Durante décadas, Veracruz fue considerado uno de los cinco estados de la república que más migrantes expulsaban hacia Estados Unidos (EE. UU.), pero hoy esa vocación ha cambiado y se ha convertido en una de las entidades de tránsito donde los extranjeros que pisan suelo mexicano –en particular los centroamericanos– son objeto de más agresiones delictivas, vejaciones y malos tratos de parte de las autoridades locales, estatales y federales.

Tras las acciones de represión antimigratoria que el nuevo Gobierno Federal de México emprendió para satisfacer las exigencias de su homólogo estadounidense, el territorio de Veracruz debió acoger una de las áreas de retención donde la recién habilitada Guardia Nacional revisa a los migrantes que proceden del Triángulo Norte de Centroamérica, conformado por Guatemala, Honduras, El Salvador.

Hasta ahora, la misión encomendada a la Guardia Nacional no ha logrado disminuir sustancialmente la afluencia de migrantes y éstos, en uso de una de las dos rutas de mayor tránsito hacia EE. UU., continúan exponiéndose en Veracruz a una serie de riesgos patrimoniales y físicos, entre los que destacan extorsiones, secuestros, desapariciones, homicidios y abandonos en vehículos de transporte por los “coyotes”.

A diferencia de los migrantes que quieren acelerar su viaje al “sueño americano” sobre los lomos de La Bestia, el ferrocarril de carga que rueda sobre Chiapas hasta el Istmo de Tehuantepec, y que en obra de este objetivo se exponen a caer y perder la vida o alguna de sus extremidades, en la ruta costera del Golfo de México hallan más riesgos, porque Veracruz es un “verdadero viacrucis”.

Pero a partir de este año, los migrantes que deciden cursar sobre esta vía han tenido que aprender a cuidarse de varios nuevos peligros que los acechan en su tránsito hacia EE. UU.: las razzias en carreteras a manos de las policías municipales, estatales y federales; los funcionarios del Instituto Nacional de Migración y las deportaciones individuales, familiares y masivas a sus países de origen.

De este tipo de experiencias está bien provisto Edwin Josué Moscoso, quien actualmente, al igual que muchos otros migrantes, tiene varios meses esperando en Xalapa encontrar la forma de emprender su tercer intento por llegar a territorio estadounidense y evitar que las autoridades migratorias lo deporten por tercera ocasión.

Edwin es oriundo de una comunidad cercana a La Virtud, Honduras. En sus dos primeras tentativas viajó solo, pero ahora lo hace con la compañía de su esposa y una hija de tres años. Los tres venden cruces de palma en los cruceros de las calles de la capital veracruzana de palma para sustentarse. Su meta inmediata es llegar a la  Ciudad de México, donde creen que pueden encontrar trabajo.

“A mí ya me detuvo la migra en Chiapas y en Coatzacoalcos. He venido en tren y caminando, sobreviviendo de la ayuda de la gente. Aquí rentamos un cuartito en una colonia que se parece mucho a las de Honduras, viviremos aquí en lo que juntamos para poder llegar a la Ciudad de México”, dice el joven, quien tiene 27 años.

La eficacia anti-migratoria del gobierno mexicano 

El caso de Edwin, con sus dos deportaciones de territorio nacional, evidencia el alto grado de eficacia persecutoria y “deportadora” con que el Gobierno Federal actúa hoy contra los migrantes extranjeros a fin de rendir buenas cuentas al presidente estadounidense Donald Trump, quien en varias ocasiones lo ha felicitado con mucha calidez.

La estadística de los resultados avala los elogios de Trump. En junio pasado, las distintas corporaciones anti-migrantes aseguraron en Veracruz a por lo menos 700 centroamericanos, con lo que sus capturas se elevaron a más de mil 500 en lo que va del año. En otro operativo, ejecutado el 28 de junio en Ozuluama, en el norte del estado, la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), en coordinación con la Policía Federal y el INM atrapó a 140 hondureños: 36 hombres y 32 mujeres, una de ellas embarazada y 72 menores de edad, quienes fueron trasladados a la estación migratoria ubicada en Tuxpan.

Ese mismo día hubo una redada en hoteles del Puerto de Veracruz de la que salieron mal parados 250 migrantes, 170 se hallaban en un local y 80 en otro. Previamente, el día 25, en un autobús de la línea Conexión, fueron detectados cerca de Tantoyuca y sobre la carretera local 127, Canoas-El Palmito, en Tantoyuca, seis adultos y nueve menores de edad extranjeros que viajaban sin documentación.

En la comunidad Los Mangos, del municipio de Tierra Blanca, la Fuerza Civil marcó el alto a un camión del Estado de México, cuyo conductor intentó darse a la fuga al percatarse de la presencia policial. En la caja del vehículo viajaban 86 personas, entre adultos y menores; Juan Alexis “N”, fue aprehendido en calidad de conductor del grupo o “coyote”.

A mediados de junio, otros 45 migrantes que procedían de Guatemala, Honduras y El Salvador fueron rescatados en la autopista Cosoleacaque-Acayucan; estaban encerrados en un par de remolques y habían sido abandonados por sus guías, que habían prometido llevarlos a EE. UU. En la misma situación se hallaban 45 extranjeros encerrados en dos cajas, transportadas por un tractocamión que fue localizado cerca del municipio de Oluta.

Cuando fueron entrevistadas, estas personas dijeron haber sido abandonadas en ese lugar y que no contaban con la documentación que acreditara su ingreso legal. Ocho procedían de Guatemala, 33 de Honduras y cuatro de El Salvador. Diecinueve eran menores de edad. Todos fueron trasladados a la delegación de la Policía Estatal Región XI, donde se les proporcionó alimentación y atención médica; quedaron bajo el resguardo y la protección del INM de Acayucan.

En los primeros días de julio fueron detenidas dos personas por presunto tráfico de migrantes, ya que conducían a 13 hondureños, siete hombres y seis mujeres, además de cuatro menores de edad. Los hechos ocurrieron en la carretera Transístmica, a la altura de la desviación a San Juan Evangelista. Los indocumentados eran transportados en dos vehículos que circulaban con dirección a Isla. Los imputados de tráfico ilegal de personas dijeron llamarse Eleuterio “N” y José Daniel “N”.

Por otro lado, el subdelegado de control migratorio del INM, Mario Fernández Chávez, reveló que los migrantes provenientes de Centroamérica han abierto una ruta marítima sobre el litoral del Golfo de México para acceder hacia la frontera norte a fin de “evadir los puestos de control que la dependencia federal instala en carreteras”.

Fernández explicó que esta ruta se inicia en el río Coatzacoalcos, mediante el uso de lanchas de pesca que llevan a los migrantes a la región de Los Tuxtlas. En éstas abordan cualquier vehículo de transporte público o turístico para continuar su camino hacia el norte. Por ahora, el INM solo sabe que las salidas son cada tercer día y desconoce montos de pago por estos “servicios” y el número aproximado de migrantes “marítimos”.

El actual flujo de migración externa en México contrasta con la interna registrada en la última década. De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), en el censo de población de 2010 Veracruz acogió 206 mil 240 mexicanos oriundos de otros estados. Dieciséis de cada 100 provenían de la Ciudad de México, 14 de Tamaulipas, 11 del Estado de México, 10 de Puebla y siete de Chihuahua.

Entonces 95 de cada 100 migrantes veracruzanos se iban EE. UU., cifra superior al promedio nacional, que era de apenas 89. También en esta variable han cambiado los usos y costumbres de la migración laboral.

Los “recortes” atentan también contra la migración

Los recortes que la Cámara de Diputados aplicó en el Presupuesto de Egresos de la Federación de este año (PEF-2019) a programas como el Tres por uno –que brinda apoyos a instituciones oficiales de los tres órdenes de gobierno (federal, estatal y municipal) y a organizaciones civiles que ayudan a los migrantes– agravaron sensiblemente la situación de éstos.

Lo mismo ocurrió con la atención, protección, servicios y asistencia de los consulados de México en el extranjero, pues su presupuesto se redujo de 836.4 a 564 millones de pesos y el Fondo de Apoyo para Migrantes (FAM) quedó en ceros a partir de 2019. Por esta razón, ahora no hay recursos para apoyar a los migrantes mexicanos cuando tienen que retornar a sus lugares de origen.

En su informe de 2018, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) reveló que las principales autoridades relacionadas con presuntas violaciones de derechos humanos contra migrantes fueron la SSP del Estado de Veracruz y el ayuntamiento de Orizaba, en cuyas acciones se evidencia un marcado ánimo de persecución contra los extranjeros.

Sin embargo, cuando se dio a conocer la llamada Estrategia de Seguridad y Migración de la Zona Sur-Sureste del Gobierno Federal, el local de Veracruz planteó a la Secretaría de Relaciones Exteriores regular el paso de migrantes para estar en posibilidades de ofrecer los servicios humanitarios que merecen y evitar que haya más desgracias con los traslados ilegales.

Pero esta buena intención se topó con los límites presupuestales y con la necesidad de atender otros temas prioritarios para los veracruzanos. Por ello, ahora en la entidad solo se brinda a migrantes apoyo en materia de salud. A través de sus Jurisdicciones Sanitarias VIII y X, en el Puerto de Veracruz y San Andrés Tuxtla, la Secretaría de Salud (SS) capacitó a su personal y al del INM en alimentación y protocolos de atención, sensibilización y trato a migrantes.

En la Jurisdicción Sanitaria X, por ejemplo, se capacitó al personal encargado de preparar alimentos en la Estación Migratoria de Acayucan, con base en el aprendizaje de cinco acciones destinadas a evitar infecciones e intoxicaciones: mantener la limpieza, separar los productos crudos de cocidos, cocinarlos completamente, mantener alimentos a temperaturas seguras y usar agua y materias primas seguras. Fueron instruidas 80 personas en saneamiento básico y 20 en manejo higiénico.

En el Puerto de Veracruz, el personal de Atención Médica, Epidemiología, Protección contra Riesgos Sanitarios, Control de Vectores, Trabajo Social, Salud Reproductiva y Enfermería de la Jurisdicción Sanitaria asistió a un curso especializado en el trato sensibilizado a migrantes nacionales y extranjeros. Se les recomendó notificar a la dependencia estatal casos susceptibles de vigilancia epidemiológica.

Por su parte, el DIF estatal instaló a finales de junio un albergue temporal en el Auditorio Benito Juárez, donde se ha resguardado a centroamericanos de distintos operativos. En coordinación con los tres niveles de gobierno, se les brinda apoyo con alimentación, aseo personal, colchonetas y cobijas. En el Poder Legislativo se ha propuesto una iniciativa para crear un Instituto de Atención a Migrantes.

El diputado Juan Manuel de Unánue Abascal, presidente de la Comisión de Población y Atención a Migrantes, explicó que el objetivo de este proyecto es cumplir con los fines establecidos en la Ley de Atención a Personas Migrantes y sus Familias, para acceder a los servicios de salud provistos por los sectores públicos y privados, e incluso a recibir de manera gratuita y sin restricción alguna, cualquier tipo de atención médica urgente, así como también a acceder a los servicios educativos provistos en la entidad por los sectores público y privado.

“En el Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2019 no se consideró una previsión económica expresa, por lo que, el 17 de enero de este año presenté un Anteproyecto de Punto de Acuerdo que señalaba la urgencia de realizar los ajustes correspondientes. Es necesario que las autoridades estatales y los ayuntamientos implementen acciones tendientes a proteger y garantizar los derechos humanos de la población migrante en su recorrido por el territorio veracruzano”, aseveró.

Además del multipremiado y reconocido trabajo que realizan Las Patronas, en Amatlán de los Reyes, ahora la Asociación de Mexicanos en Carolina del Norte (Amexcan), trabaja con los ayuntamientos veracruzanos para otorgar visas humanitarias a padres de migrantes veracruzanos cuyos hijos radican en EE. UU. Se trata de un Programa Humanitario de Reunificación Familiar que comenzó en Emiliano Zapata donde, junto con el DIF, han reunido a 18 familias.

Los migrantes: “moneda de cambio”

El vocero de la Arquidiócesis de Xalapa, José Manuel Suazo Reyes, afirmó que los migrantes centroamericanos no pueden ser tratados como moneda de cambio a su paso hacia EE. UU., por lo que exhortó a los gobiernos a aplicar una política migratoria justa con la que, por un lado, se les garantice un tránsito seguro, ordenado, regulado y responsable y, por otro, se vele por los intereses legítimos de México.

“No se puede criminalizar a los migrantes como si todos fueran personas que realizan el mal. De ahí el compromiso de la Iglesia Católica de promover y practicar la caridad con estos hermanos que hoy tocan a nuestra puerta”, dijo. Luego recordó que el pasado 10 de junio el Episcopado Mexicano, en un comunicado firmado por su presidente Rogelio Cabrera López, su secretario general Alfonso G. Miranda Guardiola y el responsable de la Dimensión Pastoral de la Movilidad Humana, José Guadalupe Torres Campos, se dio a conocer la posición de los obispos católicos con respecto al “acuerdo” que el Gobierno Federal suscribió con su homólogo de EE. UU. tras las amenazas de Donald Trump de imponer aranceles a las mercancías mexicanas si no frenaba la migración hacia su país.

Además de criticar el despliegue de seis mil efectivos de la Guardia Nacional en la frontera sur del país, porque la medida no aportará solución al fenómeno pues se desentiende de sus causas, los obispos dijeron en su texto conjunto:

“Parece más bien que, por la presión de nuestros vecinos del norte, las fronteras norteamericanas se han recorrido, convirtiendo a nuestro país en un gran muro que pretende contener la migración hacia Estados Unidos. Ahora sí, los mexicanos construiremos el muro y lo pagaremos con nuestros impuestos, con la complacencia de nuestras autoridades”.

A la par, Suazo Reyes, en análisis personalizado o propio, consideró que el combate a la pobreza y a la desigualdad en México y en Centroamérica parece haber sido sustituido por el temor ante el otro. Es por ello, puntualizó, que había dicho que los migrantes se han convertido en una “moneda de cambio” de las negociaciones entre los gobiernos de AMLO y Trump.

“Los acuerdos aplaudidos por un sector se están traduciendo ahora en un rechazo al migrante o en actitudes xenofóbicas. No se puede criminalizar a los migrantes como si todos fueran personas que realizan el mal”, insistió.

Una actitud crítica similar prevalece en la academia estatal de Veracruz. En días pasados la Universidad Veracruzana (UV) organizó un conversatorio dentro de los trabajos de la International Summer School con el nombre Rostros de la migración, en el que participaron Maguemati Wabgou, investigador de la Universidad Nacional de Colombia y Gretchen Kuhner, representante del Instituto para las Mujeres en la Migración, A. C.

Esta activista dijo que las mujeres que viajan hacia EE. UU. forman parte de uno de los grupos de mayor vulnerabilidad dentro de la migración, porque en la mayoría de los casos son las víctimas.

“Esta nueva identidad adquirida se modifica si son deportadas, ya que en sus países de origen muchas veces no obtienen un trabajo como el que tenían en Estados Unidos; y los niños de origen mexicano nacidos en EE. UU. pueden estudiar y trabajar allá si así lo desean. De ahí la importancia de que los padres de estos niños fomenten la identidad y el empoderamiento necesarios para hacer valer sus derechos, ya que de lo contrario no aprovecharán la oportunidad que les brinda su doble nacionalidad”, dijo.

Por su parte, el otro académico explicó que la migración es un fenómeno sumamente complejo que genera, entre otras cosas, la formación de guetos o comunidades cerradas a fin de conservar su cultura original.

“Las migraciones son el mejor campo de estudio y reflexión en torno a las identidades, debido a los retos que los migrantes enfrentan al llegar a una región con costumbres distintas a su lugar de origen. No existe una identidad permanente, ya que ésta es maleable y cambiante, aunque también es transversal, ya que a través de los cambios siempre permanece la humanidad de las personas”, afirmó Wabgou.

Finalmente hay que resaltar que más allá de los operativos, los migrantes siguen llegando al estado de Veracruz y que las deportaciones masivas que ha anunciado el gobierno estadounidense propiciará que el número de los que insisten en llegar a la frontera norte van a quedarse en esta entidad.