La entrega de constancias no es un acto administrativo, sino el acatamiento a una resolución que ha protegido la voluntad ciudadana que participó directamente el día de la elección del PJF.
Nacional
Marco legal prohíbe uso de programas sociales con fines electorales, señala INE a oposición
La consejera Claudia Zavala Pérez señaló que el marco legal ya prohíbe el uso de los programas sociales con fines electorales.
Este jueves, El Instituto Nacional Electoral (INE) rechazó hacer un exhorto a los aspirantes que buscan un cargo de elección popular y a los partidos políticos para que no utilicen los programas sociales con fines electorales.
Esa negativa de parte del INE volvió a generar una confrontación verbal entre los representantes del PRD y del Partido del Trabajo, Emilio Álvarez Icaza Longoria y Gerardo Fernández Noroña, respectivamente.
Los ánimos comenzaron a caldearse cuando Icaza Longoria afirmó que el crimen organizado y el gobierno son una sola cosa, declaración que causó la ira de Fernández Noroña, quien advirtió que no iba a tolerar ese tipo de insidias.
A pesar de los argumentos esgrimidos por la oposición, el Consejo General dek INE, rechazó la solicitud del PRD para hacer el exhorto.
En su oportunidad, la consejera Claudia Zavala Pérez señaló que el marco legal ya prohíbe el uso de los programas sociales con fines electorales.
“Aquí hay un amplio, en México, hay una amplia regulación desde la Ley de Delitos Electorales, pero también en torno al tema de programas sociales. Nosotros no vamos a exhortar a lo que la ley ya dice y establece, y estipula y hay conductas reguladas como infracción en delitos electorales. En esa medida, las denuncias que haya pues se tendrán que atender”.
Por su parte, la consejera Carla Humphrey Jordan señaló que el INE no tiene atribuciones para ello.
“Este Instituto carece de atribuciones para realizar este tipo de exhortos. En segundo, porque en cumplimiento de nuestras atribuciones, nosotros ya hemos emitido los lineamientos que establecen medidas preventivas para evitar la injerencia y/o participación de personas servidoras públicas que manejan programas sociales gubernamentales para este proceso electoral”, concluyó.
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