Una de las principales banderas del gobierno de la “Cuarta Transformación” (4T) es dar atención prioritaria a los pobres. Atención que tendría que traducirse en una política social bien reglamentada, tendiente a la universalidad y con criterios claros de evaluación.

Sin embargo, en los hechos, las acciones tomaron otro camino. Bajo la consigna del combate a la corrupción, se eliminaron múltiples programas sociales y para sustituirlos se presentaron otros de transferencia monetaria directa. Poco importó que el paradigma fuera esencialmente el mismo de las políticas anteriores, o que sus nuevos programas no contaran con reglas claras. La política funcionaría porque se hacía “con honestidad”. Pero las buenas intenciones no bastan.

Hace unos días, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) publicó la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares 2020 (ENIGH2020). Este instrumento recoge información relativa a la economía de los hogares, incluyendo su percepción de ingresos por concepto de programas sociales. Con estos datos es posible hacer un primer diagnóstico de los resultados de la política social de la 4T. Esta primera evaluación fue proyectada por el Instituto de Estudios Sobre la Desigualdad (Indesig). Veamos algunos de sus hallazgos.

El primer aspecto que destaca es que la política social “más ambiciosa de la historia” es, en realidad, una política social insuficiente, en tanto se mantiene dentro de los parámetros de cobertura de administraciones previas. En 2014, 2016 y 2018, el porcentaje de hogares que reportó percibir ingresos derivados de alguna política social fue del 29, 31 y 28 por ciento respectivamente. En 2020, los beneficiarios ascendieron al 30 por ciento.

¡Pero claro! Quizá las políticas se ubican solo en los hogares más pobres. Pues no. Y esto es quizá lo que causa más consternación. La política social de la 4T no prioriza a los pobres. En 2016, el cinco por ciento más pobre de los hogares recibía una cobertura del 61 por ciento, la cual tendió a descender en los años posteriores, tendencia que no cambió con la nueva administración, sino que se acentuó, alcanzando una cobertura de solo 35 por ciento en 2020. Por el contrario, el cinco por ciento más rico pasó de tener una cobertura del siete a una del 20 por ciento.

En pocas palabras, la política social de la 4T contribuye menos a la reducción de la desigualdad y a la erradicación de la pobreza. Y esto se aclara aún más si consideramos la distribución porcentual del total de recursos de programas sociales entre los distintos estratos de la población. Así, mientras en 2018 el 20 por ciento más pobre de los hogares recibía 33 por ciento de los recursos, en 2020 recibe solo 21 por ciento; y, por el contrario, en 2018, el 20 por ciento más rico recibía solo el nueve por ciento de los recursos y, en 2020, recibió el 17 por ciento.

Acaso el panorama sería menos grave de no ser porque atravesamos una de las mayores crisis de los últimos tiempos. Esta crisis trajo, en 2020, una contracción del Producto Interno Bruto (PIB) del 8.5 por ciento y una pérdida de al menos 647 mil empleos formales; y a esta pérdida hay que sumar la destrucción de una cantidad ingente de empleos informales que, durante el periodo de mayor confinamiento, se llegó a estimar en más de 12 millones; es verdad que muchos de estos empleos se “recuperaron” relativamente rápido; pero no podía ser de otra manera porque frente a la pobreza, los mexicanos no pueden darse el lujo de estar desempleados.

No obstante, hay algo que exhibe fehacientemente las consecuencias de esta crisis en los hogares mexicanos: el aumento del número de pobres en 2020, que se estima entre 8.9 y 9.8 millones. Pues bien, frente a esta crisis, cuyos efectos son los ya señalados, el gobierno de la 4T consideró que su política social era suficiente para afrontar el problema. Mas no fue así y, por tanto, esta política no solo arroja resultados insuficientes y regresivos sino que, además, deja en desprotección cada vez más amplia a los mexicanos ante una de las peores crisis de la historia reciente.

Éstos son, a grandes rasgos, los resultados de la política social de la 4T. Nada más alejado de las promesas de la actual administración. Es claro que las buenas intenciones no bastan y si queremos una política social que realmente contribuya a combatir la desigualdad y erradicar la pobreza, tendremos que cambiar de estrategia, pues la actual no arroja los resultados esperados.