El caso continuará hacia la etapa intermedia, en la que la FGR busca formalizar la imputación contra el exdirector de la empresa petrolera.
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En alguna entrevista, el exvicepresidente de Bolivia, Álvaro García Linera, menciona que para que la ultraderecha sea derrotada, las izquierdas deberían ser radicales. Ser radical para muchos pudiera significar la toma de las armas, la destrucción de propiedad pública y privada, entre otras cosas. Esto es así debido a que desde los medios de comunicación dominantes se ha difundido la idea de que lo radical necesariamente tiene que ver con la violencia, sin embargo, nada más lejos de la realidad.
Según el exvicepresidente, la radicalidad implica la solución estructural de problemas como la pobreza, desigualdad, falta de servicios, educación, salud y vivienda. Un cambio radical no tiene que ver sólo con el cambio de grupo en el poder como se nos ha querido hacer creer en México. Si las masas votan en contra de un sistema es porque éste ya no les asegura ni les brinda la esperanza de un mejor futuro, pero si la izquierda que llega al poder lejos de dedicarse a resolver esos problemas se dedica a buscar apaciguar el descontento social para darle estabilidad al sistema, tarde o temprano la derecha se fortalecerá y la izquierda misma creará las condiciones para su regreso, mismo que, como ya hemos visto en otros lugares de América Latina, sólo significan penas para los pobres.
En México, la sedicente izquierda no se ha comprometido de manera seria a resolver los problemas antes mencionados. En seis años la desigualdad no se ha reducido, los ricos son cada vez más ricos y los pobres siguen cada vez más pobres. La solución mágica que la 4T propuso fueron los programas sociales, que ya se ha demostrado que no sirven para eso, y que sólo son un analgésico para el descontento. En el aspecto de los servicios a la vivienda las condiciones son similiares: colonias y comunidades que carecen de agua potable, drenaje, luz. La vivienda ha sido uno de los aspectos más golpeados, pues el presupuesto se ha reducido de manera constante, dejando a miles de familias sin un techo propio para poder vivir dignamente.
El presidente Andrés Manuel decía que al terminar el sexenio nuestro país tendría un sistema de salud como el de Dinamarca, pero vemos que seguimos estando en las mismas; las ocurrencias como la Megafarmacia no han sido hasta ahora la salida al problema. En el aspecto educativo, el Estado se ha deslindado de la responsabilidad en la creación de infraestructura social, limitándose a dar dinero a los estudiantes. Cuando la gente salió a manifestar su descontento en las diferentes problemáticas antes mencionadas, la respuesta fue siempre que se trataba de provocadores o que eran personas que querían recuperar privilegios perdidos.
La izquierda oficial pues, ha demostrado ser incapaz de llevar a cabo un cambio radical, al contrario, para el nuevo sexenio se prevé mayor colaboración entre ellos y la oligarquía. No por nada la Presidenta electa alienta la construcción de un “capitalismo consciente”, un verdadero disparate. ¿A quién le queda la tarea de radicalidad entonces? No es en el oficialismo donde hay que buscarlo, sino en la izquierda que hasta hoy se ha mantenido al margen, pero que la realidad reclama su participación cada vez más.
Si se quiere evitar que la ultraderecha se fortalezca y retome con nuevos bríos la lucha, es en los grupos organizados que han mantenido su independencia política y organizativa en donde se debe buscar la esperanza de una verdadera transformación. Pero son pocas las organizaciones que han logrado permanecer de esta forma, pues el poder del Estado los ha absorbido prácticamente a todos. Esto no quiere decir que la gente no esté dispuesta a luchar, sino que hacen falta líderes que los orienten en la dirección adecuada, soportando las consecuencias que esto implica, es decir, la represión del Estado mexicano, y para poder soportarlo, hace falta lo que Danton decía para derrotar a la contrarrevolución: “audacia, audacia, y más audacia”.
El caso continuará hacia la etapa intermedia, en la que la FGR busca formalizar la imputación contra el exdirector de la empresa petrolera.
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Escrito por Diego Martínez
Sociólogo por la UNAM.