Make America Great Again no es sólo un eslogan de campaña, sino un ambicioso proyecto político y económico que propone transformaciones profundas para restaurar el poderío de la nación norteamericana. Un pilar clave de este plan es la revitalización de su industria, con el objetivo de recuperar su capacidad de competir a nivel global y asegurar su liderazgo económico. Para ello, se plantea un cambio estratégico: retroceder en la globalización y el libre mercado, cuyos principios favorecen al mejor competidor, y dar paso a un renovado proteccionismo nacionalista. Sin embargo, la naturaleza imperialista de Estados Unidos (EE. UU.) sigue intacta, con el mismo objetivo de siempre: forzar a otros países a alinearse con los intereses de la potencia global, pero ahora de manera más agresiva y sin disimulos.

Es un proyecto de revitalización no compartida que se da a expensas no sólo de sus competidores directos, China y Rusia, sino también de sus aliados tradicionales como Europa, México y Canadá. Un claro ejemplo de esto es el bloqueo del gas ruso a Europa, una estrategia que, aunque busca debilitar a Rusia, ha tenido efectos colaterales devastadores para Europa. La reducción del suministro de gas ha puesto a la región en una situación vulnerable, ya que las industrias europeas enfrentan mayores costos y los consumidores deben lidiar con precios elevados de la energía. Asimismo, para frenar a China, EE. UU. impide a los países latinoamericanos aprovechar oportunidades comerciales con el gigante asiático que podrían beneficiar sus economías, siendo el caso más reciente el de Panamá. En este contexto es que Donald Trump mantiene su amenaza de aranceles a México.

Recordemos que ésta no es la primera vez que Trump utiliza la amenaza de aranceles hacia México para imponer sus intereses. En 2018, durante el sexenio de Peña Nieto, impuso aranceles al acero y al aluminio durante la renegociación del TLCAN; también, bajo la amenaza de aranceles, obligó al gobierno de AMLO a controlar el flujo migratorio en la frontera sur. Ahora, bajo el gobierno de Claudia Sheinbaum, EE. UU. impuso el despliegue de 10 mil efectivos de la Guardia Nacional en la frontera norte, con lo que México efectivamente se suma a su campaña de criminalización de los migrantes. Centrándonos en este último episodio, hay quienes consideran que la negociación de la Presidenta fue un éxito y que la concesión otorgada fue trivial. Sostienen que no hay razón para tomar tan en serio las amenazas, ya que, a su juicio, el objetivo principal sería únicamente fortalecer la figura de Trump ante su base política. El propio Gobierno mexicano califica la amenaza como un “error” ya que, de implementarse, el principal afectado sería el consumidor estadounidense, pues un impuesto del 25 por ciento a las exportaciones de México elevaría en la misma proporción los precios que paga el consumidor en EE. UU.

Pero entonces, ¿por qué se hizo tal concesión? Porque el impacto operaría en las dos direcciones, y con consecuencias mucho más devastadoras para México. Este “error” no es fortuito y está cuidadosamente calculado. Aunque las tarifas no se impusieron por ahora, la administración estadounidense continúa presionando para atraer de vuelta las inversiones; lo que significaría una reducción del flujo de capital hacia México. Recientemente, en el marco del Foro Económico de Davos 2025, Donald Trump se dirigió a la élite económica mundial, a los CEOs de todo el mundo, para ofrecerles oportunidades de negocios en EE. UU. Esta estrategia, junto con su política de deportaciones masivas, podría generar graves problemas de desempleo en México. Pero tal parece que el Gobierno Federal no comparte esta preocupación. El anuncio de Sheinbaum, sobre los 50 mil empleos para los “hermanos migrantes”, no sólo subestima la gravedad de la situación, sino que revela que no hay un plan serio. Esta cifra representa apenas al 1.4 por ciento de los 3.6 millones de personas que están en riesgo de ser deportadas (Expansión, seis de febrero de 2025). México debe empezar a reflexionar seriamente sobre el rumbo que EE. UU. está definiendo para América Latina. Es momento de plantearse si realmente conviene seguir estrechando los lazos con un socio comercial que no negocia, sino que impone su política de imperio.