El semáforo puesto en marcha por el Gobierno de México el primero de junio para regresar a la “nueva normalidad”, mediante la reapertura progresiva de las actividades económicas y por regiones, comenzó oficialmente el 15 de junio en la Zona Metropolitana de la Ciudad de México (ZMCM). Entre los varios problemas sociales que la contingencia sanitaria agudizó aun más destaca, sin duda, el de la movilidad a través del metro, el metrobús y los microbuses.

Una de las causas de la mala movilidad se halla en la distribución geográfica de los centros de trabajo y los lugares de residencia de los trabajadores: unos están en el centro y el poniente del Valle de México y otros en el oriente, este hecho obliga a la fuerza laboral a cruzar casi toda la ZMCM para ir a sus trabajos y regresar a sus hogares.

En la mayoría de los países pobres, la expansión poblacional ha sido periférica, anárquica, sin infraestructura urbana básica y, en muchos casos, irregular. En términos económicos esto se debe a la separación entre la oferta y demanda del empleo, con el consecuente distanciamiento entre los lugares donde residen los trabajadores y los lugares donde se concentran los empleos.

En la ZMCM los empleos se hallan principalmente en las alcaldías centrales de la Ciudad de México (CDMX) y la fuerza de trabajo se traslada de los municipios conurbados de la región oriente del Estado de México, incluso de Tizayuca, Hidalgo. Estos trabajadores se movilizan en un sistema de transporte urbano insuficiente, lento, inseguro –a menudo trágico por los asaltos– y regularmente contaminado ambiental y acústicamente.   

La falta de capacidad del sistema de transporte público cobra mayor relevancia en el reinicio de las actividades económicas, porque los contagios del Covid-19 no han cesado y, pese a las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS) para que se mantenga la sana distancia, mientras no se halle una vacuna, continúan el hacinamiento de los usuarios, como particularmente se observa en los microbuses.

Gran parte de estas unidades del transporte público de la ZMCM operan con seis u ocho pasajeros sin que a sus conductores les importe el hacinamiento, ni las recomendaciones sanitarias que deben acatar. Es decir, el transporte público no está acondicionado para cuidar a la población que necesita reanudar sus actividades laborales.

Lo que ocurre hoy en la ZMCM es una muestra de la irresponsabilidad de las autoridades federales que ordenaron el reinicio de las actividades económicas, sin considerar que la pandemia no ha sido vencida y que está exponiendo a decenas de miles de trabajadores a contagiarse y aumentar de forma estrepitosa el número de pacientes y decesos provocados por el Covid-19.

Ojalá que esta pandemia haga conscientes a las autoridades federales, estatales y locales de la ZMCM sobre la urgente necesidad de mejorar la infraestructura del transporte público y buscar la forma en que los empleos y los lugares de residencia para los trabajadores no estén distantes, ni que sus ingresos sean tan desiguales respecto a los de sus patrones.