Una consigna de campaña del ahora Presidente de la República fue: “Por el bien de México, primero los pobres”; sin embargo, a escasos meses del inicio de su gobierno, no es a los más pobres a quienes les ha ido bien. Por el contrario, como había “corrupción por todos lados”, el Presidente se puso a cancelar todos los programas que beneficiaban a los más necesitados (no los sacaban de su pobreza, pero algo les ayudaban): el Seguro popular, el Prospera, las estancias infantiles, los comedores comunitarios, los apoyos a los niños con cáncer (que en un video reciente verdaderamente impacta y revela la insensibilidad en el gobierno de la 4T, que se las da de humanista), los apoyos con medicinas, etc. Ahora bien, afirmó que se defendería a los pobres dándoles dinero en una tarjeta para que saliera de su miseria con ella; sin embargo, esto no ha sucedido, pues ni todos los mexicanos que están en capacidad de recibir una tarjeta, la han recibido, ni el pueblo ha salido de su miseria. Se ha demostrado una y otra vez que dar dinero en efectivo a la gente solo aumenta las ganancias de las grandes empresas, pues 70 por ciento del gasto de los mexicanos pobres se destina a alimentos, bebidas y telecomunicaciones; en otras palabras, las empresas de alimentos, bebidas y telefonía celular son quienes saldrán ganando con esta política.

El problema es que la gente, una vez consumido su dinero, queda igual de pobre y marginada que antes, pues no termina de resolver sus problemas de falta de agua, drenaje, pavimentación, escuelas dignas, etc. El efectivo de la tarjeta apenas servirá para conseguir parte de la canasta básica y el “beneficiario” quedará en peores condiciones que antes. Ahora ha desaparecido el Ramo 23, partida presupuestal que en los gobiernos anteriores sirvió para impulsar proyectos de desarrollo regional y para la construcción de obras y servicios; hoy se acude a soluciones “mágicas” para atender los problemas de infraestructura para escuelas, otorgando 100 mil pesos a algunas sociedades de padres de familia que, con ese dinero (y mucho ingenio) tendrán que resolver todos los problemas de sus centros educativos. A esto hay que agregar que el pueblo sufre la mayor ola de violencia, pues en estos días hubo 26 muertes con saña y crueldad en Coatzacoalcos. Se sabe que el inicio de sexenio más violento ha sido el de Andrés Manuel López Obrador; esto refleja la incapacidad del actual gobierno para reducir la violencia, y también que los llamados a la moral no remediarán la delincuencia, que afecta, lamentablemente, “primero a los pobres”, quienes la sufren en todo momento o su pobreza los obliga a delinquir.

El nulo crecimiento económico ha provocado un alto nivel de desempleo y, con ello, la reducción de la capacidad adquisitiva de miles de familias en México. El dólar alcanzó los 20 pesos, y eso que no hay crisis internacional, los productos importados se encarecen(compramos al extranjero 40 por ciento de los alimentos que consumimos), y el país se encuentra en un estado de vulnerabilidad grave.

En estas condiciones, el Presidente de la República recurre a los empresarios para salvarse de la ruina política. De pronto, AMLO ha dejado de condenar a los grandes empresarios por haberse enriquecido a la sombra de los gobiernos neoliberales; ante los magros resultados de su política económica, tiene que echar mano de aquellos a quien antes criticó con todas sus fuerzas. La prueba de que el Presidente estaba convencido de su dicho fue la arbitraria, aunque contundente, cancelación del Nuevo Aeropuerto de Texcoco, acusando a sus impulsores de haber incurrido en actos de corrupción y ofreciendo a cambio la alternativa de construir un nuevo aeropuerto en Santa Lucía.

Pero la realidad se ha encargado de juzgar las necedades del Presidente. Algunas de las cuestiones planteadas en su campaña, no han podido ser ejecutadas; y las que lo han sido han demostrado la incapacidad para resolver los problemas que se plantearon: la erradicación de la pobreza; por ejemplo el Tren Maya, la refinería de Dos Bocas, la descentralización de las secretarías de Estado, la construcción del aeropuerto en Santa Lucía, etc. Vistos con cuidado, todos estos elementos reflejan, amable lector, la incapacidad del gobierno actual para trazar una ruta eficiente de desarrollo económico y social.

Durante su campaña presidencial, el diagnóstico de AMLO era acertado cuando acusaba al neoliberalismo de los graves problemas nacionales, de generar la pobreza; pero fallaba en la solución propuesta, pues ponía el acento en el combate a la corrupción. Si la corrupción es la causa de todos los males es la corrupción y este gobierno ya tiene a su cautiva política, que es Rosario Robles, ¿por qué no obtiene los resultados esperados? ¿Por qué no fluyen millones y millones de pesos hacia los grupos más vulnerables y los viejos problemas del país siguen sin atenderse? En lugar de ello, el Presidente acude a solicitar a los empresarios que lo salven. Ya puede usted imaginar las proporciones del escándalo si esto mismo hubiera hecho su antecesor.

En otras palabras, ante la falta de crecimiento, volvemos a lo de siempre: el Gobierno hace alianza con los poderosos; pero a las organizaciones de la sociedad civil, que pueden ayudarlo a un combate efectivo de la pobreza, sirviendo como semáforo para evidenciar los errores y las deficiencias del modelo actual, a ésas se les trata con la punta del pie; se les ignora, reprime y acusa falsamente de corruptas para, con ello, eliminarlas del camino. Una contradicción más de la 4T: “Por el bien de México, primero los ricos” (y no los pobres). Ésa es la conclusión.