Una de las características del sistema público de salud mexicano es su fragmentación. No es un sistema de salud universal y, por eso, no podemos atendernos en cualquiera de las instituciones de salud de manera indiferenciada; la atención depende de tu condición de trabajo. Por ejemplo, en los hospitales del IMSS sólo se atiende a quienes cuentan con un empleo formal y un seguro de salud otorgado en sus lugares de trabajo; en los hospitales del Ejército sólo se atienden los que pertenecen a éste o sus familiares, y en los hospitales del ISSSTE sólo se atiende a los trabajadores del Estado. El problema es que en nuestro país más de la mitad de la población no tiene seguro de salud y trabaja en la informalidad. Ésta fue la principal justificación para la creación del Seguro Popular.

El Seguro Popular (SP), creado en 2004, estaba destinado a atender a todas las personas sin seguridad social. Su población objetivo es la más amplia del país y la que más lo necesita. Funcionaba, fundamentalmente, con recursos de la Federación a través del Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud (FASSA), del Ramo 33. Estos recursos eran transferidos a las entidades, que decidían la política de distribución de los mismos. Pero los estados también destinaban parte de sus propios recursos a los sistemas estatales de salud.

El SP tenía graves problemas y deficiencias. En general, el presupuesto que el gobierno destina a la salud pública es insuficiente, comparado con otros países que sí cuentan con un sistema de salud universal y de calidad. Pero el dinero para el SP siempre resultó insuficiente para atender a toda la población objetivo con servicios de calidad. En 2018, último año de existencia del SP, el gasto anual per cápita fue, en términos redondos, de dos mil 700 pesos, mientras que en el IMSS fue de cinco mil 800 y en el ISSSTE de siete mil 900; además, sólo cubría mil 807 intervenciones, mientras que el IMSS y el ISSSTE cubrían ocho mil (CIEP). Esta insuficiencia en los recursos limitados hizo que las condiciones técnicas de los hospitales y clínicas del SP fueran mucho más precarias que en las otras dos instituciones.

Ante estos problemas, el gobierno morenista del sexenio pasado prometió que la atención de los mexicanos en el sistema público de salud sería universal. Ése fue uno de los argumentos para desaparecer el SP y sustituirlo, primero, por el fallido INSABI, y después por el IMSS-BIENESTAR. Pero ahora tampoco es posible para cualquier persona, sin importar su condición de empleo, atenderse en alguna de las instituciones que tiene el Estado a su cargo y sin importar el tipo de enfermedad que tenga. Si el enfermo no cuenta con seguro de salud, sólo puede atenderse en las clínicas del IMSS-BIENESTAR, como antes sólo podía hacerlo en las clínicas del SP. Y tampoco ahora se puede atender cualquier enfermedad en el IMSS-BIENESTAR. Lo único que hizo el gobierno morenista fue eliminar la lista de enfermedades que atendía el SP contenidas en el Catálogo Universal de Servicios de Salud; pero el IMSS-BIENESTAR sólo atiende el 0.86 por ciento del total de enfermedades que atiende el IMSS, que son de primer y segundo nivel. Las escasas enfermedades de tercer nivel que atiende son las más costosas y catastróficas, y las costea a través del Fonsabi, pero sus recursos han disminuido dramáticamente, lo que en los hechos es negar la atención a la población sin seguro.

Por lo tanto, la “universalidad” no es más que una burda centralización en manos de la Federación de los recursos que antes manejaban los sistemas de salud estatales. Esos 23 estados han centralizado los recursos que antes recibían a través del FASSA y los sistemas estatales que antes pertenecían al SP pasaron a ser administrados directamente por el IMSS, es decir, se federalizaron. No fue más que una maniobra para recortar aún más los recursos que el gobierno necesita desesperadamente para continuar con sus programas de transferencia monetaria y para el pago de intereses de la deuda. En 2025, el FASSA recibió 54 mil 369 millones de pesos nominales menos que en 2024, mientras que el IMSS-BIENESTAR sólo aumentó sus recursos más o menos en 38 mil millones de pesos nominales con respecto al año anterior; los hospitales de alta especialidad están siendo ahorcados presupuestariamente; y la construcción de clínicas y hospitales se quedó muy corta con respecto a su antecesor.

La centralización se nos vendió como la universalización de la salud; pero los recursos son menores y no atacan los principales problemas que tenía el SP. La población mexicana que más lo necesita sigue sin atenderse adecuadamente, pagando ingentes cantidades de su bolsillo a clínicas privadas, sufriendo el desabasto de medicamentos en los hospitales públicos, y la desigualdad regional de cobertura de hospitales se mantiene. Lo que han hecho con el sistema público de salud de México es sólo una pequeña manifestación de lo que realmente es el gobierno morenista. Debemos estar atentos y contrastar los dichos con las acciones de la 4T, que no son propias de un gobierno verdaderamente popular.