A un año de la publicación oficial del Protocolo Nacional de Atención Integral a Niñas, Niños y Adolescentes en condición de Orfandad por Feminicidio (PNAINNAOF) todavía no existe un registro actualizado de víctimas ni se han creado programas sociales para atenderlas.

La Procuraduría Federal de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes (PFPNNA), encargada de operar el citado Protocolo, en su portal de Internet asegura que sólo conoce el caso de dos niñas en esta situación, una en la Ciudad de México (CDMX) y otra en Querétaro.

A partir de su activación, oficialmente el cuatro de agosto de 2021, la PEPNNA y el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) tenían la obligación de articular, coordinar y brindar los servicios para proteger y restituir derechos humanos y aplicar el Protocolo.

Pero a un año de su entrada en vigor y a dos de que el Gobierno Federal anunciara con bombo y platillo su nacimiento, la PEPNNA arrastra los mismos problemas de siempre: desconoce cuántos huérfanos por feminicidio existen en México; las instituciones oficiales no se coordinan para atender a las víctimas; no reconocen su obligación de registrarlas y no existe ningún nuevo programa social en beneficio de ellas.

El DIF Nacional y la PFPNNA desconocen incluso lo que ocurre en sus oficinas estatales, ya que solo en seis de las 32 entidades el DIF reconoce cuántos casos de niños y adolescentes en condición de orfandad por feminicidio se atendieron a partir del Protocolo; 13 entidades afirmaron no tener ningún caso y solo 11 reconocieron haber atendido al menos a una víctima.

En las instalaciones del DIF atienden a 105 niños y adolescentes en condición de orfandad por feminicidios ocurridos entre 2015 y abril de 2022. Otras instancias oficiales encargadas de operar el Protocolo son las procuradurías y fiscalías generales de justicia estatales (FGE), Federal (FGR), así como las oficinas de protección a la mujer en los estados y la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV).

Vía transparencia, las 16 FGE reconocieron tener al menos un caso de niños o adolescentes en esta condición. Las otras 16 ni siquiera llevan registro, reportaron cero casos o reconocieron no ser competentes.

En un país donde cada mes asesinan a 312 mujeres, según los datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), las fiscalías estatales reportan únicamente 947 niños y adolescentes en orfandad por feminicidio de 2015 a abril de 2022.

El Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres) no tiene datos actualizados desde el inicio del Protocolo; la Conavim negó tener competencia en este asunto en particular; y la CEAV respondió que no tiene registro de víctimas y que no ha realizado acciones sociales porque es una tarea del DIF.

Asimismo, las oficinas de la CEAV en Chiapas, Tlaxcala, Coahuila, Tabasco, Guanajuato, Nuevo León, Nayarit, Baja California Sur, Sonora, Yucatán, Aguascalientes, Sinaloa, Querétaro, Jalisco, Hidalgo, Michoacán, Zacatecas, Chihuahua, Oaxaca, Colima, Quintana Roo, Veracruz, Puebla y la CDMX señalaron que no han abierto expedientes sobre este problema.

El Inmujeres reveló que, en 2019, en México había 796 casos de infantes en condición de orfandad por feminicidio; pero correspondían a solo 26 entidades; ya que el resto no entregó datos o sus registros no eran claros, explicó la institución. Ésta es la única cifra oficial con este tipo víctimas a la fecha en México.

El Protocolo, iniciativa de víctimas

“Es la primera vez en la historia de nuestro país que se está atendiendo, y quiero ser muy enfática, a las niñas, niños y adolescentes en condición de orfandad por los feminicidios con la finalidad de garantizar el acceso a la justicia, restituir sus derechos y brindarles la protección social y asistencia que requieran”, declaró la entonces Secretaria de Gobernación (Segob), Olga Sánchez Cordero, al anunciar el Protocolo en una conferencia de prensa, a pesar de que no existía entonces ningún documento que lo respaldara.

Hay que destacar, sin embargo, que el Protocolo no nació por iniciativa gubernamental, sino que fue exigencia de las madres y hermanas de las víctimas de feminicidio. Estas mujeres pidieron que el Estado las ayudara a garantizar que sus huérfanos tuvieran educación, salud, atención psicológica y otros servicios básicos.

Una de ellas fue Sandra Soto Azúa, hermana de Serymar Soto Azúa, asesinada el 28 de enero de 2017 por su pareja en Torreón, Coahuila. Sandra se quedó a cargo de Romeo, el hijo de tres años y medio de edad que le sobrevivió a Serymar.

La ahora impulsora del blog Huérfanos por Feminicidio en México reveló, en entrevista con este semanario, que cuando asesinaron a su hermana se enfrentó a la completa desatención de Romeo, víctima indirecta, pero de por vida, del feminicidio de su hermana.

Fue en ese momento cuando el personal de la Secretaría de la Mujer de Coahuila (SMC) se le acercó a ofrecerle un apoyo de 300 pesos mensuales; ante este insuficiente apoyo, buscó en otras instituciones, para descubrir que no había programa alguno enfocado a atender estos casos.

Sandra creó páginas en redes sociales para encontrar al asesino de su hermana y que pagara por el feminicidio y también para que el Estado se responsabilizara de mantener al niño. Esta iniciativa le permitió vincularse con otras familias en la misma condición que ella; o con problemas aún más complejos, por ejemplo, que debían pelear la guarda y custodia de las víctimas con los feminicidas.

Luego de años de insistencia, Sandra y las otras familias lograron, a través de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), que se creara un programa específico para la orfandad por feminicidio en Coahuila, que consiste en una compensación económica de cuatro mil pesos bimestrales.

Sandra explicó que exigieron que este programa se instalara en todo el país. Esta propuesta llegó a Sánchez Cordero durante los foros que, en 2018, organizó el entonces candidato presidencial Andrés Manuel López Obrador (AMLO) antes de asumir la Presidencia de la República.

Sánchez Cordero tomó nota sobre la propuesta, le pidió su número telefónico para contactarla y se comprometió a que las familias formarían parte de ella. Sin embargo, después de esto, Sandra nunca más fue contactada por el Gobierno Federal.

La luchadora social se enteró por televisión de la creación del Protocolo; pero hasta la fecha no sabe en qué consiste, porque los huérfanos ahora reciben los mismos apoyos que antes del Protocolo; y lo más común es que sean las propias familias de víctimas quienes hagan las aportaciones monetarias, orienten y acerquen a las mujeres con las instituciones.

Además de Coahuila, los estados de México y Jalisco tienen programas sociales específicos para huérfanos por feminicidio. El programa de Jalisco se creó en 2017 y consiste en la entrega de tres mil pesos bimestrales; además de que se habilitó un Modelo de intervención psicológica, psicoeducativa y de cuidados integrales para hijas e hijos de víctimas de feminicidio, dirigido por el personal especializado de las instituciones públicas.

En el Estado de México (Edomex) hay tres programas de apoyo: uno económico, otro alimenticio para todos los integrantes de familias víctimas de feminicidio y el Valentina que consiste en dos mil pesos mensuales y se otorga a menores de edad en orfandad.

Este programa recibió el nombre de una menor de dos meses de edad que fue vendida por el feminicida de su madre, pero que después fue recuperada por las autoridades y entregada a su abuela materna, quien desde entonces quedó a cargo de ella y de sus otras dos hermanas. Estos apoyos no han sido evaluados para determinar su efectividad.

Después de la publicación del Protocolo, Olga Sánchez Cordero advirtió que los huérfanos por feminicidio podrían acceder a las Becas del Bienestar Benito Juárez; pero hasta ahora se desconoce cuántas víctimas han sido beneficiadas con este apoyo.

Durante una entrevista hecha en septiembre de 2021, el procurador federal de PFPNNA, Oliver Castañeda Correa, indicó que, con el Protocolo, las procuradurías o fiscales locales (FGE) deberían registrar las atenciones que brinden a infantes en esta situación; pero aclaró que no están obligadas a crear un padrón que permita cuantificarlas.

Castañeda Correa también detalló que el Protocolo es una “ruta de atención”, pero que no plantea obligaciones normativas, por lo que no propone nuevas atribuciones para los funcionarios que atienden a la niñez ni que su dependencia tenga presupuesto propio y que operaría con los recursos de otras dependencias.

Con respecto de la necesidad de crear nuevos programas sociales, el funcionario explicó que con el Protocolo se buscaría ampliar los ya existentes y replicarlos en todo el país. Pero nada de esto ha sucedido hasta ahora.

“Se me hace sumamente importante la justicia para las mujeres que ya no están. Sin embargo, la justicia real creo que se puede lograr en los hijos de las víctimas de violencia feminicida. Ahí es donde radica la justicia real, porque ellos continúan en la vida y continúan debatiéndose contra la realidad. Ahora están estigmatizados por esa desgracia que tuvieron en su vida y los niños tienen muchas pérdidas, no solo la pérdida de su mamá, de su escuela, de su entorno, de sus juguetes. Pierden todo en vida. La justicia real, al menos en lo que el Estado mexicano puede asegurarles y regresarles la estabilidad es en lo legal, en lo psicológico y en la manutención”, reflexionó Sandra.

Esta reportera buscó entrevistar a algún funcionario del DIF que explicara los avances anuales de tales protocolos, pero no obtuvo ninguna respuesta.