65 mil migrantes continúan en la frontera sur, estiman organizaciones sociales.
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Foto: © John Moore / Getty Images
Este martes la Corte Suprema de Estados Unidos aprobó levantar la suspensión de una Ley de Texas que le da a la policía el poder de arrestar a migrantes sospechosos de cruzar la frontera ilegalmente, por lo que un juez podría ordenar su salida del territorio estadounidense.
La legislación conocida como SB4 entró en vigor mientras expertos en derecho internacional, organizaciones defensoras de los derechos de los migrantes e incluso miembros del gobierno del presidente Joe Biden, entablan una demanda, argumentando que viola la Constitución e interfiere con el poder Federal para regular la migración.
Por su parte, Anand Balakrishnan, abogado de la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU, por sus siglas en inglés), calificó la decisión como “decepcionante”, toda vez que “amenaza la integridad de las leyes de inmigración y los principios fundamentales del debido proceso” por lo que aseguró que seguirán luchando hasta eliminarla.
Al respecto, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, advirtió que estas medidas legislativas afectarían los derechos humanos de millones de personas de origen mexicano que residen en Texas.
65 mil migrantes continúan en la frontera sur, estiman organizaciones sociales.
Rosa Icela Rodríguez expresó al embajador Ronald Johnson el rechazo del gobierno mexicano a que connacionales sean trasladados a terceros países; este año, al menos 2 mil 284 mexicanos han pasado por Guatemala antes de regresar a México.
Ante la presión migratoria, la autoridad española solicitó más personal, infraestructura y respaldo europeo.
Personas alojadas en el centro migratorio aseguran que les exigen hasta 300 dólares para obtener su liberación; el INM informó que dos migrantes fueron remitidos a las autoridades tras una protesta ocurrida el domingo.
Mayor seguridad, cambios a la ley migratoria y un presupuesto extraordinario para los centros de acogida, son sólo algunas de las medidas que promueve el gobierno español.
La administración de Donald Trump comenzará a detener y deportar a migrantes haitianos luego de que la Corte Suprema avalara el fin del Estatus de Protección Temporal, beneficio que protegía a cientos de miles de personas desde el terremoto de 2010.
El recrudecimiento del conflicto impulsó los precios internacionales del petróleo.
Michelle Bachelet, María Fernanda Espinosa, Rebeca Grynspan y Carolyn Rodrigues Birkett integran la lista de aspirantes
Haití, Jamaica y Guatemala concentraron las tasas más elevadas de inseguridad alimentaria en la región.
La medida tendría un impacto económico cercano a 28 mil millones de dólares canadienses al año.
Los equipos negociadores discutirán sobre las industrias del acero, el aluminio y la automotriz.
El embajador de China en México, Chen Daojiang, destacó las oportunidades de cooperación en materia de movilidad e infraestructura.
El sector bancario respondió con donaciones, campañas de recaudación y facilidades para transferencias internacionales.
La Corte Suprema declaró inconstitucional la orden ejecutiva con la que Trump buscaba negar la ciudadanía por nacimiento a hijos de migrantes indocumentados o con visas temporales. El fallo reafirma un derecho respaldado por más de un siglo de jurisprudencia.
La economía estadounidense perdería 95 mil empleos y 0.1 por ciento del PIB por la disolución del acuerdo.
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Escrito por Sebastián Campos Rivera
Periodista de finanzas, economía, negocios, mercados, divisas, indicadores y el sector energético. | X: @srivera1410