Cargando, por favor espere...

Nacional
Aumentan investigaciones por trata en México, pero bajan detenciones
La falta de denuncias y la impunidad son factores clave para que exista la discrepancia en las cifras.


Entre 2022 y 2023, en México hubo un aumento del 25 por ciento en el número de investigaciones por trata de personas, al pasar de 137 a 171 casos; sin embargo, el número de personas detenidas por este delito disminuyó un 39.69 por ciento al pasar de 131 a 79 en el mismo periodo.

Las cifras anteriores fueron reveladas por la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, en su Informe Mundial sobre la Trata de Personas 2024, en el que también indicó que la cifra de víctimas reportadas disminuyó un 8.5 por ciento, al bajar de 247 a 226.

Explicó que, aunque se han incrementado las indagatorias, los arrestos y las condenas por trata de personas han mostrado una tendencia contraria. El número de personas detenidas en 2023 cayó un 39.6 por ciento, pasando de 131 a 79. Esta disminución también se reflejó en las sentencias condenatorias, con un total de 97 personas el año pasado, lo que representa una caída en comparación con los 131 del 2022.

Al respecto, Alicia Mesa, coordinadora de Incidencia en Política Pública y Legislación del Centro de Estudios Sociales y Culturales Antonio Montecinos, señaló que la falta de denuncias y la impunidad son factores clave para que exista la discrepancia en las cifras.

"La exhibición de impunidad por parte de los perpetradores dificulta que las víctimas se atrevan a denunciar", comentó Mesa, quien también destacó que la trata de menores, especialmente el reclutamiento de niños y adolescentes por parte del crimen organizado, debe ser reconocida como una forma específica de trata. Calculó que alrededor de 250 menores menores están en riesgo de ser captados por estas redes.

Por su parte, René Gerez López, investigador de Causa en Común, apuntó que las autoridades suelen clasificar los casos de trata como otros delitos, lo que complica su identificación y persecución.

“Es realmente difícil que un Ministerio Público abra una carpeta de investigación por trata de personas. Muchas veces, este delito se reclasifica cuando se encuentran más pruebas, pero vincular a un acusado por trata es un proceso complicado”, concluyó.


Escrito por Carolina Ruvalcaba

Periodista con casi 20 años de experiencia en el medio.


Notas relacionadas

El pueblo de Tecomatlán se viste de gala porque abre sus puertas para recibir a los participantes en el XXIV Encuentro Nacional de Teatro.

Este México nuestro se ha hecho, por sus condiciones, tan irreal, tan innecesario, que así como está ya no tiene ninguna utilidad para el pueblo pobre.

“Humanismo Mexicano”; Altagracia Gómez (empresaria asesora de Sheinbaum) y José Antonio Fernández (presidente de FEMSA) prefieren llamarlo “Capitalismo Consciente”.

El movimiento telúrico fue percibido en al menos la mitad de la entidad chiapaneca.

Aunque sólo quedan cuatro sesiones ordinarias del periodo legislativo, los diputados volvieron a dejar sin discutir el Paquete Económico 2026.

En lo que va de 2025, Minsa ya acumula al menos 190 contratos federales más, sumando otros 183 millones de pesos del erario.

De la Fuente dejó la cancillería en un momento en que el Gobierno Federal requiere actividad diplomática tras la renuncia del fiscal.

El mandatario presumió como otro logro de la organización el “Teatro Aquiles Córdova Morán”, sede del evento.

El proyecto ferroviario depende de transferencias públicas para sostener su operación.

Los permisos especiales otorgados a comerciantes informales les permiten ocupar calles y banquetas de diciembre a enero próximo.

El origen principal de estas protestas radica en el grave deterioro de la red carretera federal.

Al frente de la FGR enfrentó señalamientos por presunto plagio de obras académicas, supuesto tráfico de influencias y asociación delictuosa.

Esta facultad también le permite participar en la convocatoria para convertirse en la fiscal permanente.

Minsa, la empresa de Altagracia Gómez, afirma que paga hasta 1,000 pesos más por tonelada que el precio internacional y asegura que su participación del 1 por ciento impide cualquier influencia en el mercado.

El titular de la FGR sólo puede dejar el cargo mediante renuncia por causas graves presentada ante el Senado o por remoción directa del Ejecutivo.