A pesar de que en 2019 y 2020, los resultados de México en el Índice de Percepción de la Corrupción (IPC) ilustraban una tendencia positiva en materia de control efectivo de la corrupción, la ausencia de sentencias firmes para los involucrados en los grandes casos de corrupción, como Odebrecht o la Estafa Maestra, o los vinculados con el caso de Agronitrogenados en PEMEX o de Segalmex, han puesto en duda la capacidad de la Fiscalía General de la República para ir más allá de la denuncia y llevar a los responsables a juicio, de acuerdo con Transparencia México.

Por lo anterior, en su edición 2022, el IPC presentado por Transparencia Internacional y Transparencia Mexicana, expuso que México mantuvo la misma calificación (31 puntos) por tercer año consecutivo. Este instrumento registra la opinión de especialistas, analistas de riesgo financiero, mujeres y hombres de la academia y los negocios sobre la situación que guarda la corrupción en cada uno de los 180 países evaluados.

Pese a que México identifica a la corrupción como uno de los principales obstáculos para el desarrollo social y la reducción de las desigualdades, las grandes tramas de corrupción no han sido sancionadas ni se han devuelto a las arcas de la nación los recursos desviados. Cada vez hay más evidencia pública de que las autoridades responsables de la impartición de justicia en esta materia podrían utilizar estas instituciones con un sesgo político-electoral.

La escala del índice va de cero, la peor calificación, a 100, la mejor calificación posible. Con 31 puntos, México se ubica en la posición 126 de los 180 países evaluados por Transparencia Internacional.

México obtuvo la misma calificación que Bolivia, Laos y Uzbekistán. Los países mejor evaluados en 2022 fueron Dinamarca (90 puntos), Finlandia y Nueva Zelanda (87 puntos), seguidos de Noruega (84 puntos), Singapur y Suecia (83 puntos). Los países peor evaluados fueron Siria y Sudán del Sur con 13 puntos, y Somalia, el peor calificado, con 12 puntos.

Entre los 38 países que integran la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, OCDE, México ocupó la última posición.

Recomendaciones

Entre las recomendaciones del organismo internacional, está que el Sistema Nacional Anticorrupción oriente a la sanción de los grandes casos de corrupción que han lastimado al país.

Recuperar los activos desviados, una gran deuda pendiente; así como priorizar la reparación del daño a las víctimas a través de la estrategia anticorrupción.

La ONG advierte que el uso de la anticorrupción con fines político-electorales sigue siendo uno de los mayores riesgos para el trabajo de instituciones anti-lavado de dinero o de procuración de justicia, y que la autonomía constitucional de la Fiscalía General no debe ser pretexto para el abuso de poder.

También califica como “especialmente delicada” la actuación de las autoridades mexicanas en casos de corrupción trasnacional: mientras que otros países sancionan la corrupción ocurrida en México, las autoridades locales ignoran el tema.