La producción económica en México se desplomó entre abril y junio de 2020: el sector secundario produjo el 75 por ciento de lo que se había hecho entre enero y marzo de 2020 y el sector terciario, el 85 por ciento. La otra cara de esta caída fue la pérdida de empleos e ingresos en miles de familias mexicanas. Entre junio de 2019 y junio de 2020 hubo 7.2 millones de ocupados menos, de los cuales el 54 por ciento eran empleados asalariados, el 38 por ciento trabajadores por cuenta propia y el siete por ciento, empleadores. Una crisis económica de esta escala era inédita en los últimos 100 años.

Los estragos de las crisis son especialmente duros con la clase trabajadora. La pérdida de empleos y salarios significa hambre, enfermedad, deserción escolar, falta de cobijo, en suma, más pobreza para las familias. Y este ejército de desocupados generado por la crisis no está sujeto a la beneficencia de los programas sociales del gobierno porque, hasta marzo, tenían la forma de sustentarse. La recuperación económica solo puede lograrse con la creación de empleos para que los trabajadores, los creadores de la riqueza, tengan ingresos.

Según el Presidente, la recuperación económica en México está en marcha. Sin embargo, la estrategia que supuestamente la hace posible, es contraria a la receta de los economistas ortodoxos que proponen subsidiar a “los de arriba” aun a costa de endeudar al país. Es decir, el Presidente sigue dando prioridad a sus programas de transferencias monetarias y a su política de austeridad en el gasto público, la cual se mantiene en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2021 (PEF 2021).

En la crisis de 2008, la política de recuperación en Estados Unidos (EE. UU.) y Europa consistió principalmente en rescatar al sistema financiero mundial mediante transferencias a las instituciones bancarias. Esta medida se justificó con el argumento de que, a la postre, esos recursos se convertirán en inversiones productivas y en la generación de empleos. Pero eso no ocurrió. El gobierno mexicano hace bien en no reproducir a pie juntillas tal receta.

Sin embargo, es falsa la disyuntiva que plantea el Presidente entre “dar” a los de arriba o a los de abajo. Falsa, porque ante la crisis no son las únicas alternativas de política económica disponibles, así como tampoco las transferencias monetarias son el único mecanismo para atender las demandas de los pobres. Pero la diferencia entre el gasto de consumo final y el gasto productivo o de inversión está precisamente en la posibilidad de retornar a la producción. En el primero, la riqueza se consume en beneficio del consumidor y, en el segundo, se gasta para reproducirlo con creces. La retórica del Presidente, además, engañosa, porque pretende convencer a la gente que el gobierno ahora sí está poniendo “primero” las necesidades de los pobres, no como antes. Pero esto último es solo propaganda con fines electorales, ya que la realidad es otra. La austeridad republicana es el mecanismo que han encontrado la cuatroté y el Presidente para justificar su rotunda negativa a redistribuir la riqueza que se produce en México, la cual solo beneficia a unos cuantos.

Para la recuperación económica no hay otra solución que incrementar las inversiones, públicas y privadas. El proyecto del PEF 2021 considera una inversión de apenas el tres por ciento del Producto Interno Bruto (PIB). En la grave situación de crisis económica donde está México, la inversión pública es determinante para reactivar la privada, que se halla deprimida. Esto no está a discusión, y en gran parte de los actores económicos hay consenso en que el gasto público debe incrementarse para que sirva como base a la recuperación. La economía mexicana tiene márgenes para hacerlo, si el gobierno se pone a recaudar más entre las personas más ricas y decide endeudarse. La verdadera discusión reside en beneficio de quién se haría esa inversión y cómo se pagaría. En México hay una gran necesidad de inversión y gasto para mejorar la calidad de vida de las mayorías, a las que la cuatroté no les ofrece ningún futuro.