La iniciativa de ley para modificar el Artículo 2º constitucional, dicen los denunciantes, contiene cientos de artículos que harán retroceder sus derechos.
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El capitalismo es el sistema económico dominante en el mundo. Es conocido que este sistema tiende a generar una gran desigualdad económica en la población, generalizando la pobreza y aumentando la fortuna de unos cuantos. Esta desigualdad se extiende también al ámbito ambiental en distintos planos. Corporaciones y empresarios, con el objetivo de desviar su responsabilidad en la contaminación global, han querido extender la idea de que la gente pobre, al tener menor nivel educativo, por ignorancia y falta de consciencia, genera más contaminación; esto está muy lejos de la realidad pero, ¿quiénes son los principales causantes del deterioro ambiental y quiénes sufren verdaderamente las consecuencias?
En el mundo, sólo un puñado de países genera la mayor parte de emisiones de dióxido de carbono (CO2). Diez países generan el 70 por ciento de las emisiones mundiales de CO2, entre ellos se encuentran: China, Estados Unidos (EE. UU.), India, Rusia, Japón, Indonesia, Irán, Alemania, Corea del Sur y Arabia Saudí. Sin embargo, tomando en cuenta la población per cápita, los países más contaminantes son: Catar, Kuwait, Arabia Saudita, Canadá, EE. UU., Alemania, China, España, Francia y Tailandia. La Oxfam determinó, en 2023, que el uno por ciento más rico, que representa un grupo pequeño de multimillonarios, generó en 2019 el 16 por ciento de las emisiones de carbono en el mundo, lo que equivale a las mismas emisiones que generó el 66 por ciento más pobre.
En contraste, los países más afectados por la contaminación y la crisis climática son los más pobres. El cambio climático es un fenómeno global, sin embargo, no afecta de la misma manera a todo el mundo; por ejemplo, Karnei (2024) señala: “los países más pobres enfrentan consecuencias más graves del cambio climático”. Esta afirmación se basa en la investigación de Bastien-Olvera que demuestra la pérdida de recursos maderables derivada del desplazamiento de la vegetación hacia los polos, lo que tiene un efecto en la economía de la madera, que se refleja en el PIB de cada país. Esto se analizó bajo un escenario de altas concentraciones de gases de efecto invernadero (RCP 6.0), y se encontró que el 50 por ciento más pobre de los países se llevará el 90 por ciento de las pérdidas de Producto Interno Bruto (PIB). Claro que esto no se queda ahí, también se extiende a pérdidas intangibles de servicios ecosistémicos o biodiversidad. Otro ejemplo: más del 90 por ciento de las muertes relacionadas con la mala calidad del aire ocurre en países de ingresos bajos y medios (ONU, 2018).
Las personas más pobres viven en zonas donde están más expuestas a contaminantes ambientales del aire, el agua y el suelo, o zonas vulnerables a desastres naturales como huracanes, por lo que les es más difícil reconstruir una casa o simplemente hacer frente a las consecuencias; para la gente de los estratos sociales más bajos sobreponerse a las inclemencias naturales es un gran reto. Además, no tienen la misma influencia en la participación de políticas públicas pues, como concluye Jáuregui et, al. (2011) en un artículo científico: “se encontró que cuanto mayor es la desigualdad del poder, tanto menor es la calidad de las políticas ambientales. Esto se debe a que los que se benefician de actividades económicas que generan contaminación tienen más capacidad de ser escuchados, por su relativo alto nivel de ingreso y educación”.
Sequías, incendios forestales y tormentas tropicales son otros fenómenos que también afectan mayoritariamente al sector más pobre de la población; resulta paradójico que quienes se apoderan inescrupulosamente de la riqueza económica sean quienes mayor perjuicio provocan al medio ambiente y además sean quienes sufren en menor medida las consecuencias. ¿Podemos cambiar esta relación? Sólo si estamos dispuestos a migrar a un sistema económico más justo y equitativo.
La iniciativa de ley para modificar el Artículo 2º constitucional, dicen los denunciantes, contiene cientos de artículos que harán retroceder sus derechos.
A pesar de que el gobierno actual dice buscar un mayor reconocimiento de sus derechos, éstos viven con carencias en salud, educación y alimentación.
En Quintana Roo se genera cada vez más riqueza, pero la distribución permanece desigual.
El discurso oficial sostiene que estos eventos representan una inversión y no un gasto.
El ingreso que reciben los hogares por la venta de su fuerza de trabajo, o porque son beneficiarios de algún programa social, resulta insuficiente.
Las familias ricas destinan menos porcentaje de su ingreso a pagar el impuesto predial que las familias pobres.
Compiten más de cuatro mil 335 personas con doctorado por 200 puestos de investigación, docencia e ingeniería tecnológica.
Para las comunidades cercanas al mar, los huracanes representan un problema recurrente porque, después de cada fenómeno, los afectados deben reconstruir su patrimonio y empezar nuevamente.
Las grandes editoriales las regalías significativas fluyen casi exclusivamente hacia los bolsillos de los escritores “consagrados”
El 72 por ciento no gana lo necesario y 66 por ciento se encuentra en la informalidad.
Aunque los datos sobre carencias educativas, de alimentación, vivienda o ingreso quizá puedan no parecer tan elevados en el promedio, en sus extremos superiores sí dan cuenta de municipios con carencias muy importantes.
En México, 28 millones de personas carecen de comida y 10 millones sufren y padecen hambre crónica.
Los dominios de estos objetos matemáticos pueden ir más allá de los números reales y ser realizados en dominios más abstractos.
Los malos resultados en PISA 2025 son el reflejo de años de desigualdad social acumulada.
No puede evadirse la realidad, la sociedad humana está profundamente dividida en dos clases sociales fundamentales.
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Escrito por Celina Aguiar Parra
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