Las desigualdades que pueden encontrarse en una sola ciudad o zona metropolitana son más sorprendentes que las que se encuentran a nivel nacional, por tratarse de un espacio más compacto. En la Ciudad de México (CDMX), el 10 por ciento más rico gana 72 veces lo que el 10 por ciento más pobre; en Monterrey, la brecha es de 53 veces más; y en Guadalajara, es de 36 veces. Esta desigualdad no sólo se expresa en términos de ingresos, también tiene una dimensión territorial que, si bien en un principio fue consecuencia, ahora ayuda a reproducir esta desigualdad en el ingreso de las clases sociales.

La desigualdad en el espacio sigue patrones de segregación, esto quiere decir que en determinado espacio se concentra población con mayores ingresos y con mayor riqueza; mientras que en otro espacio distinto se concentran personas con menores ingresos o menor riqueza; todo esto en una misma ciudad. Estos patrones de segregación no son propios del capitalismo, sino que han existido en todas las sociedades divididas en clases, pero en el sistema en el que vivimos se han acentuado a niveles escandalosos. Estas desigualdades en el espacio son resultado de un sistema económico que no garantiza el acceso equitativo y asequible a la vivienda, los bienes, los servicios y las oportunidades urbanas a las clases trabajadoras.

Estas últimas suelen instalarse en zonas donde la autoconstrucción de la vivienda es posible, es decir, donde los productores capitalistas de vivienda aún no han llegado y la intervención pública es limitada porque califican a estas ocupaciones como ilegales. En cambio, los asentamientos en donde viven las familias de clase alta tienen mejor acceso a infraestructura al interior y al exterior de la vivienda y servicios tanto por la fuerte inversión gubernamental como por las acciones de los desarrolladores y productores habitacionales. Por tanto, el espacio en el que una persona puede residir condiciona el acceso a los bienes y servicios que dicen ser públicos.

En este sentido, la infraestructura a través de la cual el gobierno cumple con los derechos básicos estipulados en la Constitución está distribuida de manera desigual en las ciudades mexicanas. De acuerdo con el Censo de 2020 sobre infraestructura urbana, en el caso de la Ciudad de México, para las alcaldías céntricas como Cuauhtémoc o Benito Juárez hay una unidad médica de primer nivel por cada seis mil y nueve mil habitantes, mientras que para las alcaldías de Iztacalco e Iztapalapa hay una por cada 33 mil y 28 mil, respectivamente. Con los hospitales de segundo y tercer nivel se agrava, pues para las alcaldías centrales hay entre nueve y 10 unidades, mientras que para Milpa Alta y Cuajimalpa no hay ninguna. En el aspecto del derecho a la educación ocurre algo similar. En las alcaldías de Tláhuac, Xochimilco e Iztapalapa hay una primaria para cada 227 niños, mientras que en la alcaldía Miguel Hidalgo, hay una escuela primaria por cada 124.

Uno de los problemas más complicados de la ciudad es el acceso al agua entubada. De acuerdo con el Diario Oficial de la Federación del cuatro de abril de 2020, las zonas que reciben un mayor suministro de agua y tienen mejor infraestructura hidráulica son las ubicadas al poniente de la CDMX: Miguel Hidalgo, Cuajimalpa, Álvaro Obregón; mientras que las zonas con un suministro intermitente corresponden a las colonias de la periferia sureste y suroeste, en los municipios de Iztapalapa, Tláhuac y Xochimilco. Asimismo, la distribución de áreas verdes para ejercitarse, jugar y convivir con otras personas es desigual. La alcaldía Miguel Hidalgo tiene 41 metros cuadrados de áreas verdes por habitante, mientras que Tláhuac, Iztapalapa e Iztacalco tienen apenas siete metros cuadrados por habitante. 

Hace falta mencionar otro gran cúmulo de desigualdades que se desenvuelve en la CDMX. Hasta ahora, las políticas públicas bajo el sistema capitalista han privilegiado la inversión en zonas de familias ricas, mientras las colonias pobres carecen de los servicios básicos. Superar este problema implica dejar de normalizar el orden social y espacial de cualquier ciudad mexicana y organizarse entre los afectados para exigir infraestructura y servicios adecuados que disminuya o incluso elimine tales desigualdades.