En esta ocasión me permitiré contribuir con mi modesto punto de vista acerca de la vieja y muy sentida demanda popular de contar con una vivienda cómoda y digna que nunca se ha resuelto en nuestro país. Ahora cobra notoriedad porque el régimen de Morena, o el Segundo piso de la “Cuarta Transformación”, como quiera que se le llame, ha aprobado modificaciones legales al respecto y, como regularmente acostumbra la propaganda pagada por el gobierno, se asegura que serán una nueva, grande y definitiva transformación en beneficio del pueblo.

El pasado jueves 31 de octubre, el pleno del Senado de la República avaló por unanimidad en lo general la reforma para que el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) construya y arrende vivienda para trabajadores. La mencionada reforma incluye cambios al Artículo 123 de la Constitución y forma parte del conjunto de reformas propuesto por Andrés Manuel López Obrador en febrero de este año. De acuerdo con ella, el Infonavit establecerá un sistema de vivienda para trabajadores que permita obtener crédito barato y suficiente para su adquisición o mejora (no olvidar que el anterior director del Infonavit informó antes de dejar el cargo que reducir, sólo reducir, la cartera vencida llevaría 30 años) y también podrá adquirir suelo y construir vivienda. En caso de lograrse los propósitos como quedan escritos en la ley y, sobre todo, si el nuevo programa es suficientemente abarcador, el problema de la vivienda estaría resuelto.

Pero vámonos despacio. Se calcula que se dedicarán a este programa hasta 500 mil millones de pesos durante el sexenio. Las últimas declaraciones señalan que se pretende construir hasta un millón de viviendas destinadas a la población joven de escasos recursos mediante créditos hipotecarios o planes de arrendamiento y que cada vivienda tendría un costo de 500 mil pesos. Todo un reto. Pero, ¿se puede poner a la venta hoy en día o, más bien, el año que entra cuando estén terminadas las primeras 166 mil, con todo e intereses por el crédito, una vivienda verdaderamente digna, con la calidad necesaria, que no tenga nada que ver con la demagogia del “bienestar”, por sólo 500 mil pesos? ¿Se podrá vender a ese precio dentro de seis años, en el último año de esta administración?

El problema de la vivienda popular no es cualquier cosa. Si tomamos en cuenta que, según el Censo del Inegi de 2020, en nuestro país existen aproximadamente 35 millones 200 mil familias y que, como complemento, se calcula que existe un déficit de nueve millones de viviendas, tendríamos como resultado que hasta un 25.56 por ciento de la población carece de vivienda digna o, simplemente, carece de vivienda. La nueva ley para la vivienda de los trabajadores va a topar con la propiedad privada de la tierra urbana, que es escasa y muy cara, lo cual repercutirá evidentemente en el precio que habrá que pagar por la vivienda ya construida. No se trata de imaginar complicaciones, sino de recordar la ruda realidad. Mucha gente sabe que se han construido fraccionamientos con la etiqueta de populares que, entre otras estrecheces, tienen una recámara principal en la que no cabe una cama matrimonial común y corriente y, ante la inusitada y peculiar demanda, las muebleras han tenido que inventar una “matrimonial reducida” y que también tienen un espacio para comedor y sala en el que los habitantes casi se asfixian y prefieren instalarse a convivir en la banqueta.

Las nuevas viviendas, para ser efectivamente dignas, necesitarán agua potable en cantidad suficiente y a toda hora, no con horario o días especiales. Nada nuevo si tenemos presente que existen numerosos “desarrollos” que padecen de falta de agua. Según datos de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y otros organismos, se estima que alrededor de 10 millones de mexicanos no tienen acceso adecuado al servicio de agua potable. Las fuentes de abastecimiento ya son insuficientes y sus equipos son obsoletos y no se ha gastado suficiente en su modernización. El sistema Cutzamala, por ejemplo, que en la reciente falta de lluvias tuvo que suspender el servicio a grandes zonas de la ciudad de México y su zona conurbada, pues se consideró más urgente hacer un tren turístico en la zona Maya.

¿Y el drenaje? ¿Estarán bien planeadas, de acuerdo con la necesaria conservación del país y el planeta las descargas de este millón de nuevas viviendas o resultará otra tragedia ecológica como la que sucede con el mítico Lago de Pátzcuaro, al cual decargan sus drenajes sin tratamiento cuatro municipios, incluida la ciudad de Pátzcuaro, convirtiendo en una tarea de Sísifo cualquier intento de limpieza. ¿Estarán cercanas a los centros de trabajo las nuevas viviendas? ¿Ya no habrá que viajar de pie y hacinado dos o más horas gastando buena parte del salario? ¿Habrá guarderías para los hijitos de esos matrimonios jóvenes con los que se quiere quedar bien o tendrán que seguir buscando con quién los encargan? ¿Escuelas primarias con edificio y maestros? No olvidemos que la 4T no ha demostrado preocupación por el presupuesto destinado a la educación; en 2018 se destinó el 3.04 por ciento del PIB y, en 2024, bajó a sólo el 2.94 por ciento, a pesar del aumento natural de la población.

¿Estarán contemplados espacios para unidades deportivas? ¿Zonas comerciales? ¿Seguridad completa y efectiva las 24 horas del día, también para las mujeres jóvenes que descienden de un camión o una rutera a eso de las once de la noche y todavía caminan cinco cuadras a casa? No estoy inventando problemas para complicar las cosas ni estoy hablando de lujos absurdos, se trata de un ejercicio legítimo para precisar lo que debería de ser, lo que es la vivienda realmente digna para las clases trabajadoras en este momento y en este lugar del mundo. El lector honrado y sin prejuicios entiende que no hay aquí ningún invento ni exageración. La misma gente que ha comprado vivienda en desarrollos recientes en varias partes del país ya se ha expresado con los pies de manera contundente: se ha marchado. Se calcula que existen ya entre 1.5 y dos millones de viviendas de interés social abandonadas.

Así de que si algún trabajador joven o ya adulto cree que va a llegar a la puerta de su nueva vivienda con todos los servicios propios del mundo moderno, de manos de un amable Nuevo Siervo de la Nación, recibirá las llaves de acceso y, por sólo 500 mil pesos a liquidar en cómodas mensualidades cobrables en bicicleta, pasará a ocuparla y disfrutará con su familia de una nueva y feliz vida, le recomiendo muy cariñosamente que lo piense dos veces, o tres. Los tiempos de las necesidades y las carencias sin resolver no han terminado. Es más, la situación se va a tornar más complicada. La urgente e insustituible necesidad de una organización, de un partido que defienda en los hechos a los trabajadores y a sus familias, está a la orden del día. Nunca, en ninguna parte del mundo, la generosidad del gobernante ha resuelto los problemas de los hombres y mujeres que crean la riqueza. Para que el programa de vivienda del nuevo gobierno, o de cualquier autoridad, sea un éxito, se necesita la vigilancia constante, la presión y el escrutinio de la clase trabajadora. Es obligado, pues, organizarse y luchar. No existe otra alternativa.