En su informe de Indicadores de Ocupación y Empleo (IOE) entre mayo de 2021 y mayo de 2022, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) difundió cifras poco esperanzadoras sobre el panorama socioeconómico de México. Entre las cifras más sobresalientes destaca un aumento del 0.7 por ciento en la población ocupada (PO); que el 23.1 por ciento fue autoempleada (748 mil 310 más que en el año anterior) y que otros 141 mil 982 trabajadores “sumados” a la PO no están en nómina; por lo que sus ingresos pueden ser nulos o mínimos, ya que dependen de los de la unidad económica, en la que además cubren más de la tercera parte de la jornada laboral. Esto significa que en el último año aumentaron los empleos vulnerables, con salarios precarios y sin servicios médicos ni prestaciones sociales. Del total de la PO, 18 millones 751 mil personas apenas recibieron un salario mínimo (SM) y 18 millones 671 mil ganaron entre uno y dos SM, ingresos insuficientes para adquirir la canasta básica, cuyo costo es superior a dos SM. En palabras llanas, estas cifras revelan que los 37 millones 422 mil trabajadores viven en pobreza alimentaria.

El informe, emitido el pasado 28 de junio, aclara asimismo que 4.8 millones personas están subocupadas y que el 55.6 por ciento de la población económica activa (PEA) se halla en la informalidad laboral. Las principales implicaciones sociales del empleo informal son su inestabilidad, que las jornadas son demasiado largas, las condiciones de trabajo muy inseguras, que carecen de servicios médicos y sociales; y que, en la mayoría de los casos, los ingresos están por debajo de los del empleo formal. Además, la informalidad está asociada a la baja productividad laboral, lo que repercute negativamente en el crecimiento económico.

No está por demás puntualizar que en el modo de producción capitalista, el trabajo es la principal fuente de ingresos de las personas que no poseen medios de producción, quienes con sus salarios adquieren los alimentos y los enseres domésticos necesarios para él y su familia; y que por ello es indispensable resolver los graves problemas de empleo que hay en México. Negar al pueblo mexicano la capacidad de vender su fuerza de trabajo a cambio de siquiera un salario ínfimo es condenarlo a la pobreza alimentaria y a padecer otras carencias como la inaccesibilidad a servicios básicos como vivienda, salud y educación; y ya ni para qué plantear el darse la satisfacción de cubrir sus necesidades recreativas y espirituales. La carencia de empleo, además, niega al trabajador la posibilidad de realizarse como ser humano, lo condena a la inacción, le impide desarrollar las mínimas capacidades ya limitadas por el trabajo mecanizado que caracteriza al modo de producción capitalista; y lo corrompe, porque lo orilla a la delincuencia y a los vicios más bajos, donde termina deshumanizándose.

Si bien este panorama no es fruto único del gobierno en turno, lo cierto es que éste no ha tomado las medidas necesarias para revertir esta situación. Desde su inicio, la actual administración Federal evadió la creación de fuentes de empleo porque las redujo a la necesidad de producción nacional. En cambio, ha dado prioridad a megaproyectos que solo generan empleos temporales y baja productividad, también a sus programas de transferencia monetaria, que no resuelven los problemas de pobreza y desvían recursos del erario. En lugar de propiciar la creación de empleos dignos y bien remunerados para el pueblo, este gobierno se ha dedicado a “acciones de caridad” que arrebatan a sus beneficiarios todo rastro de dignidad humana, ya que sus condiciones materiales los obligan a venderse al mejor postor y a la esclavitud de sus necesidades. El pueblo de México debe tomar conciencia de que nadie más que él mismo velará por sus intereses; y que quienes ahora los mantienen en la miseria pretenden comprar su conciencia.