La deuda pública se encamina al 55 por ciento del PIB hacia 2027.
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Pese a que el Consejo Coordinador Empresarial (CCE) firmó un acuerdo con el gobierno federal y las organizaciones sindicales para dar cumplimiento a la regularización de las empresas que hacen uso de la subcontratación, la Cámara Nacional de la Industria de Transformación (Canacintra), el Consejo Nacional Agropecuario y la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) rechazaron dicho acuerdo.
En un comunicado de prensa las tres organizaciones empresariales afirman que la iniciativa del Ejecutivo Federal pretende coartar la libertad de la subcontratación y atenta contra la creación y preservación de empleos formales, que dan sustento a familias mexicanas.
“Su aprobación en estos términos, dañaría además seriamente a la competitividad del país y llevaría al cierre de miles de micro, pequeñas y medianas empresas. Ante ello, hemos decidido no suscribir el acuerdo propuesto por el gobierno federal en referencia a esa iniciativa, dado que preserva la idea de prohibir de manera sustancial la actividad de la subcontratación, dejándola relegada sólo a la subcontratación especializada”.
Asimismo, rechazaron que se pretenda estigmatizar a los empresarios como los artífices del no cumplimiento de obligaciones fiscales y laborales. “La responsabilidad sustancial por las actividades irregulares que han sucedido en el pasado recae en la falta de supervisión adecuada de las autoridades como el Sistema de Administración Tributaria (SAT), la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), el Infonavit y el IMSS, en sus actividades de fiscalización”.
Los empresarios del sector que están en contra de la reforma sostuvieron que “resulta absurdo que se pretenda generalizar y responsabilizar de estas conductas a todas las empresas cuando los ilícitos hayan sido cometidos, en todo caso, por una absoluta minoría”.
Asimismo, dijeron que están a favor de las prácticas legales que favorecen la creación de empleo y promueven a inversionistas con dimensión social, y finalmente se dijeron dispuestos a mantener el diálogo abierto con el poder Ejecutivo Federal y, en su momento, con cada una de las Cámaras del Congreso de la Unión para lograr que no se prohíba la subcontratación, sino sólo se regule.
Este diálogo debe darse bajo las premisas de que la subcontratación, al ser una actividad lícita y conveniente, debe respetar las libertades de trabajadores y empresas para celebrar los contratos sin restricciones y como mejor convenga a sus intereses”, destacaron.
Añadió que esta libertad de contratación debe permitirse sin más límites que el cumplimiento de las obligaciones fiscales, de seguridad social de las empresas.
La deuda pública se encamina al 55 por ciento del PIB hacia 2027.
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Escrito por Redacción