No hay comprobación fiscal que lo inculpe, argumentó la consejera electoral Carla Humphrey
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Con dos reportes, uno desde la frontera norte y otro desde la sur, cubre buzos el tema del “acuerdo” al que llegaron los gobiernos estadounidense y mexicano como resultado de la discusión acerca de los aranceles que se aplicarían a las mercancías mexicanas importadas por Estados Unidos (EE. UU.), amenaza lanzada por Trump cuyo primer capítulo, del cinco por ciento, se aplicaría a partir del pasado 10 de junio de este año.
Los integrantes de la comisión negociadora, encabezada por el canciller mexicano Marcelo Ebrard, y el Presidente de la República expresaron su regocijo por el resultado de estas negociaciones como si se tratara de un verdadero éxito diplomático, sobre todo porque el gobierno de EE. UU. desistió de su amenaza; con su entusiasmo tratan de que pase desapercibido el plazo perentorio dado por Trump para mostrar buenos resultados, so pena de reanudarse la sanción mencionada o alguna más fuerte y efectiva; y pretenden que se olvide que tuvieron que ceder a todas las exigencias del magnate con respecto al freno del flujo de migrantes centroamericanos. No hubo tal éxito, los enviados del Presidente no fueron a otra cosa más que a ofrecer obediencia a los designios migratorios norteamericanos.
El mandato de Trump fue muy claro y tajante desde el primer momento: los aranceles aumentarían gradualmente mientras las medidas antiinmigrantes no fueran implementadas. El acuerdo también tiene una muy clara lectura: México impedirá el paso de migrantes por medio de su flamante Guardia Nacional, cuya primera avanzada ya se encuentra activa en la frontera con Guatemala. Eso fue a ofrecer y firmar la comisión de Ebrard para que no se aplicaran, por lo pronto, los aranceles a las mercancías mexicanas importadas por EE. UU. Eso es lo que fueron a prometer y el gobierno mexicano ahora tendrá que cumplir con las exigencias de Trump.
El problema ha alcanzado las dimensiones de una crisis social que se manifiesta en las fronteras norte y sur de nuestro país como efecto de una irracional política migratoria. Con el festinado acuerdo, se olvidan todos los principios de humanismo, derechos humanos y principios morales que tanto proclamó AMLO para abrir las fronteras a los trabajadores provenientes de Centroamérica y el Caribe. Conviene recordar que la aglomeración de migrantes en Tijuana se debe, en buena medida, a las promesas de respetar sus derechos e incluso darles empleo en territorio mexicano, promesas que no tenían base sólida alguna.
Ahora, los extranjeros detenidos en nuestro país reclaman el cumplimiento de su palabra al gobierno morenista; pero éste la ha empeñado también con el magnate xenófobo Donald J. Trump.
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Escrito por Redacción