No hay comprobación fiscal que lo inculpe, argumentó la consejera electoral Carla Humphrey
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Hace varios días AMLO arremetió contra el INE; dijo que es el más caro del mundo, y que no garantiza elecciones limpias. Al formular esta acusación, el Presidente olvidó que fue precisamente esta institución autónoma la que organizó y validó la elección en la que resultó ganador en 2018.
El hecho de que el “máximo jefe” de la Nación ataque al INE y a su consejero-presidente, Lorenzo Córdova, responde a su ya manifiesta decisión de entrometerse en las elecciones federales y locales de junio próximo para orientar el voto ciudadano a favor de su partido y de las organizaciones partidistas coaligadas con éste.
El autoritarismo presidencial comenzó a subir de tono desde la primera conferencia de prensa mañanera organizada en Palacio Nacional y, desde entonces, continúa golpeando a quienes considera sus adversarios políticos o a personajes e instituciones que no comulgan con sus “políticas de gobierno”, sean empresarios, médicos, científicos, periodistas, analistas políticos u organizaciones partidistas y sociales que lo cuestionan o critican.
En los comicios del domingo seis de junio estarán en disputa miles de cargos de representación popular y públicos, incluidas las 500 diputaciones federales de la Cámara de Diputados (300 de mayoría relativa y 200 plurinominales); las posiciones legislativas de 30 congresos estatales; 15 gubernaturas (Baja California, Baja California Sur, Campeche, Colima, Chihuahua, Guerrero, Michoacán, Nayarit, Nuevo León, Querétaro, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tlaxcala y Zacatecas) y cerca de dos mil alcaldías con sus respectivos ayuntamientos, sindicaturas y juntas municipales.
De acuerdo con Lorenzo Córdova, víctima de la ira lopezobradorista, “México va hacia las elecciones más complejas y grandes de la historia, nunca se habían elegido a tantos funcionarios públicos como ocurrirá en este 2021”.
Apenas estamos en el primer mes de este año, y la pandemia ha metido a México en un ambiente de terror que nadie habría supuesto hace apenas tres semanas: más de 10 estados de la República se hallan en semáforo rojo, hay “más de un millón y medio de contagios y 143 mil muertos. Es decir, los mexicanos están muriendo como moscas”, la mayoría en sus casas, porque los hospitales están saturados y el Gobierno Federal no ha sido capaz de improvisar áreas médicas de emergencia para salvar vidas.
En la Ciudad de México (CDMX) y en la Zona Metropolitana, dos territorios donde la “muerte tiene permiso”, el cómplice de la pandemia que habita en el Palacio Nacional está más interesado en mantener su control sobre el Congreso de la Unión que en combatir con eficiencia la pandemia de Covid-19.
Todo esto hará que el proceso electoral en marcha –las elecciones internas de los partidos para definir candidaturas, precampañas, etc.– resulte mucho más complicado; que las medidas sanitarias para evitar los contagios pudieran no aplicarse adecuadamente, que el INE deba aplicar la más estricta vigilancia para impedir que la campaña de vacunación anti-Covid-19 sea electorera y que el uso de los apoyos sociales del gobierno favorezcan aun más a los candidatos de la “Cuarta Transformación” (4T).
El INE se ha declarado listo para organizar los comicios del seis de junio; y su bien ganado prestigio de institución eficiente e imparcial obliga a los ciudadanos mexicanos a defender tanto sus tareas cotidianas como la personalidad pública de sus consejeros y personal operativo de los ataques del Presidente, quien pretende desprestigiarlo desde ahora, ante la posibilidad de que su partido sufra un severo revés dentro de cinco meses.
En esas elecciones podrán ejercer su derecho al voto al menos 92.4 millones de electores, que definirán el triunfo o la derrota de los aspirantes a más de 21 mil cargos de elección popular en 163 mil 244 casillas. Éstas estarán a cargo de más de 1.4 millones de ciudadanos, previamente coordinados por 41 mil capacitadores electorales. Estos últimos funcionarios electorales, así como siete mil supervisores, son seleccionados entre 379 mil 842 aspirantes registrados en las juntas distritales federales del INE y las locales de las 32 entidades federativas.
Todo este encomiable esfuerzo de organización y coordinación de nivel nacional debería merecer el respeto y el reconocimiento, en primerísimo lugar, de AMLO, en lugar de denostarlo con presunciones carentes de sustento. Ahora que “le toca despachar del otro lado de la barra”, el Presidente debería actuar como “cantinero” y no como “el borracho” que solo habla del pasado y las supuestas tropelías cometidas en su contra, sin acordarse de las que está atizando a millones de mexicanos en los ámbitos sanitario, económico y político… Por el momento, querido lector, es todo.
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Escrito por Miguel Ángel Casique
Columnista político y analista de medios de comunicación con Diplomado en Comunicación Social y Relaciones Públicas por el Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM).