Los brutales hechos de violencia terrorista no pueden ocultarse porque la realidad –comprobada con los videos, fotografías y audios que se difundieron no solo en nuestro país sino prácticamente en todo el mundo– evidenció que en cinco estados de la República (Jalisco, Chihuahua, Guanajuato, Baja California y Michoacán), hubo incendio de decenas de negocios, automóviles y vehículos del transporte público y agresiones físicas contra ciudadanos comunes. Estos acontecimientos significan un recio encontronazo en la frente del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), y un contundente desmentido a lo declarado por él el lunes 15 de agosto durante su conferencia mañanera: “Estén tranquilos. Hay gobernabilidad, hay estabilidad”.

Estos lamentables sucesos, que causaron psicosis en la población de las entidades afectadas, no pueden considerarse como una maniobra política generada por el “interés de adversarios y conservadores” o del “periodismo amarillista y sensacionalista” por magnificar las cosas. Este tipo de declaraciones se producen para salir al paso de una crisis de credibilidad pero, sobre todo, una cínica y completa mentira; porque tales eventos criminales nuevamente demuestran que el gobierno morenista no tiene la estatura política necesaria para gobernar una nación como México. AMLO y su gabinete no han sido capaces de explicar claramente lo ocurrido; ni siquiera han dicho con certeza quiénes fueron los grupos delictivos que aterrorizaron a mexicanos indefensos.

En sus conferencias de prensa mañaneras, el Presidente abre la boca como el automovilista “borracho del Periférico”. Sí, AMLO no quiere ver lo evidente y, con su andanza en sentido contrario, ha atropellado la economía, la seguridad pública, las principales instituciones del Estado –salud, educación, infraestructura social básica, etc.– incluso el incipiente sistema democrático nacional.

Más allá de la violencia de los días recientes, las cifras de inseguridad ya habían alcanzado niveles alarmantes. En sus cuatro años de gobierno, AMLO ha acumulado 130 mil 714 homicidios dolosos, cifra superior a las registradas en sexenios anteriores. Ernesto Zedillo sumó 80 mil 671; Vicente Fox 60 mil 280; Felipe Calderón 120 mil 463, y está muy cerca de superar los 156 mil 66 de Enrique Peña Nieto; aunque si comparamos los primeros meses de ambos gobiernos, el morenista supera con más de 50 mil muertos al de su inmediato antecesor. Pero además, los especialistas en seguridad estiman que el mandato de AMLO concluirá con al menos 214 mil homicidios dolosos.

¿Qué debemos esperar ante tales hechos, a todas luces espeluznantes? ¿Cómo debemos calificar la inacción gubernamental de AMLO? ¿Qué es lo que tenemos y podemos hacer los mexicanos? Más allá de los grupos criminales comunes y del narcotráfico, a nadie debe quedarle duda que el responsable de la seguridad de los mexicanos –de Baja California hasta Yucatán y de Matamoros a Tapachula– es el Gobierno Federal y su Presidente en turno; y que si hay actos de violencia terrorista con civiles muertos, él es el culpable, por seguir hablando de “abrazos y no balazos” en vez de cambiar una estrategia de seguridad que simplemente no funciona.

AMLO se va en 2024, la fecha no es ya tan lejana; pero cuando esto ocurra, los mexicanos viviremos en un país en ruinas que ya hoy está al borde de un estallido social; la violencia y la inseguridad se hallan en niveles nunca vistos y el hambre, la miseria y la inflación agobian a decenas de millones de mexicanos. La hora de cobrar factura vendrá pronto y lo que debemos hacer los mexicanos es no dar un solo voto a Morena en 2023 y 2024, a menos que disfrutemos ver ensangrentado al país entero. Por el momento, querido lector, es todo.