Granaderos reprimieron a los estudiantes con uso de gas lacrimógeno.
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La madrugada del 9 de mayo una jueza federal ordenó dejar en libertad provisional a ocho militares vinculados en el caso de la desaparición de los 43 normalistas en Ayotzinapa por el delito de delincuencia organizada y desaparición forzada de personas.
De acuerdo con el diario Reforma, la jueza Raquel Duarte además de conceder la libertad provisional a dichos elementos de las Fuerzas Armadas, también les ordenó pagar una garantía económica de 100 mil pesos.
Por su parte, Santiago Aguirre, director del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Prodh), acusó que la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) está afectando el esclarecimiento de los hechos al litigar a favor de los militares que presuntamente estuvieron involucrados en la desaparición de los normalistas.
“Con criterio parcial y sesgado, juzgado federal concede cambio de medida cautelar a ocho militares acusados de desaparición forzada y delincuencia organizada en el caso Ayotzinapa. Sedena sigue litigando a favor de los militares acusados en caso, lo que se suma a su resistencia a entregar todos los documentos de sus archivos. Esto confirma lo que hemos visto en los últimos años: el Poder Militar, sin contrapesos, afecta a la justicia y al esclarecimiento del caso”, se lee en el comunicado del Prodh.
Granaderos reprimieron a los estudiantes con uso de gas lacrimógeno.
Exigen al Gobierno Federal y a las Fuerzas Armadas la entrega de información relacionada con la noche del 26 de septiembre de 2014
Los padres han sostenido cinco reuniones con la presidenta Claudia Sheinbaum; sin resultados concluyentes. Convocan a marcha el 26 de septiembre.
La reunión se dio en un contexto marcado por la reciente renuncia del abogado Vidulfo Rosales, quien representó a los padres durante 11 años.
El próximo 4 de septiembre se dará a conocer un informe detallado por parte del equipo especial.
Nuestras percepciones sobre el entorno y el lugar que ocupamos en él se construyen, en gran medida, a partir del “sentido común”.
La captura ocurrió en la calle Ernesto Viveros Oriente, en la colonia Centro de Almoloya, Hidalgo.
A pesar de la absolución, Abarca permanece recluido en el penal del Altiplano por delitos de: lavado de dinero y contra la salud.
Para rechazar esa versión, las autoridades tendrían que hallar los restos de los normalistas en un sitio diferente al Río San Juan, en el municipio de Cocula.
“Jonathan quedó atrapado entre la desmemoria oficial y el abandono institucional”, denunció el Colectivo de Sobrevivientes del Caso Ayotzinapa.
La Fiscalía General del Estado (FGE) la acusa de eliminar registros videográficos clave captados por cámaras del Palacio de Justicia de Iguala en septiembre de 2014.
La detención se llevó a cabo antes de que Palacios pudiera huir a Estados Unidos.
Sí. Sí fueron espiados. Tengo la certeza de que los espiaban, pero no fui yo. No fui yo. No fue la Procuraduría y no fue en mi momento. Primero porque no fui yo. Primero porque yo no tenía acceso a Pegasus": Tomás Zerón.
los padres cuestionaron a López Obrador por acusar a grupos de derechos humanos que los han apoyado en su lucha.
Encapuchados comenzó con pintas en los muros de los comercios a lo largo de Paseo de la Reforma.
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Escrito por Sebastián Campos Rivera
Periodista de finanzas, economía, negocios, mercados, divisas, indicadores y el sector energético. | X: @srivera1410