Es antigua en el mundo la idea de la división de poderes. Ha partido del hecho comprobado de que la concentración del poder en una sola persona conduce, tarde o temprano, a la imposición violenta de las decisiones. La práctica de los soberanos que en el mundo han existido, así lo confirma. Poco a poco las reflexiones del supuesto personaje Único (Su Excelencia), se van convirtiendo en simples ocurrencias, se alejan del interés mayoritario y se decide imponerlas por la fuerza. Si no hay colectivo que contenga al individuo, éste se vuelca a los excesos y las tropelías. Esto lo aprendieron en la historia y en la vida diaria las clases dominantes del mundo y hasta hubo revoluciones para apartarse de esa práctica.

Ya desde el Decreto Constitucional para la Libertad de la América Mexicana, escrito y aprobado en 1814 en Apatzingán por inspiración de José María Morelos, documento que ya no solo pugnaba por la independencia de España, sino que incursionaba en un programa visionario para la construcción de un país justo y democrático, en el Artículo 12^o, decía tajante: “Estos tres poderes: Legislativo, Ejecutivo y Judicial, no deben ejercerse ni por una sola persona, ni por una sola corporación”. La atrevida disposición no oculta su estrecho entrelazamiento con la Revolución Francesa y las constituciones que luego de ella se aprobaron.

El México actual marcha en sentido contrario. Se están reuniendo los elementos para una nueva tiranía. Más allá de la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos, aprobada en 1917, se está imponiendo como ley inapelable una nueva voluntad, la del Presidente de la República en turno. El proceso ha empezado como una pretendida defensa de las clases más necesitadas a las que un solo individuo representa, perfecta e indiscutiblemente, un solo sujeto que, inspirado, interpreta fielmente las más hondas aspiraciones de los desheredados.

Un solo individuo excepcional (“no somos iguales”) de manera particular, genera, expone y defiende las que supone son las aspiraciones populares. Es más, quien aspire a sucederlo, tiene que profesar su más completa adhesión a esa visión particular. Y todo mundo, so pena del ataque del Único y del exilio social, tiene que plegarse. “No podemos tolerar ningún acto de extravagancia, ningún acto que vaya en contra de la austeridad republicana”. ¿Cómo se mide la extravagancia? ¿Cómo se cuantifica la austeridad republicana? ¿En qué artículo colocó el Constituyente esas disposiciones?

El sueldo máximo, es decir, la máxima retribución por servicios prestados al Estado, es la que recibe el Presidente de la República, que ahora es de 112 mil 122 pesos cada mes. Decide y fija, acusa, juzga y castiga, el propio Presidente de la República. ¿Por qué no 90 mil o 100 mil cerrados o 120 mil o 150 mil? ¿Con base en qué asignó el Presidente esa cantidad? ¿Quién evaluó su experiencia, sus competencias, las horas que dedicaría a sus labores? Nadie. Solo importa que es el propio Presidente el que señala, cuestiona y exhibe al que rebasa esa arbitraria cantidad. Todo eso obedece a la subjetividad, al poder personal. Rumbo a la tiranía. Los grandes problemas empiezan pequeños.

Y ahí vamos. Ahora, desde la Presidencia de la República, se le ordena a la Cámara de Diputados que no le cambie ni una coma al proyecto de presupuesto que propone y envía el Presidente de la República. No solo se ordena, se ha convertido en “un honor” de los diputados del Movimiento Regeneración (¿qué regeneración es ésta?) Nacional y los pequeños aliados que lo siguen, obedecer puntualmente la instrucción emitida desde Palacio Nacional. “Estos tres poderes: Legislativo, Ejecutivo y Judicial, no deben ejercerse ni por una sola persona, ni por una sola corporación”, muy pocos se imaginarían que estas palabras son todavía un aguerrido programa de lucha de los verdaderos demócratas.

Con base en esa idea personalísima de gobernar, sin ningún programa sustentado científicamente, sin ningún argumento que demuestre o siquiera haga pensar que tres obras cambiarán el curso de la historia de México, al grado de que se arraigará para siempre en la conciencia de los mexicanos llamar a estos calamitosos años, los de la “Cuarta Transformación” de la patria, a tono con ello, pues, se ha obligado a los mexicanos a que paguen la construcción de un tren en el sureste del país, el levantamiento de una nueva refinería y la realización de un nuevo aeropuerto.

Todo inversionista, hasta los no tan grandes e importantes, sabe que antes de soltar un peso, es indispensable tener a la mano un proyecto de inversión. ¿En cuánto tiempo el negocio va a empezar a aportar utilidades? ¿Cuánto dinero va a rendir? ¿En cuánto tiempo se va a recuperar la inversión? Nadie conoce estos datos para ninguna de las tres afamadas inversiones, más bien, parece que habrá que subsidiarlas con dinero del pueblo por muchos años. ¿El tren? Mil 500 kilómetros de recorrido, ¿qué hace pensar que multitudes de turistas mexicanos durante todo el año estén dispuestas a viajar a un promedio de 75 kilómetros por hora durante 20 horas seguidas? ¿O los extranjeros que mayoritariamente llegan a la zona por sol y playa? ¿Por qué se invierten miles de millones de pesos en una nueva refinería si las que existen solo trabajan al 36 por ciento de su capacidad? ¿El de Santa Lucía, será el moderno aeropuerto del Siglo XXI que exige nuestro desarrollo económico si hay líneas aéreas muy importantes que ya dijeron que no van a usarlo? ¿Serán éstas, en fin, las obras que expliquen al México del mañana?

Para continuarlas, a pesar de que las inversiones en ellas ya se tuvieron que volver a calcular varias veces, porque lo estimado no alcanza, se sacrificaron inversiones y gastos verdaderamente importantes para la construcción de una vida mejor para todos los mexicanos. Debe saberse bien que por cuarto año consecutivo no habrá recursos para obras públicas básicas en ninguna parte del país, como son las obras de introducción y mantenimiento de agua potable, de introducción y manteniemiento de drenaje, de servicio de electricidad y de pavimentos que tanta falta hacen porque no existen o ya están destrozados. No habrá obras y equipamiento para hospitales (la salud de los mexicanos va después del Tren Maya) ni construcción y remodelación de escuelas y, ahora, como ominosa novedad, se ejecutó un severísimo recorte al INE, la autoridad electoral que podría poner coto a los trastupijes en las elecciones desde el poder. El grueso del Presupuesto de Egresos de la Federación se va a los proyectos que son importantes para el Presidente de la República.

El dinero de todos los mexicanos también se va a las ayudas en dinero que bajo diferentes modalidades se entregan a los más pobres. No me opongo a ellas. Si han trabajado toda su vida o están todavía en edad de trabajar, justo es que se compense un poco su esfuerzo. Pero no nos confundamos. Todas esas ayudas, mientras existan, mientras sean el centro de la política social, el orgullo de políticos manipuladores, no serán más que el símbolo de la cadena perpetua a la pobreza a la que están atados los mexicanos. Nunca, en ninguna parte del mundo, esas ayudas han acabado con la pobreza, antes bien, han sido el gran descubrimiento para que el pueblo se resigne con su suerte, se calle, se inmovilice, agradezca y, cuando los poderosos lo llamen, vote por sus verdugos y los mantenga en el poder para seguirlo explotando, eso sí, “con austeridad republicana”.

Eso, pues, amigos, es lo que acaba de pasar con la aprobación del PEF, de los gastos con el dinero de los mexicanos para el año que entra. Nada se hace que realmente encamine al país a que haya empleo para todos, mejores salarios, obra pública para el pueblo y cobro de más impuestos a los que más ganan para que los funcionarios ya no sigan diciendo que no hay recursos. Nada de eso. Estamos ante una nueva agresión al pueblo. Eso fue lo que hicieron los diputados morenistas y sus paniaguados de los partidos satélites. Así cumplieron las órdenes de un solo hombre que gobierna. Precisamente por eso, cumplida diligentemente su misión, los mandó “a dormir con la conciencia tranquila, feliz domingo”.