La frontera norte de México vive, ya iniciado el segundo mandato de Donald Trump como presidente de Estados Unidos (EE. UU.), una especie de duelo y la sensación de “sentimientos contradictorios” provocados por los cambios en las políticas migratorias lesivas para el tránsito y estancia de connacionales en ese país.

Por un lado, están los cientos de migrantes de diversas nacionalidades y mexicanos desplazados por la violencia que, ante la cancelación del programa de citas para asilo mediante la aplicación CBP One, vieron truncados su ideal de una vida mejor; y ahora permanecen varados y con la incertidumbre de qué pasará con sus vidas.

En contraste, se hallan otros miles de migrantes que permanecen irregularmente en el país vecino a quienes les han roto la tranquilidad y sus deseos de superación con las intensas redadas de deportación instrumentadas por el gobierno de Trump, que a la fecha ya ha forzado a cantidades ingentes de personas a retornar, dejando familias separadas.

Tijuana se ha visto particularmente afectada por esta situación, debido a que está en la ruta más recurrente de migrantes hacia EE. UU. y por donde suele ser deportada también la gran mayoría de personas a través del puerto internacional fronterizo de El Chaparral.

Activistas como Judith Cabrera de la Rocha, codirectora de Border Line Crisis Center, han condenado esta situación como un “un acto inhumano” de Donald Trump, principalmente por el impacto social y emocional generados por el dilema frente a tal situación.

“Es terrible; estas personas tenían la esperanza de poder encontrar un refugio alejadas de las realidades de violencia que vivían en sus lugares de origen y ahora se han quedado varados. Me parecen acciones muy crueles, desquitándose con las poblaciones más vulnerables, porque estas personas se quedan expuestas a todo tipo de cosas”, reveló en entrevista.

“La peor noticia”

Los migrantes con citas programadas en Tijuana para solicitar asilo con fecha del 20 de enero en adelante fueron los primeros en recibir el impostergable golpe de Trump por cancelar el programa de CBP-One, pues se quedaron a unas horas de alcanzar su aspiración de mejorar.

Maura Hernández, originaria de Michoacán, compartió su testimonio: “era una esperanza” el ingresar al país vecino, “porque mi ciudad está muy insegura, hay muchas muertes y está todo muy feo”.

Ella tiene cuatro hijos; y llegar a EE. UU. significaría “un refugio, era lo que yo buscaba para ellos; pero pues ya no, ahora no sé qué pasará, estoy en shock y como que no me la creo todavía; pero tengo que asimilar las cosas”, expresó con resignación.

“Estuve durante todo un año tratando de solicitar la cita todos los días; me la acababan de dar y en un momento me la cancelaron (…) qué poca madre la del gobierno (estadounidense) porque no saben todo el sacrificio que hicimos para llegar hasta acá y que inhumano que hagan esto, sobre todo a los que ya teníamos la cita”, denunció.

Para estas personas, las opciones de atención e integración desde los sectores de gobierno resultan nulas, por eso las organizaciones de la sociedad civil nuevamente han tomado la iniciativa y se han encargado de brindarles ayuda, canalizándolos a distintos albergues de la ciudad; mientras cada uno determina su situación particular.

Deportaciones con discurso de criminalización

Sobre el tema de las deportaciones masivas, Ernesto Zarco Ortiz, investigador postdoctoral en El Colegio de la Frontera Norte (El Colef), explicó en entrevista que estas medidas de Trump vienen reforzadas con la intención de “criminalizar a las personas migrantes, a quienes acusa de amenazar la estabilidad y seguridad del país”. 

El especialista también consideró esta situación como grave, ya que “Trump ha equiparado a estas personas con terroristas, narcotraficantes, delincuentes”; además de “preocupante, porque ha incluido en este mismo grupo al colectivo LGBT+ y otras identidades de género y sexuales no normativas, y muchos migrantes pertenecen a estas poblaciones”.

José María García Lara, director de la Alianza Migrante Tijuana, es uno de los activistas que más se ha manifestado contra las políticas racistas de Trump, pues las considera “injustas”, porque “la gran mayoría de las personas que están allá irregularmente, emigraron por problemas muy fuertes en sus lugares de origen.

“Trump no entiende que hay personas que van buscando mejores oportunidades de vida y muchos de ellos han logrado una estadía civilizada y, sobre todo, económica donde ya son personas que llevan iniciativas de trabajo, han logrado negocios muy grandes allá, dan empleo y pagan impuestos”, manifestó.

García Lara mostró preocupación porque los migrantes connacionales con situación relativamente estable en EE. UU. sean deportados en cualquier momento “solamente porque no han encontrado su estadía legal, y eso será muy lamentable, porque estarán desmoronando familias”.

Primeras deportaciones con mensaje amenazante

El viernes 24 de enero, el gobierno estadounidense arrestó a 538 migrantes irregulares, que fueron deportados esposados de las manos y en aviones militares, con lo que se ostentó un claro mensaje y desafío amenazante ante las sociedades que cuestionan tales medidas.

A través de un comunicado, la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, compartió un mensaje con sentido beligerante en la red social X, donde señala: “La administración Trump arrestó a 538 inmigrantes ilegales criminales y deportó a cientos de ellos en aviones militares”.

Agregó: “La mayor operación masiva de deportación en la historia está en marcha. Promesas cumplidas”. El mismo viernes, a su llegada a Asheville, Carolina del Norte, en su primer desplazamiento con investidura presidencial, Trump señaló: “Éstos son asesinos, son los primeros que sacaremos”.

Militarización de la frontera

Aunado a estas medidas, Donald Trump también declaró la “emergencia nacional” en la frontera con México, lo que le permite tomar medidas para sellarla y, casi inmediatamente, envió 500 elementos del ejército estadounidense a la zona de San Diego, en California.

En un comunicado, la Casa Blanca señala que esta medida apoya al personal de la Estación de Patrulla Fronteriza para contener el ingreso de migrantes indocumentados, por lo que de inmediato comenzaron a reforzar toda la zona lindante con alambre de púas para inhibir el paso de indocumentados.

El documento señala que tiene el objetivo de “repeler, repatriar y eliminar de inmediato” a los indocumentados que intenten cruzar desde México a territorio estadounidense y evitar así esta “invasión”, como señaló el mandatario republicano, con sustento en el Artículo 4°, Sección 4 de la Constitución y en la Ley de Inmigración y Nacionalidad.

La Casa Blanca reportó que las tareas encomendadas a los militares instalados en San Diego para apoyar las acciones de la Guardia Nacional tienen como objetivo instalar una barrera de alambre y púas en la frontera a lo largo de tres mil 200 kilómetros, acción tendiente a reanudar la construcción del muro fronterizo iniciado en algunas zonas de la frontera con Tijuana.

En este comunicado, el gobierno estadounidense también subraya que los mil 500 militares enviados a la frontera con México se suman a los dos mil 500 elementos de la Guardia Nacional y Reserva que ya se encuentran en la zona para impedir el paso de migrantes sin documentación.

Gobierno mexicano debe asumir los retos

Zarco Ortiz, investigador de El Colef, destacó que “este panorama evidencia procesos de exclusión estructural que reavivan dinámicas que la sociedad estadounidense, como colectivo, ha intentado superar a lo largo de los años”, por lo que consideró que será imprescindible analizar críticamente la forma en que el gobierno mexicano responderá a tales políticas excluyentes y violentas de EE. UU., “porque inevitablemente resonarán en México.

“Entre los retos que deberá enfrentar el gobierno mexicano están, por una parte, la gestión de las devoluciones masivas de personas migrantes que realice el gobierno estadounidense, y, por otra, el diseño de mecanismos efectivos para proteger tanto a la población mexicana como a las personas extranjeras en situación de indefensión”, destacó.

“Este desafío es particularmente urgente cuando las experiencias de desplazamiento migratorio son resultado directo de las violencias sufridas en los países de origen de los connacionales”. 

El especialista aclaró que también será crucial fortalecer a las organizaciones y actores de la sociedad civil con un papel fundamental en la protección de las personas migrantes y en la promoción de los derechos humanos.

“Estas organizaciones han asumido responsabilidades que el Estado, debido a la sobrecarga o falta de capacidad, no ha podido cumplir. Garantizar que cuenten con los recursos necesarios para continuar con su labor es esencial para mitigar los efectos de estas políticas excluyentes y ofrecer un apoyo sólido a los sectores más vulnerables”, apuntó.

Autoridades plantean atención para deportados

Hasta el sábado 25 de enero, autoridades de los tres niveles de gobierno anunciaron la apertura de un albergue temporal para brindar “una atención integral y con respeto a la dignidad de las personas que sean repatriadas”. Así lo difundió ante los medios Mónica Vega, secretaria de Medio Ambiente de Baja California, quien fue designada como la responsable de coordinar este albergue, que sólo estará disponible para recibir a los mexicanos que sean repatriados en este periodo, mientras se buscará la manera inmediata de trasladar a sus lugares de origen a los migrantes de otros países, en tanto se define qué pasará durante la presente administración con el programa “Quédate en México”, anunciado por Trump.

El sector empresarial de Tijuana ha ofrecido sumarse a las acciones para la integración de los mexicanos deportados; y para ello están planteando un programa de inserción laboral con el Instituto Nacional de Migración (INM) para acoger a las personas, principalmente en el área de la construcción. Elmer Peña, presidente de la Cámara Mexicana de la Industria y la Construcción (CMIC), expuso, durante entrevista, que este programa será funcional en la medida en que el INM les establezca una ruta, considerando que las personas retornadas primero deberán pasar por esa instancia para la documentación y poder emplearlos así.

Niños migrantes, los más vulnerados

Los activistas y especialistas consultados coincidieron unánimemente en que la perspectiva luce incierta; pero con muchos retos para todos los involucrados. Esto fue advertido porque, ante el conflicto, quienes resultan más agraviados al final del día son las personas migrantes, pero principalmente las niñas y niños que permanecen en un desconcertante limbo frente al mundo que gira con visión “adultocentrista”.

“Tenemos que pensar también en ellos, en los niños, porque parece que a nadie le importan. Se habla de medidas laborales, inclusión y demás; pero nadie se enfoca en las necesidades de los niños, su derecho a la educación, a una vida libre de violencia.

“Eso también es muy preocupante: que, dentro de toda esta crisis, las niñas y los niños terminan siendo los más vulnerados y no una vez, sino de manera reiterada y desde todos los sectores y estratos. No nos olvidemos de ellos”, pidió la activista Cabrera de la Rocha.