizapán San Ángel, en la Alcaldía Álvaro Obregón. Tras varios minutos de protesta, los manifestantes del Poder Judicial mantuvieron cerrados los accesos del CJF; sin embargo, cerca de las 22 horas, permitieron que los trabajadores comenzaran a salir.

La jueza federal Karina Ibarra comentó que hasta ayer no existía un comunicado formal sobre la reanudación de labores. También criticó la circular enviada, ya que esta indica que existe la obligación de descontar el salario a los trabajadores e incluso solicitar el auxilio de la fuerza pública para romper los sellos que los empleados colocaron en sus edificios.