La Corte rechazó revisar el amparo y ordenó el pago de impuestos.
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Casi a la medianoche del 22 de octubre, la Cámara de Diputados aprobó en lo general y particular la reforma a los artículos 4 y 27 de la Constitución en materia de bienestar. Esta reforma reduce de 68 a 65 años la edad para comenzar a recibir la pensión de adultos mayores y establece una pensión universal para personas con discapacidad menores de 65 años.
La propuesta recibió un voto unánime y de mayoría calificada, sumando 483 votos de la oposición y del bloque mayoritario. Este cambio representa la octava de 18 reformas constitucionales propuestas por el expresidente Andrés Manuel López Obrador.
En lo particular, de las más de 240 reservas presentadas, sólo avanzó una, promovida por la legisladora Lilia Aguilar. Esta modificación cambió el término “familia” por “persona” en el apartado sobre el derecho a la vivienda y sustituyó “digna y decorosa” por “adecuada”.
El dictamen establece la obligación del Estado de garantizar la rehabilitación de personas con discapacidad permanente, priorizando a quienes tengan menos de 18 años. Tras once horas de discusión, la Mesa Directiva en el Palacio de San Lázaro envió el proyecto al Senado para su análisis y eventual ratificación.
La Corte rechazó revisar el amparo y ordenó el pago de impuestos.
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Las víctimas son abordadas por personas de la tercera edad que piden ayuda para ubicar un banco o una dirección y, al descender del vehículo, son amenazadas y despojadas de sus pertenencias.
El 91%, equivalente a 59 mil 363.7 millones de pesos, corresponde a los recursos transferidos por la Federación a gobiernos estatales, municipales y organismos públicos.
En Michoacán, como en todo el país, miles de adultos mayores buscan ingresos adicionales porque carecen de una pensión o la que tienen no les alcanza para sobrevivir.
En México, la población sin acceso a servicios de salud se duplicó entre 2018 y 2024 al pasar del 16 por ciento al 34 por ciento, lo que representa un retroceso en derechos sociales.
La propuesta será enviada al Congreso de la Unión para su análisis y eventual discusión legislativa.
La entrada en vigor será paulatina: en 2027 la jornada será de 46 horas; en 2028, de 44; en 2029, de 42, y en 2030 quedará en 40 horas.
En Puebla, más de 3 millones de personas no cuentan con acceso a servicios de salud, equivalente al 47.3 por ciento de la población estatal.
El engaño ocurre en segundos tras retirar dinero del cajero. El delincuente finge encontrar billetes y convence a la víctima de entregar su efectivo; al final, solo deja papeles sin valor.
Mientras senadores y senadoras accedieron a desayunos y comidas de hasta 750 pesos por persona, el personal de limpieza, jardinería y mantenimiento recibió un menú básico de 80 pesos, según contratos y partidas del gasto legislativo.
“Homicidio por agresión a la autoridad” y “muerte por enfrentamiento o en hospital”, son categorías que no están en el Código Penal, por lo que no se sabe si se investigan como homicidio.
La senadora Claudia Anaya, del Partido Revolucionario Institucional (PRI), ironizó con la decisión de los diputados aún cuando existen temas pendientes.
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Escrito por Abigail Cruz Guzmán
Reportera