Por medio de consultas determinarán la continuidad del acuerdo, a pesar de que cuenta con una vigencia establecida de 16 años.
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Investigadores universitarios, académicos, directivos de asociaciones civiles y dirigentes sindicales, al referirse al plan llamado nearshoring, lanzado por el presidente de Estados Unidos, Joseph Biden, en 2022, cuyo contenido principal es la relocalización de empresas estadounidenses establecidas en diferentes países para concentrarlas en naciones “amigas, socias comerciales y confiables” según palabras del mismo Biden, coinciden en varios puntos:
En primer lugar, en que la instalación de empresas industriales extranjeras no ha redundado en la mejoría económica y social esperada por los trabajadores nacionales, cuya bonanza laboral ha sido efímera. En que no hubo desarrollo de la economía, como demuestra el indicador principal, el Producto Interno Bruto, que durante el sexenio 2018-2024 tuvo un promedio de dos por ciento. En que pronto se desvanecieron las falsas ilusiones generadas entre la población por un gobierno que permitió gustoso la penetración del capital trasnacional y no ha puesto en práctica una política que enfrente estos propósitos de expansionismo imperial y de estancamiento de la economía mexicana. Coinciden cuando hablan del resultado negativo de la instalación de estas empresas y la conversión del país en maquilador, en vez de productor; que no le conviene al “buen vecino” que países como México sean naciones productoras, porque su intención es convertirlas en maquiladoras y consumidoras de sus productos.
Todos estos aspectos constituyen, realmente, una unidad, porque el plan de relocalización de Biden tiene el objetivo de disponer de los recursos naturales y humanos de los países que le ofrezcan mayores ventajas al imperialismo yanqui, es decir, mejores condiciones geográficas, políticas y la característica de ser “socios confiables”, en otras palabras, de tener gobiernos bajo su control.
Los especialistas denuncian, también, que el plan de relocalización, puesto en marcha desde 2022, es la nueva edición del viejo proyecto expansionista yanqui; que Estados Unidos siempre ha deseado el control sobre un bloque de países de todo el continente americano, semejante a lo que ocurre con la Unión Europea.
Estas opiniones se recogen en nuestro Reporte Especial de esta semana, que demuestra que las megaobras comenzadas en el sexenio anterior son parte de este proyecto trasnacional para profundizar una política que ha convertido a Mexico en un país maquilador, atractivo para las empresas trasnacionales por su mano de obra barata y cuyos recursos naturales hoy están a disposición del capital extranjero mientras el Gobierno exime a las industrias extranjeras de obligaciones fiscales y facilita la exportación de sus productos a naciones donde las venderán a altos precios.
Por medio de consultas determinarán la continuidad del acuerdo, a pesar de que cuenta con una vigencia establecida de 16 años.
Por estos días vemos en el sur de nuestro continente un caso que nítidamente refleja esa actitud de redoblada agresividad.
La actual escalada de tensiones en torno a Venezuela implica un peligro para la seguridad regional y global.
El fenómeno meteorológico se ubica a 185 kilómetros al oeste-suroeste de Cabo San Lucas y a 285 kilómetros al sur-sureste de Cabo San Lázaro, en Baja California Sur.
A pesar de la anulación, el expresidente estadounidense aseguró que las tarifas “siguen en pie”.
El tiroteo ocurrió dentro de una escuela católica de Estados Unidos; 17 personas resultaron heridas, entre ellas 14 menores.
México se suma a una lista de países que incluyen a Alemania, Canadá, Japón y Nueva Zelanda que no envían correo ni paquetería al país estadounidense.
Instó a las bases de su gobierno a fortalecer las milicias campesinas y obreras en fábricas y zonas rurales, a las que dotó de “fusiles y misiles”.
Maltrato, negación de atención médica y privación de alimentos, son sólo algunas de las denuncias.
Los países de la Alba-TCP rechazaron el despliegue militar de EE. UU. en el Caribe y advirtieron que pone en peligro la seguridad regional.
Usar los gravámenes como arma política tendrá un efecto boomerang, pues esos gigantes geoestratégicos pueden subsistir sin el mercado estadounidense.
Los mandatarios coincidieron en que es necesario pasar de la confrontación al diálogo.
Bustamante confirmó que su esposo ya no cuenta con visa; sin embargo, negó que ella se encuentre en la misma situación; no obstante, no ha intentado cruzar hacia el país vecino.
Durante su mandato han expulsado a cerca de 275 mil migrantes ilegales del sistema de Seguridad Social.
El Departamento de Estado de Estados Unidos establece nuevas directrices para solicitantes de visa.
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Escrito por Redacción