En días recientes, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) publicó estimaciones sobre la evolución de la actividad económica nacional en el segundo trimestre de este año. Los datos muestran que la economía tuvo un retroceso del 18.9 por ciento respecto al mismo trimestre de 2019, que ya había disminuido 0.2 con relación a 2018. En el primer año de este sexenio, la economía descendió 0.1 por ciento y en lo que va de 2020, decreció 10.2 por ciento.

Las consecuencias del retroceso en la economía son bien conocidas, empezando por la pérdida y la nula creación de empleos que puedan absorber a quienes se integran al mercado laboral. Cuando la población pierde o no encuentra trabajos formales, los busca en el sector informal, de donde no tiene ingresos fijos ni prestaciones sociales, y si aún en éste no halla ocupación, se queda en el desempleo absoluto. Entonces, en las familias aumenta la pobreza de todo tipo, el consumo se deprime, la delincuencia y la inseguridad pública crecen, la paz social se trastorna, las inversiones privadas se ahuyentan y el crecimiento económico será cada vez menor, sobre todo si no se toman las medidas necesarias para evitar que caigamos en un círculo vicioso.

La caída del Producto Interno Bruto (PIB) podría atribuirse únicamente al paro de las actividades económicas causado por la pandemia. Sin embargo, el actual Presidente de la República y su equipo de gobierno, por ignorancia y terquedad, han hecho todo lo posible para que la economía no crezca en lo que llevamos del sexenio. En abril de 2019, por ejemplo, el crecimiento empezó decaer porque en vez de utilizar las herramientas idóneas para sustentar las actividades productivas, el Presidente prefirió descalificar con adjetivos como el de “conservadores” a los organismos internacionales como el Fondo Monetario Internacionales (FMI) y la Comisión Económica para América Latina (Cepal), incluso a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), porque no contradijeron al Banco de México (Banxico). Contrario a lo que haría cualquier mandatario responsable para asegurar el destino de su pueblo, López Obrador mantuvo su mentada “austeridad republicana” y la práctica del subejercicio del gasto público en las dependencias de su gobierno, que con sus discursos contradictorios y agresivos en las conferencias mañaneras, alimentaron la incertidumbre entre los inversionistas nacionales y extranjeros. Hay quienes creen que la reactivación de la economía se da o se dará con las transferencias monetarias que el gobierno hace a muchos mexicanos pobres, porque éstas aumentan el consumo; pero se ha comprobado que si no se emprenden políticas complementarias, esa práctica no tendrá repercusiones positivas en el crecimiento económico.

Es asombroso que a sabiendas de la caída de casi el 20 por ciento en el PIB, al Presidente le tenga sin cuidado la contracción económica e insista en que sus “datos” le indican que hay desarrollo y bienestar, cuando en el país existen más de 62 millones de personas –la mitad de la población– que carecen de los recursos suficientes para adquirir la canasta básica. El mayor problema de no dimensionar la extrema gravedad de la situación que hoy vive México, se halla en el hecho de que no se están tomando ni tomarán las medidas necesarias para revertir la contracción económica. Este hecho ya se ve reflejado en los Precriterios Generales de Política Económica 2021 emitidos recientemente por la SHCP, donde se reconoce que los ingresos tributarios no aumentarán –es decir, no se planea tocar las fortunas de quienes más tienen y menos han sufrido la pandemia– y se anticipa que el gasto neto será menor al Presupuesto de Egresos de este año. Si no se diseña una nueva política económica que impulse el empleo e incentive las inversiones, incremente la recaudación fiscal y promueva la creación de un clima de concordia social y política, la crisis se agudizará.