Por razones de seguridad se emitió la prohibición deportiva, tras los recientes ataques militares.
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La Cámara de Diputados aprobó modificaciones al artículo 19 de la Constitución, ampliando el catálogo de delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa, entre los ilícitos añadidos se encuentran la extorsión, el narcomenudeo, la producción y distribución de drogas sintéticas como el fentanilo, así como la defraudación fiscal y la emisión ilícita de comprobantes fiscales.
En el marco de estas reformas, los integrantes de la Comisión de Puntos Constitucionales también aprobaron la prohibición de la producción, distribución y venta de vapeadores, cigarrillos electrónicos, y otras sustancias tóxicas, incluyendo precursores químicos y drogas sintéticas.
La reforma, que modificará los artículos 4 y 5 de la Constitución, busca proteger la salud pública, especialmente entre adolescentes, quienes han incrementado el uso de estos dispositivos electrónicos para consumir nicotina. Además, se aprobó una reserva que prohíbe cualquier interpretación que pretenda modificar o suspender la aplicación de estas normas.
Cabe recordar que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) desestimó en noviembre de 2022 un proyecto que proponía eliminar la prisión preventiva oficiosa, al no alcanzar los ocho votos necesarios para su ratificación.
Actualmente, el artículo 19 de la Constitución establece la aplicación de la prisión preventiva oficiosa en casos de abuso o violencia contra menores, delincuencia organizada, homicidio doloso, feminicidio, secuestro, entre otros. La SCJN señala que esta medida debe aplicarse cuando otras medidas cautelares no sean suficientes o cuando el imputado esté procesado o haya sido previamente sentenciado.
Por razones de seguridad se emitió la prohibición deportiva, tras los recientes ataques militares.
La reforma no alcanzó la mayoría calificada de dos tercios.
Desde hace 17 años, el legislador ha contado con tres escoltas, según el anuncio.
La advertencia de México se suma a las medidas adoptadas por países como Estados Unidos, Reino Unido y China.
La senadora Claudia Anaya, del Partido Revolucionario Institucional (PRI), ironizó con la decisión de los diputados aún cuando existen temas pendientes.
Los dispositivos se venden desde 35 pesos en calles del Centro Histórico, así como en tianguis como el de Tepito.
Las sanciones van de uno a ocho años de prisión, además de multas que pueden alcanzar hasta dos mil veces el valor diario de la UMA.
El contrato incluye 550 dispositivos electrónicos TAG.
La empresa pertenece a Arturo y Gibrán Crespo Arroyo, hermanos del diputado federal Ricardo Crespo.
Durante la sesión se registraron empujones, codazos y golpes entre legisladoras.
El porcentaje de adolescentes usuarios de cigarrillos electrónicos pasó de 1.8% en 2021 a 4.3% en 2023.
Los legisladores recibieron un cheque con montos superiores a los 100 mil pesos.
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También tendrán un nuevo beneficio: un seguro de vida institucional valuado en alrededor de 60 mil pesos.
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Escrito por Abigail Cruz Guzmán
Reportera