El recorte financiero de hasta 85 por ciento que en 2018 se aplicó en los centros médicos especializados de la Secretaría de Salud (SS) y el congelamiento de mil 363 millones de pesos (mdp) del Sector Salud en el actual Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF- 2019), provocaron desempleo masivo de personal médico, desabasto de medicamentos y pone en riesgo la vida de millones de mexicanos en toda la República.

En San Luis Potosí, como en la mayoría de las entidades federativas, estos problemas evidencian el grado de alarma sanitaria nacional. Por ejemplo, el pasado 21 de junio se difundió que más de un centenar de pacientes del Hospital General de Ciudad Valles (HGCV) estaban en riesgo de muerte por la suspensión de sus hemodiálisis. En la misma situación dramática se encuentran los enfermos de otros 20 municipios de región de la Huasteca.

El presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), Jorge Andrés López Espinosa, reveló en fechas recientes que esta oficina debió emitir una recomendación al gobierno estatal de San Luis Potosí (SLP) exigiendo la aplicación de una medida cautelar para pacientes que requieren de hemodiálisis, cuyos padecimientos crónico-degenerativos los exponen a riesgo de muerte.

El señor Raúl Hernández, de 74 años, derechohabiente del HGCV, en entrevista con buzos denunció la falta de este tratamiento médico vital y el desabasto de medicinas en dicho nosocomio:

“Acudo a este hospital para que me realicen las hemodiálisis correspondientes, pero ya son varias semanas que las máquinas se quedan sin agua, por lo que no se nos da el tratamiento completo. Esto empeora la enfermedad y además cada mes que paso por mi medicamento me dicen que no lo tienen, que no les ha llegado. Esta situación está empeorando y el gobierno no da soluciones; no puede seguir jugando con la salud de la gente”.

Los enfermos y sus familiares están desesperados. Los pacientes del Centro de Nefrología y Diálisis de este mismo nosocomio amenazaron con encadenarse afuera de las instalaciones si no reciben respuesta del delegado del Gobierno Federal, Gabino Morales, y de la secretaria estatal de Salud, Mónica Rangel.

El Artículo 4º. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece: “El derecho a la salud significa que los gobiernos deben implementar las medidas que permitan a todas las personas vivir lo más saludablemente posible, incluyendo la disponibilidad garantizada de servicios de salud”. Este derecho también está consagrado en tratados internacionales y regionales de derechos humanos y en las constituciones de países de todo el mundo, como el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (ICESCR) de 1966; la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer de 1979 y la Convención sobre los Derechos del Niño de 1989, entre otros.

Pero en la realidad este derecho es letra muerta para el Gobierno Federal vigente. El exdirector del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Germán Martínez, lo denunció en su carta de renuncia hace varios meses: “Ahorro y más ahorro, recortes de personal y más recortes de personal, y un rediseño institucional donde importa más el ‘cargo’ que el ‘encargo’… Ahorrar y controlar en exceso el gasto en salud es inhumano. Ese control llega a escatimar los recursos para los mexicanos más pobres”. Y remató: “Los severos recortes al presupuesto del sector salud hacen imposible que el instituto opere de manera adecuada”.

En San Luis Potosí, donde más de 90 por ciento de la población se atiende en centros hospitalarios públicos, como el IMSS o el Seguro Popular (SP), se acabaron los apoyos para atender a personas que necesitan hemodiálisis. Si antes era difícil que una familia pobre sufragara estos gastos médicos, hoy a causa de la endémica crisis socioeconómica, los enfermos deben resignarse a que su estado de salud se agrave o a esperar la muerte.

Protestas contra el recorte

En varias ocasiones, grupos de médicos residentes marcharon a Palacio Nacional con un pliego petitorio común, donde reclamaron solución a los problemas de desabasto de medicamentos, el retraso del pago de salarios (desde febrero de este año no los cobraban ni habían recibido sus bonos de 2018), y la falta de claridad en sus contratos.

El pasado 30 de junio, un contingente ciudadano de SLP protestó por las principales calles del centro histórico de la capital de la República para exigir al gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) que se devuelvan los recursos que le fueron retirados al sector salud. En San Luis Potosí, el recorte propició la pérdida de 50 por ciento de los apoyos a médicos y enfermeros pasantes y de 30 por ciento del suministro de medicinas.

La misma situación se enfrenta en otros 20 estados, y de modo más agudo en el Estado México (Edomex), Veracruz, San Luis Potosí, donde el desabasto de medicamentos, la reducción del personal médico, la falta de apoyos a pasantes, la insuficiencia de personal administrativo y la negativa de vacaciones o de incapacidades a éstos es más acusada.

En la clínica número 45 del IMSS en San Luis capital, por ejemplo, el desabasto de medicamentos es cotidiano y los pacientes que carecen de recursos para adquirirlos por su cuenta no tienen más remedio que “esperar a ver si después llegan”.

“En mi caso requiero medicamento para la diabetes y necesito venir cada mes a surtir mi receta, ahora me dicen que no hay, por lo que me veo en la necesidad de comprarla, lo que afecta mi economía pues no gano lo suficiente en mi trabajo, de por sí existe un descuento en la nómina que se va directo a los gastos médicos, esta situación es injusta”, indicó el señor Carlos Loredo, derechohabiente afectado.

 “Apenas comienza esta crisis en el sector salud ¿Cómo se puede hacer un recorte a algo tan importante como lo es la salud y por ende la vida de las personas? De por sí ya tiene uno muchas carencias y deficiencias. Debieron incrementarse más los recursos en estas áreas y no hacer recortes inconscientes, porque los enfermos somos cada día más. Desapruebo totalmente esta medida del Presidente de México”, agregó don Carlos.

Al respecto, el secretario general de la Confederación de los Trabajadores de México (CTM), Emilio de Jesús Ramírez Guerrero, consideró que la situación es grave y se cuestionó la actitud gubernamental con estas preguntas. “¿Cómo hacer ahorros en esta institución que se financia con las cuotas obrero-patronales y se brindan servicios de salud, hospitalización, maternidad, pensiones y jubilaciones? ¿Cómo pensar que haya ahorros y que se reduzca casi 30 por ciento cuando las aportaciones no son del gobierno sino de los patrones, de los trabajadores y la aportación del gobierno es muy poca?”.

El desabasto de medicinas ya llegó al cuadro básico, de manera que en nueve estados de la República escasean de forma alarmante los antirretrovirales y oncológicos. Los hospitales no se dan abasto para atender a los pacientes que ingresan día con día ni cuentan con las camillas necesarias para traslados a quienes las necesitan.

Mala política de austeridad

Pero la situación no se limita a los problemas ya citados. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) congeló más de 794 millones de pesos del presupuesto asignado a 26 institutos, hospitales y centros de alta especialidad. Además, ordenó reducir en un 30 por ciento los gastos operativos previamente aprobados y en 50 por ciento los relacionados con los servicios personales.

Marco Antonio García Ayala, líder del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Secretaría de Salud (SNTSS), denunció en las semanas anteriores que el sistema nacional de salud se halla colapsado por el despido de numerosos trabajadores. Tan solo en el arranque de gobierno de AMLO fueron dados de baja 10 mil 585 funcionarios públicos. En diciembre, la “poda” en el IMSS únicamente no tocó a “médicos y sindicalizados”.

El IMSS cuenta con 1.44 médicos por cada mil habitantes, cuando los indicadores internacionales manejados por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) recomiendan una media de 3.4 médicos por cada mil habitantes. “El IMSS atiende a más de 80 millones de mexicanos, esto lo convierte en el eje de las políticas de salud, por lo que es indispensable su reforzamiento en materia de infraestructura hospitalaria, de personal e insumos”.

En los últimos siete años, el presupuesto federal para la adquisición de medicamentos disminuyó 10.5 por ciento, al pasar de 88 mil 743 millones de pesos en 2013 a 79 mil 417 millones de pesos en 2019; mientras que el número de personas que gastaron en la compra de medicinas se incrementó en un millón y medio, destacó un reporte del Centro de Investigación Presupuestaria.

Roberto Martínez, director del Centro de la Organización de la OCDE para América Latina, informó que México es el segundo país miembro de esta institución donde el paciente destina más recursos propios en sus tratamientos médicos. Este “gasto de bolsillo” de los pacientes equivale a 45 por ciento del gasto total de salud en el país.

Además, los tiempos de espera para recibir atención de los pacientes en los centros médicos son de 91 minutos, tres meses mayores al promedio deseable de 30 minutos. Con el recorte de personal esta situación empeorará. “El estado de fragmentación de las instituciones de salud y la desigualdad en el acceso a la atención de calidad, requiere aumento del presupuesto, no recortes ni ajustes que atenten contra las necesidades de la población”, menciona la OCDE.

Paulatina desaparición de programas

Con la eliminación de la partida destinada al componente sanitario que contenía el programa Prospera, que brindó atención médica a población mayoritariamente vulnerable durante las últimas dos décadas, se afectó a cerca de medio millón de potosinos que quedaron desprotegidos en seis rubros vitales de salud.

Datos de la propia SS indican que, en 2018, el componente de salud de Prospera atendió a cerca de 470 mil habitantes ubicados en los 58 municipios mediante seis programas: Paquete Básico de Salud Garantizado, Estrategia Integral de Nutrición, Estrategia de Desarrollo Infantil, Plan de Comunicación Indígena, Trabajo Comunitario, y Sistema Nominal de Salud y Supervisión. Todos se hallan en grave riesgo de desaparición.

Con la eliminación de estos programas en San Luis Potosí, que en 2018 ejercieron 87.7 millones de pesos, quedarían en el desempleo 201 médicos, enfermeras y 850 auxiliares de salud, quienes recibían apoyos gubernamentales por su labor de intermediación directa con las comunidades rurales e indígenas del estado.

El recorte presupuestal desarticuló las brigadas médicas y la red de cuidados médicos que operaba la SS de San Luis Potosí, que en 2018 atendió a más de 116 mil familias en zonas de alta marginación, cerca de un millón de acciones de salud con cobertura especial a mujeres embarazadas en control, embarazo de riesgo, en periodo de lactancia, niños con problemas de desnutrición, consultas médicas generales y estimulación temprana en menores de cinco años.

La eliminación del componente Salud del programa Prospera se formalizó el 1° de marzo con la publicación de sus nuevas reglas de operación en 2019, que por primera vez en 22 años excluyeron una bolsa financiera destinada a la salud de la gente más pobre en el estado.