El 17 de marzo de 2019, el expresidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) declaraba categórica y públicamente que en México se había terminado el modelo neoliberal. La afirmación buscaba marcar un hito en la historia política y económica del país: el inicio de una nueva etapa que prometía dejar atrás décadas de privatizaciones, apertura indiscriminada al capital extranjero y subordinación a los mercados financieros. Sin embargo, pocos años después, Larry Fink, CEO de BlackRock, caminaba por los pasillos de Palacio Nacional para reunirse con el gobierno mexicano, una escena que se repetiría con frecuencia durante el sexenio de AMLO y luego con Claudia Sheinbaum Pardo. Si el neoliberalismo realmente terminó, ¿qué hace el mayor gestor de capital del mundo sentado en la mesa del poder político mexicano?

Para comprender por qué esta escena importa, primero hay que entender qué es BlackRock. No se trata de una empresa industrial ni de un banco convencional: es el mayor administrador de fondos de inversión del planeta, con más de 11.6 billones de dólares bajo gestión, una cifra superior al Producto Interno Bruto japonés, la tercera economía mundial. Su negocio no consiste en producir bienes, sino en administrar capital de bancos, fondos de pensiones, aseguradoras y grandes fortunas e invertirlo en miles de empresas, deuda pública e infraestructura en el mundo. Esto le otorga un poder singular: influir en la decisión sobre qué sectores reciben financiamiento, qué proyectos se expanden y qué economías se integran a los circuitos del capital global. BlackRock no es sólo un actor económico, sino uno de los nodos centrales del capitalismo financiero contemporáneo; ese mismo sistema que el expresidente declaró desterrado de México.

El problema es que este tipo de capital no opera con la lógica del desarrollo productivo, sino con la de la rentabilidad. Los grandes fondos de inversión buscan maximizar beneficios para sus inversionistas en el menor tiempo posible, orientando recursos hacia sectores altamente rentables como energía, minería, infraestructura y bienes raíces. En México, las consecuencias ya son visibles: BlackRock canaliza inversiones hacia el sector inmobiliario mexicano mediante fondos que incluyen a su vez, fideicomisos de inversión en bienes raíces (FIBRAs), con participación en dinámicas de acumulación de inmuebles que ha contribuido al encarecimiento de la vivienda en las grandes urbes como la CDMX, Monterrey y Guadalajara, donde los precios de renta se han elevado muy por encima de los salarios en la última década. Es decir, cuando el capital financiero global entra al mercado inmobiliario, la vivienda ya no representa un derecho y se convierte en un activo de inversión inaccesible para millones de familias trabajadoras. Al capital financiero no le importa el desarrollo social, sino que reorganiza las economías para extraer valor de ellas; y es justamente este tipo de poder económico el que hoy camina plácidamente por los pasillos de Palacio Nacional.

El alcance de este poder tampoco se limita al terreno económico. BlackRock es uno de los principales accionistas de empresas como Lockheed Martin, Northrop Grumman y RTX, corporaciones de la industria bélica que mantienen contratos multimillonarios con gobiernos occidentales y con el ilegítimo Estado de Israel. Estas compañías producen sistemas de armamento y tecnología militar utilizados en el genocidio que ahora mismo está ocurriendo en la Franja de Gaza. Cuando el capital financiero se entrelaza con la industria de guerras y muerte, su influencia ya no es solamente económica y se convierte en poder geopolítico. En ese contexto, la presencia recurrente de BlackRock en Palacio Nacional no representa una simple reunión empresarial: expresa el peso estructural que el capital financiero global mantiene sobre las decisiones políticas y económicas de México.

La pregunta regresa inevitablemente al punto de partida: ¿puede plantearse el fin del neoliberalismo mientras el mayor gestor de capital del planeta mantiene una relación constante con el poder político mexicano? El problema no consiste en que el gobierno dialogue con inversionistas internacionales; el inconveniente deriva de haber proclamado el fin de un modelo económico, mientras sus representantes más poderosos, los mismos que lucran con la vivienda inaccesible y la industria de la guerra, ahora cuentan con asientos “para personas muy importantes” (VIP) en Palacio Nacional. El neoliberalismo no es sólo un discurso ni una etiqueta ideológica: sino una estructura de poder donde el capital financiero mundial adquirió una influencia desmedida sobre los Estados. Mientras esa estructura permanezca intacta, el supuesto final no será otra cosa más que demagogia política al estilo de la “Cuarta Transformación”.