El Estado español no quiere liberar a Cataluña, cuya eventual independencia sacudiría los cimientos del colonialismo monárquico ibérico sobre esa próspera nación con identidad propia. El conflicto secesionista que ha dividido a españoles, catalanes y amenaza la estabilidad política regional, se agudizó el 14 de octubre con la durísima sentencia a los líderes independentistas. El fallo del Tribunal Supremo (TS) priva de facto a los catalanes del derecho a la autodeterminación y cierra toda negociación entre Madrid y Barcelona. No obstante, los catalanes optan por acciones efectivas y pacíficas en busca de sus objetivos. Esto ocurre en una Europa que penosamente sostiene la superflua unidad impuesta por el imperialismo corporativo.

El 14 de octubre, el pueblo catalán recibió un duro golpe en su autodeterminación. Las 12 cabezas visibles del movimiento independentista catalán forman parte del denominado procés, el cual fue impulsado por el gobierno regional, Generalitat, pese a que las instituciones españolas lo declararon ilegal. En 2017 ganó el voto a favor de la separación, aunque Madrid lo calificó anulado, y en represalia desató la persecución contra una veintena de sus líderes.

El TS inició en febrero pasado el juicio contra esos separatistas y lo concluyó hace días con la condena a 12 figuras relevantes del procés. La sentencia del Tribunal 459/2019 partió de una premisa falsa: que hubo “violencia compulsiva” en las concentraciones pro-independentistas del 20 de septiembre y 1° de octubre de 2017.

Con base en esta tesis del Estado español, se les acusó de sedición (12 a 13 años), malversación (nueve a 12 años y seis meses) y desobediencia (un año ocho meses), aunque el juez instructor Pablo Llarena y la Fiscalía solicitaron condenarlos por rebelión, entre otros cargos; este último no se sostuvo por ser injustificable, pues no se comprobó violencia, actos tumultuarios, ni respaldo internacional.

Más de 600 periodistas nacionales y extranjeros reportaron con asombro esa decisión histórica para el futuro de Cataluña, pues las penas alcanzan en conjunto 104 años y seis meses de prisión.

Autoritarismo feroz

Eso legitima la sentencia y sus consecuencias como el producto regular de un régimen autoritario, cuyos gobernantes –aunque electos de forma democrática– tienen como objetivo impedir la democracia, apunta el periodista del portal Viento Sur, Pedro Ibarra.

Sin atenerse a los hechos, España justifica su dureza contra los procesados, la mayoría exfuncionarios del gobierno regional. El más prominente es el exvicepresidente de la Generalitat y líder de Esquerra Republicana (ER), Oriol Junqueras, al que presenta como un rebelde que “buscó la implosión de España” y por ello pasó el último año en prisión”.

Encarcelado desde octubre de 2017, Junquera enfrentó los cargos más severos (sedición y malversación de fondos públicos) que significan hasta 25 años de prisión. Al comparecer ante el TS, declaró: “Estamos a favor de la independencia de nuestro país, pero somos muchas más cosas: demócratas, republicanos”. Él es una figura clave para la política de la región y Madrid le teme.

A él, como a sus coacusados, se les negó la fianza. Sus defensores denuncian que el juicio fue sesgado, pues el proceso se hizo en Madrid, no en Barcelona, donde debería ser. Además, todos han negado los cargos.

No fue enjuiciado el expresidente catalán Carles Puigdemont porque está en Bélgica a modo de autoexilio para evitar la prisión. Madrid lo acusa, entre otros cargos, por rebelión, aunque en marzo fue temporalmente arrestado en Alemania, cuyo gobierno negó a España su extradición.

Entretanto, en Cataluña se investigan a decenas de alcaldes por permitir la realización del referéndum de 2017. Y el exjefe de la policía catalana (Mossos d’Esquadra) debió comparecer ante la Audiencia Nacional acusado de sedición. En cambio, solo una veintena de policías españoles fue acusada por usar la fuerza desproporcionada en esa ocasión para evitar el voto de los electores. Dos oficiales fueron absueltos de inmediato.

Los partidos oficialistas de España respetaron el fallo del TS, solo el ultraderechista Vox lo consideró insuficiente. El presidente español en funciones, Pedro Sánchez, defendió la mano dura contra los escisionistas. Ya en su discurso de febrero ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo, enalteció el historial judicial de su país, lo que le reprochan sus colegas del Partido Socialista Obrero Español (PSOE), al cual pertenece.

La sentencia fue rechazada de inmediato por los independentistas porque consideraron que el Estado español condena “el desaparecer sus derechos fundamentales”, como el de reunión, manifestación, votación –en el caso del referéndum– y a la desobediencia civil (ante leyes injustas y para proteger los colegios electorales), entre otros.

Afirman que la condena de la Suprema no solo afecta a los 12 procesados, sino a miles de catalanes porque les impide ejercer esos derechos; y valoran que ese haya sido el plan estratégico del gobierno del Partido Popular (PP) al impulsar el juicio contra los líderes catalanes y el de Pedro Sánchez para mantenerlo.

Agregan que con esa sentencia en adelante toda acción ciudadana masiva y pacífica en ejercicio de derechos fundamentales puede calificarse com “tumultuosa” y acusada de “sedición”. Sin embargo, mantienen la exigencia de una libertad plena con un nuevo referéndum sobre la secesión.

También reclaman el derecho a la autodeterminación de Cataluña y de todos los pueblos, así como la libertad de los presos y exiliados. En el Parlament, los partidos catalanes (JxCat, ERC y la CUP) pactaron una propuesta de resolución contra la sentencia del ‘procés’ que alude el derecho a la autodeterminación.

El texto, aunque desafía al Tribunal Constitucional (TC), con tacto plantea la cuestión de la autodeterminación para evitar que sea impugnado y eludir el riesgo de incurrir en delito de desobediencia.

El rechazo

Es claro que Madrid preveía una respuesta fuerte a la sentencia del Tribunal Supremo, aunque la realidad superó esa expectativa. Por la cantidad de manifestantes, la movilización popular superó a las ya masivas del 1° y tres de octubre de 2017, además de que sus repercusiones políticas han sido de gran calado.

Tras el fallo, los manifestantes bloquearon las vías al aeropuerto Prat, con lo que tuvieron que cancelarse más de 100 vuelos. Decenas de miles de personas bloquearon el paso a las vías de tren con barricadas y avenidas estratégicas en Barcelona y otras ciudades catalanas.

“Cuando la gente sale a la calle, como los pensionistas y otros sectores, es que hay un problema; algo no funciona y son los políticos que tenemos porque son unos incapaces”, deploró un manifestante en el malecón de Barcelona.

Aunque Sánchez anunció que no sobreactuaría pero sería firme en la respuesta, las fuerzas de seguridad chocaron al reprimir las múltiples reivindicaciones pacíficas de miles de catalanes. La tensión escaló cuando los independentistas se negaron a abandonar sus reclamos en la vía pública e instalaron barricadas.

El movimiento se multiplicó exponencialmente. Con el lema “Ni rebelión ni sedición, han convertido en delito los derechos de reunión”, miles marcharon por las calles de Tarragona, Lérida y Gerona. Además, se declaró una huelga general de 24 horas; fue convocada por Alternativa de Cataluña y CSC contra la represión, por los derechos civiles y políticos, y la llamada Ley Aragonés que privatiza servicios públicos. La respuesta desbordó las expectativas, pero la prensa corporativa solo destacó los incendios y la agresión con piedras.

Los analistas temen que el clima político siga enrarecido justo cuando España está por entrar en su cuarta elección para cuatro años el próximo 10 de diciembre. Esta incapacidad de concertar un gobierno refleja la mezquindad de los partidos por defender sus privilegios. Y precisamente en medio de esos desacuerdos, se da la falta de entendimiento entre Madrid y Barcelona.

Preludio del cambio

Los catalanes independentistas han encontrado nuevas fórmulas para alcanzar su objetivo. El camino más eficaz hacia la autodeterminación, combatir la represión y lograr el retorno de los exiliados está en tejer una respuesta social masiva y no violenta, pero siempre de forma continua, dice Artur Domingo y Barnils.

Por eso siguen las marxes per la llibertad (marchas por la libertad), caminatas que salen de distintos puntos del territorio catalán para confluir en Barcelona; están integradas por sindicalistas, estudiantes y empresarios. Se detienen cada 20 kilómetros para arengar; están inspiradas en la marcha sobre Washington por el trabajo y la libertad de los afro-estadounidenses de Martin Luther King.

En medio de esas movilizaciones surgió la organización Tsunami Democrático (TD). Un día después del fallo del TS, la agrupación –sin aparente dirección– proponía seguir la lucha por la autodeterminación a través de la desobediencia civil no violenta.

Se vale de las redes sociales para convocar a sus actos, como su llamado a colapsar el aeropuerto de Barcelona, que miles secundaron en una jornada exitosa, aunque confrontó una vez más a manifestantes con la policía. La eficacia de TD movilizó a expertos en movimientos sociales del Ministerio del Interior español, aunque algunos admitieron, en la emisora Russia Today, que carecen de información sustantiva.

Solo se sabe que a inicios de septiembre apareció la cuenta de Twitter @tsunami-dem y que en pocos días sumaba más de 150 mil seguidores. La semana siguiente realizó su primera acción: empapelar un centenar de municipios catalanes con el lema: “Cambiemos el estado de las cosas”. El 11 de septiembre, en la fiesta oficial catalana conocida como la Diada, TD montó dos inmensos carteles en las icónicas Torres Venecianas de Barcelona, donde se leía: “Organicemos la respuesta a la sentencia”.

Además, en todos sus actos bien organizados, ha dirigido el boicot contra empresas que apoyaron al gobierno español contra el referéndum del 1° de octubre de 2017, así como hacerse presente en conmemoraciones simbólicas y emprender actos de desobediencia civil, en los que las personas se sientan en bancos.

TD afirma ser un movimiento para “volver a generar esperanza” en el procés y reconoce que será un camino largo y complejo”. Propone una campaña “constante e inagotable” mediante su cuenta Telegram, una página web y un canal en instagram.

Futuro de resistencia

Distintos sectores sugieren que para limitar los daños, Pedro Sánchez podría recurrir al perdón presidencial para Junqueras y los otros culpables. Tal acción se opone con la crítica española que no admite ese perdón.

En el mediano plazo, la posibilidad para los independentistas sentenciados es otro juicio, que se daría en caso de que Madrid reactive su solicitud de arresto contra Puigdemont –y otros líderes– en su intento por extraditarlos.

Esta crisis también tiene efectos al interior del gobierno catalán, donde el independentista Quim Torra permanece con dificultades. Se deshizo la coalición de los dos partidos separatistas y no hay una estrategia factible para sostener el impulso independentista, afirma Raphael Minder en The New York Times.

Todo indica que España mantendrá la represión como vía única, y que con ello no detendrá el descontento. Para el analista Jordi Muñoz, lo que le resta por hacer ahora al independentismo catalán es “aguantar, no hacerse pequeño”.