La inseguridad, la violencia delictiva y el desempleo obligan anualmente a miles de familias michoacanas a dejar sus lugares de origen para emigrar a otras entidades de la República y a Estados Unidos (EE. UU.), sin que las autoridades estatales y federales hagan nada para evitarlo.

En enero de 2022, Michoacán ocupó el segundo lugar nacional en homicidios, al sumar 234 asesinatos, cifra equivalente a un promedio de 7.5 víctimas diarias, de acuerdo con información del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP).

Pero la inseguridad pública en el estado no solo proviene de las bandas delictivas, sino también de muchas personas que están acostumbradas a portar armas para resolver sus problemas personales y de negocios.

Silvano Aureoles Conejo, ex gobernador de Michoacán

Por ello, ambos problemas, aunados a las crisis económica y de empleo, han provocado que la migración crezca y que ahora empiece a tener otras fuertes implicaciones económicas, políticas, sociales y culturales.

Entre 2015 y 2020 abandonaron el estado 110 mil 781 michoacanos para radicar en otras entidades. Únicamente en 2020 salieron del país 50 mil 770, de los cuales 94 de cada 100 se fueron a EE. UU.; en el país fueron 802 mil 807, de los que 77 de cada 100 emigraron. Michoacán aporta el 11.4 por ciento de los migrantes que viajan hacia el vecino país.

La violencia no termina

A principios de agosto de 2022, el Gobierno Federal informó que el número de homicidios dolosos disminuyó 19 por ciento con respecto al mismo periodo de 2021 y el 13 por ciento con relación a los últimos dos meses. Sin embargo, los homicidios dolosos y feminicidios registrados de enero a junio de 2022 se incrementaron el 11 por ciento con respecto al mismo periodo del año anterior.

De igual manera, hubo un aumento sustancial en otros delitos de alto impacto como la trata de personas, en el que Michoacán presenta el primer lugar nacional. Según el reporte de Causa en Común, el alza de víctimas de este delito en Michoacán fue del 467 por ciento, Querétaro reportó 300 por ciento y Chihuahua 227 por ciento.

“El gobierno del estado y el Federal, hace unos días, dijeron que hubo una disminución en la violencia, pero no es cierto; basta con ir a la catedral y ver a los manifestantes en contra de la violencia, gente que busca a mujeres y ahora también a hombres desaparecidos. Ellos y ellas no desaparecieron porque sí, cada vez hay más gente que desaparece ‘mágicamente’”, reveló a buzos Armando Velazco, fotógrafo independiente.

En cuanto a secuestros, Uruapan no ha logrado controlarlos. Según cifras de la organización Causa en Común, en el primer semestre de 2021 hubo seis casos en Uruapan, municipio que ocupa el segundo lugar nacional precisamente después de Ciudad Juárez, Chihuahua); y lleva ocho meses en el primer sitio en lo que va de 2022.

 “¿En dónde están la seguridad, los policías y la Guardia Nacional? Está feo aquí en Michoacán. Sí, tenemos mucha cultura, tradición y es colorido y lleno de música; pero hay que andarse cuidando de los asaltos, de una bala perdida; hay que estar al pendiente de las mujeres porque se las llevan y ya no aparecen. También hay que andarse cuidando de la violencia psicológica y laboral que está fuerte. De eso también hay que hablar: no solo hay violencia física en Michoacán; es mucha la psicológica y laboral que se vive en la actualidad, lo que empeora las cosas aún más”, agregó Velazco, quien desde la calle mide el índice de inseguridad pública.

Además de los factores arriba citados, la violencia registrada en Michoacán se debe, en gran medida, a la pésima política de “abrazos y no balazos” del gobierno de la República; al deplorable estado en que el exgobernador perredista Silvano Aureoles dejó a la entidad y al mal trabajo del gobierno morenista actual.

Un ejemplo de que la violencia es imparable en Michoacán –así como en Jalisco, Guanajuato, Chihuahua, Baja California y Colima– se produjo en la segunda quincena de agosto cuando seis patrullas con 25 elementos de la Guardia Nacional fueron retenidas por comuneros para exigir la liberación de 164 presuntos integrantes del grupo Pueblos Unidos que la citada corporación había detenido un sábado anterior.

Ésta fue la respuesta a la detención de sujetos que atacaron con armas de fuego una estación de gasolina en Zitácuaro, y quienes presuntamente conforman un grupo criminal.

“Tengo miedo al salir de mi casa cuando voy a trabajar. Seguido se escuchan balazos aquí en la colonia, uno tras otro. Al mes fácil se escuchan unas tres, cinco veces. Me han asaltado varias veces y solo pienso en lo que me expongo por la miseria que pagan en la fábrica. Pero no tengo de otra; por mi edad en otros lados ya no me contratan”, afirma Elisa Huerta, habitante de la colonia Obrera, ubicada en la capital, Morelia.

Según información de Rosa Icela Rodríguez, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), hasta agosto de este año, Michoacán se posicionó como la segunda entidad con mayor número de homicidios, con un total de mil 587; dejó en primer lugar a Guanajuato con mil 864.

Migración, la salida

La migración michoacana está estrechamente ligada a la falta de oportunidades, al desempleo y a las deplorables acciones del gobierno estatal en materia económica y de seguridad pública. E stos problemas, sin embargo, no son nuevos, pues hace cinco años registró el mayor índice de expulsión de personas en el país.

El Departamento de Agricultura de EE. UU. reportó que el salario de los trabajadores agrícolas se incrementó en nueve por ciento en relación con el de 2021, lo que resultó muy atractivo para los michoacanos, quienes en su entidad carecen de ingresos de ese nivel.

 “A veces uno encuentra más posibilidades en otras ciudades o en EE. UU., conviene más trabajar allá porque pagan en dólares”, comentó a buzos Leticia Araiza, originaria de Yurécuaro, madre de tres hijos.

Aunque es contadora egresada de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH), en los últimos 30 años ha emigrado de Michoacán a la Ciudad de México y a EE. UU.; en este país específicamente a California, para laborar en la pizca de la uva.

Andrés Manuel López Obrador y Alfredo Ramírez Bedolla, actual gobernador de Michoacán

“Trabajo en el campo y bajo el Sol todo el día. A veces nos vamos un año, a veces medio. Somos muchas personas en la misma situación que yo”, mencionó Leticia. Entre las tareas que realiza se hallan la limpia de primeras hojas y brotes, proteger la fruta de la lluvia para que no se moje; cosecha, limpia y empacado.

En abril de este año, California fue el estado que más pagó a los trabajadores agrícolas con un promedio de 18.25 dólares por hora; mientras que en enero fue de 17.75 dólares. En lo que va de 2022 es la entidad del país vecino con mayor porcentaje solicitudes de trabajadores para emigrar a EE. UU.

En este momento, Leticia se encuentra en su estado natal y percibe el incremento de la inseguridad pública que padece Michoacán. Mientras tanto, el presidente Andrés Manuel López Obrador y el gobernador morenista Alfredo Ramírez Bedolla presumen las remesas como si fueran resultado de sus políticas públicas, cuando en realidad son un reflejo del fracaso de sus respectivos gobiernos.

Ninguno de los dos niveles de gobierno ofrece las fuentes de trabajo, ingresos salariales seguros ni la seguridad pública que necesitan los michoacanos; de contar con estas condiciones, no tendrían que buscar afuera solución a sus problemas ni abandonar a sus seres queridos.

La migración es indefinida o por tiempo establecido. Según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), entre 2015 y 2020 salieron de Michoacán de Ocampo 110 mil 781 personas para radicar en otra entidad; de cada 100, 16 se fueron a vivir a Jalisco, 12 a Baja California, 11 al Estado de México, nueve a Guanajuato y nueve a Querétaro. En el mismo periodo, 50 mil 770 personas se fueron a otro país, 94 de cada 100 a EE. UU.

Uno de los informes de la Sesión Ordinaria de la Comisión de Organización Electoral sobre Intensidad Migratoria de michoacanos a EE. UU. reveló que, en 23 de los 113 municipios que representan el 20.3 por ciento, el nivel resultó muy alto; 46 (el 40.7 por ciento) reportan únicamente alta intensidad; y 44 mediana y baja intensidad. Es decir, el 61 por ciento de los municipios tienen “muy alta y alta migración”.

Sin embargo, dicha información se difundió con datos del Censo de Población y Vivienda proyectada por el Inegi en 2010, el Instituto Nacional de Migración (INM), el Instituto de Mexicanos en el Exterior y en la Secretaria del Migrante del Estado de Michoacán, sin que se encontrara información actualizada y desagregada por municipio.

En los municipios con altos y muy altos niveles de migración, la población está expuesta a graves problemas de desamparo social y económica, inseguridad pública y violencia delictiva, como en Aguililla, Cotija, Huetamo, Lagunillas, Mújica, Nocupétaro y Tacámbaro.

Gisela Jiménez, nacida en Sahuayo, es “residente permanente” en EE. UU. desde hace 10 años. Una fuerte crisis económica la motivó primeramente a enviar a su hija mayor; y meses después ella se fue con sus dos hijos más pequeños; y medio año después, los alcanzó su esposo.

“Mi hija, la más grande, tenía 18 años, ella estudiaba la prepa en Morelia. Vivíamos bien o al menos nunca nos faltó nada. De repente mi esposo, quien tenía una bodega de fruta en el mercado de abastos, dejó de vender y de ganar lo que antes ganaba”, contó a buzos.