Entre 2012 y 2024, se registraron 9 mil 629 agresiones contra mujeres defensoras de la tierra, el territorio y los bienes naturales en El Salvador, Guatemala, Honduras, México y Nicaragua, según el informe presentado por la Iniciativa Mesoamericana de Mujeres Defensoras de Derechos Humanos (IM-Defensoras).

Del total de agresiones, al menos 35 defensoras fueron asesinadas, lo que evidencia la creciente vulnerabilidad de estas mujeres y sus organizaciones. Este tipo de violencia representa el 22.3 % de las 43 mil 186 agresiones documentadas en la región contra defensoras de derechos humanos en general.

De acuerdo con el informe “La tierra, para quienes la trabajan y la defienden”, estas agresiones están relacionadas con el extractivismo capitalista y con estructuras de opresión racista, clasista y patriarcal.

Se identificaron tres momentos críticos con aumentos significativos en las agresiones: en 2017, tras el asesinato de la activista hondureña Berta Cáceres; en 2020, durante la pandemia de Covid-19, por las respuestas autoritarias de los gobiernos; y en 2022, marcado por procesos de militarización y desalojos violentos.

El informe también advierte retrocesos en derechos, como la reciente relegalización de la minería metálica en El Salvador en 2024, después de haber sido prohibida en 2017.

Casos emblemáticos como los de Berta Cáceres, Francisca Ramírez, Miriam Miranda, Kenia Hernández y María Concepción Hernández, así como los de las comunidades de Santa Marta y Agua Blanca Sur, reflejan patrones de asesinatos, criminalización, hostigamiento y desalojos forzados.

El 45 % de las agresiones fueron perpetradas por actores estatales y se manifestaron en forma de hostigamiento, campañas de desprestigio, violencia física y sexual. Las detenciones arbitrarias se registraron en el 46.3 % de los casos, muchas de ellas como parte de ataques sistemáticos.

IM-Defensoras destacó que estas violencias buscan silenciar la resistencia colectiva, pero también subrayó que las defensoras continúan organizadas y fortalecidas gracias a redes de protección integral feminista.

El informe concluye con un llamado urgente al reconocimiento de sus luchas, al cese de los ataques estatales y a la creación de mecanismos internacionales y marcos legales eficaces para garantizar su seguridad.