De nuevo ocupa la atención de buzos la lucha estudiantil en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), conflicto que dura ya varios meses, desde octubre del año pasado, sin que las autoridades, tanto universitarias como gubernamentales encuentren la solución a un problema que se agrava y adquiere tintes de violencia y confrontación entre los grupos en movimiento y las fuerzas policiacas.

Nadie, en su sano juicio, podría estar en contra de la demanda estudiantil de combatir hasta su erradicación la violencia de género y el feminicidio; pero tampoco es aceptable que a las exigencias se añadan la violencia y la provocación de agentes infiltrados para desvirtuar la lucha de los jóvenes. El papel de la autoridad es responder a tiempo a las demandas de los grupos estudiantiles y ofrecerles caminos para regresar a la calma; y no se debe atribuir, desde el principio, dobles intenciones a la lucha social, o atribuirla a la mera intervención de fuerzas externas.

La problemática universitaria en México no es ajena a la situación social y económica general. Los intereses económicos provocan graves deficiencias, inconformidades y conflictos entre las bases y la autoridad; los problemas sociales, como la penetración de las organizaciones delictivas, que originan la violencia de género, parecen estar en el punto de arranque del actual conflicto que, sin embargo, las autoridades debieron atender oportunamente antes de que provocara tal zozobra en la vida universitaria, afectando a una comunidad tan importante.

La demanda de tranquilidad al interior de la UNAM, el respeto al sector femenino y la erradicación de la violencia de género no parece haber tenido impacto en la voluntad del Estado; el Presidente se ha limitado a desautorizar las protestas declarando que no existe un clima político semejante al de 1968 que justifique la movilización y la lucha estudiantil al interior de la Universidad, afirmando que existen fuerzas interesadas en crear agitación de forma artificial, sembrar el caos, sacar al país de su vida tranquila, pacífica y de transformaciones políticas y acusando la existencia de “mano negra” detrás de los grupos inconformes, pero sin señalar en concreto a qué fuerzas se refiere.

Al interior de la UNAM también han surgido voces que denuncian la injerencia exterior, los intentos por desestabilizar la vida universitaria y atentar contra su autonomía. Pueden identificarse, entonces, dos posiciones contrarias en torno al conflicto; ambas sostienen la existencia de fuerzas externas agazapadas detrás del mismo; pero esta semana, las fuerzas externas apuntan hacia funcionarios del Gobierno Federal, representantes del partido en el poder, que no renuncia a apoderarse por completo del botín político que representa la máxima casa de estudios.

Los hechos más recientes parecen dar la razón a quienes acusan a las fuerzas morenistas de atentar contra la estabilidad de la UNAM y su autonomía. La iniciativa presentada al Congreso por el diputado Miguel Ángel Jáuregui (Morena) para “democratizar” a la institución y reformar la Ley Orgánica Universitaria, cambiando la forma de elección del Rector, aunque haya sido retirada casi de inmediato, ante el rechazo que provocara, no es más que otro intento injerencista del gobierno de la “Cuarta Transformación”.